Organizaciones nicaragüenses anuncian acciones para “aislar a la dictadura” en el aniversario de las protestas

Las organizaciones civiles nicaragüenses han dado a conocer nuevas acciones conjuntas con motivo del octavo aniversario de las protestas masivas iniciadas en 2018, que marcaron un antes y un después en la política del país. Los distintos colectivos, ubicados tanto dentro como fuera de Nicaragua, anunciaron su determinación de “aislar a la dictadura” encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, como respuesta a la represión y la falta de libertades.

Según informó EFE, en una declaración conjunta, decenas de organizaciones expresaron el compromiso de “devolverle al pueblo el ejercicio de su soberanía, mediante la coordinación efectiva y constante de acciones consensuadas”. Entre las prioridades establecidas destaca el llamado a “redoblar esfuerzos por la liberación plena e incondicional de todos” los presos políticos y las personas bajo desaparición forzada.

Los grupos civiles detallaron que parte de su estrategia será impulsar planes de acciones conjuntas, fortaleciendo la acción cívica y la no violencia. Estas medidas serán ejecutadas tanto dentro como fuera del país, con el objetivo de debilitar y aislar al actual Gobierno. Los colectivos también subrayaron la importancia de construir una narrativa común para expresar la voluntad de cambio de los nicaragüenses, respetando la diversidad de voces y evitando cualquier forma de uniformidad ideológica.

El 18 de abril de 2018, miles de personas salieron a las calles de Nicaragua en protesta contra reformas a la seguridad social impulsadas por el Ejecutivo. La respuesta gubernamental, caracterizada por el uso de la fuerza, transformó la protesta en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, quien se mantiene en el poder desde 2007.

Las protestas dejaron un saldo de víctimas que varía según la fuente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reporta al menos 355 personas muertas, mientras que organizaciones nicaragüenses elevan la cifra a 684. Por su parte, el Gobierno reconoce que fueron “más de 300” y sostiene que lo ocurrido fue un intento de golpe de Estado. Esta versión ha sido rechazada por múltiples entidades internacionales y agrupaciones de derechos humanos.

El aniversario de las protestas se convierte así en un momento clave para la memoria colectiva y la exigencia de justicia. El Colectivo Nicaragua Nunca Más afirmó que la “dictadura fracasó porque no ha podido borrar el significado profundo de abril”, ni “arrancar la verdad del corazón de los familiares de las víctimas ni ha podido clausurar la esperanza de todo un pueblo que clama por democracia”. La organización quiso honrar a “las 355 personas asesinadas, a las personas presas políticas, a quienes han sido desaparecidas forzadamente, desterradas, desnacionalizadas, perseguidas y despojadas de su patrimonio y de su patria”, y destacó el papel de la juventud que sigue reclamando cambios.

En este contexto, Estados Unidos anunció sanciones contra el viceministro del Interior de Nicaragua, a quien acusa de participar en “graves violaciones de los derechos humanos”. Además, durante la misma semana se conocieron sanciones contra dos hijos de la pareja presidencial y cinco personas más, incluyendo al viceministro de Energía y Minas.

La decisión de las autoridades estadounidenses responde a la persistencia de denuncias sobre detenciones arbitrarias, persecución política y represión a opositores. Las organizaciones nicaragüenses consideran que estas sanciones internacionales contribuyen a ejercer presión sobre el Gobierno, con la finalidad de abrir una vía hacia la democracia y mantener la atención global sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua.

El bloque de organizaciones reiteró que su estrategia para aislar al régimen incluye mantener la presión internacional, fortalecer la coordinación entre exiliados y activistas internos, y sostener la exigencia de libertad para quienes permanecen privados de derechos y garantías.