Una treintena de exjefes de Estado y de Gobierno integrantes del Grupo IDEA solicitaron el día de ayer 5 de junio la apertura de una investigación internacional por crímenes de lesa humanidad contra el Gobierno de Nicaragua tras la muerte bajo custodia estatal de Brooklyn Rivera, líder indígena y opositor.
Los exmandatarios apelaron al principio de jurisdicción universal y reclamaron la intervención de la comunidad internacional, señalando la imposibilidad de una pesquisa imparcial dentro del país, de acuerdo con lo informado por la agencia EFE.
El pronunciamiento, firmado por figuras como José María Aznar (España), Felipe Calderón (México), Álvaro Uribe (Colombia), Mauricio Macri (Argentina) y Laura Chinchilla (Costa Rica), atribuye responsabilidad directa al régimen encabezado por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Rivera, quien lideraba el partido indígena Yatama, falleció el 30 de mayo en un hospital de Managua, donde permanecía bajo custodia desde el 7 de marzo por complicaciones respiratorias, tras haber sido arrestado en septiembre de 2023.
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Según la declaración, los exmandatarios denunciaron que siete familiares y allegados de Rivera desaparecieron cuando acudieron a reclamar sus restos. Entre ellos se encuentran Westin Rivera y Alda López Bryan. El Grupo IDEA sostiene que la desaparición forzada y la negativa a entregar el cuerpo constituyen violaciones sistemáticas de derechos humanos y se encuadran dentro de la definición de crímenes de lesa humanidad establecida por el Estatuto de Roma.
Organizaciones internacionales critican trato a la familia de Rivera
El caso ha generado reacciones de organismos como Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que han pedido esclarecer la muerte de Rivera y han criticado que el gobierno de Nicaragua impidiera que fuera sepultado por su familia. Según se ha reportado en los últimos días, tanto ONG locales como entidades internacionales han calificado la negativa de las autoridades como una muestra de “poca humanidad”.
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La declaración de los exmandatarios recuerda que el Estado nicaragüense se encuentra imposibilitado de realizar una investigación independiente, al estar implicado en desapariciones forzadas. Por ello, exigen a la comunidad internacional y a las democracias de la región ejercer la jurisdicción universal para garantizar justicia y protección de los derechos fundamentales de las víctimas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, marcada por una fuerte represión estatal, detenciones arbitrarias y persecución de la disidencia política. La situación se agravó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelecto en medio de denuncias de irregularidades y represión.
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La muerte de Brooklyn Rivera se suma a la de al menos ocho opositores que han perdido la vida bajo custodia en los últimos años. La declaración difundida sobre la desaparición forzada de personas bajo el régimen Ortega-Murillo tiene carácter sistemático, como ya había determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos anteriores.
Por lo que, el Grupo IDEA advierte que los crímenes de lesa humanidad son de responsabilidad individual y no prescriben, incluso si el Estado no ha suscrito tratados internacionales sobre la materia. “No se eximen a los gobernantes imputables aun cuando sus Estados no sean parte de los tratados y acuerdos internacionales que los establecen”, señala el texto.
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El pronunciamiento ha sido respaldado en los últimos días por distintos organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, que insisten en la necesidad de una investigación internacional independiente. El caso de Rivera y sus familiares mantiene la atención internacional sobre el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua y suma presión para que se adopten medidas de protección colectiva y justicia para las víctimas.
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