La oficina de la ONU para los derechos humanos en Honduras advirtió al Congreso Nacional sobre los posibles efectos del proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras en comunidades rurales, campesinas, indígenas, garífunas y negras de habla inglesa, en medio del debate legislativo sobre la iniciativa.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó su preocupación por el impacto que la propuesta podría tener en derechos reconocidos por instrumentos internacionales y pidió que el proyecto sea analizado para evitar afectaciones a esos sectores de la población.
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Según la OACNUDH, la iniciativa podría tener implicaciones en el ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de comunidades campesinas y de pueblos indígenas, garífunas y negros de habla inglesa que habitan distintas regiones del país.
Conflictos por la tierra y el territorio
Uno de los puntos señalados por la OACNUDH es la posibilidad de que la legislación tenga repercusiones en disputas por tierras y territorios, una problemática presente desde hace décadas en distintas regiones de Honduras.
La oficina indicó que algunas disposiciones podrían influir en la forma en que se desarrollan y gestionan los conflictos agrarios, en especial aquellos que involucran a comunidades que reclaman derechos históricos sobre determinadas áreas territoriales.
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El organismo recordó que el acceso a la tierra es un elemento esencial para la subsistencia, la identidad cultural y el desarrollo económico de numerosas comunidades indígenas y campesinas.
Para estos sectores, la tierra no solo representa un medio de producción, sino también un componente de su historia, organización social y formas tradicionales de vida.
Riesgo para la protesta social
Otro de los aspectos incluidos en las observaciones de la OACNUDH está relacionado con la posibilidad de que la normativa contribuya a profundizar procesos de criminalización de conflictos sociales vinculados al acceso a la tierra y al territorio.
La oficina advirtió que la legislación podría generar condiciones que afecten el ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la protesta social, las huelgas, las manifestaciones y otras formas de reivindicación colectiva utilizadas por comunidades y organizaciones para expresar sus demandas.
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Según el organismo, los conflictos agrarios suelen involucrar disputas complejas entre actores sociales, económicos y estatales, por lo que cualquier marco normativo debe garantizar el equilibrio entre la protección de la inversión, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos.
También recordó que distintas organizaciones nacionales e internacionales han planteado en años recientes la necesidad de abordar los conflictos de tierra mediante mecanismos de diálogo y mediación, para evitar respuestas que aumenten la confrontación entre las partes involucradas.
Compatibilidad con estándares internacionales
La OACNUDH recordó que toda iniciativa legislativa debe ser compatible con las obligaciones internacionales asumidas por Honduras en materia de derechos humanos.
En particular, enfatizó la importancia de respetar los estándares relacionados con los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como las garantías vinculadas al acceso, uso y protección de tierras ancestrales.
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La oficina señaló que estos principios están respaldados por diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado hondureño, que establecen obligaciones específicas para proteger a grupos históricamente vulnerables frente a decisiones que puedan afectar sus territorios o formas de vida.
También indicó que los procesos legislativos deben desarrollarse con una perspectiva de inclusión y participación efectiva de los sectores potencialmente impactados por las nuevas disposiciones legales.
Pedido de diálogo en el Congreso
Entre las recomendaciones presentadas al Congreso Nacional figura la adopción de medidas orientadas a prevenir el agravamiento de los conflictos relacionados con la tierra, el territorio y los recursos naturales.
La OACNUDH instó a las autoridades a fortalecer mecanismos de diálogo que permitan construir soluciones consensuadas entre los actores involucrados, incluidas organizaciones campesinas, comunidades indígenas, representantes del sector agroindustrial, instituciones estatales y otros sectores interesados.
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