
Tras el estallido social que sacudió a Nicaragua en 2018, la crisis de derechos humanos en el país centroamericano continúa sin visos de solución, según reportó la agencia EFE con base en una reciente declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) enfatizó que las violaciones sistemáticas, la represión estatal y la concentración de poder en torno al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen a la nación sumida en un contexto de impunidad y ausencia de garantías democráticas.
De acuerdo con la información recopilada por EFE, la CIDH emitió su pronunciamiento con motivo del octavo aniversario de las protestas que surgieron tras polémicas reformas a la seguridad social y que fueron respondidas con una “ola represiva” por parte del Estado. La CIDH condenó la persistencia de detenciones arbitrarias, persecución política y religiosa, y condiciones de encarcelamiento consideradas inhumanas y degradantes, hechos que, según la agencia EFE, siguen afectando a opositores, activistas y ciudadanos percibidos como críticos del régimen.
La CIDH alertó que la situación de derechos humanos en Nicaragua “continúa siendo una de las más graves de la región”, debido a la consolidación del poder en el entorno familiar Ortega-Murillo. “La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo una de las más graves de la región, en un contexto en el que se ha consolidado una concentración absoluta del poder en el entorno familiar Ortega-Murillo”, advirtió el organismo citado por EFE.
El informe de la agencia EFE detalla que, según la CIDH, persisten patrones de violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, restricciones a las libertades fundamentales y violaciones bajo custodia estatal. La entidad también denunció que sigue recibiendo reportes sobre privaciones de libertad por motivos políticos, dirigidas contra cualquier persona percibida como opositora.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, citado en la cobertura de EFE, reveló que al menos 46 personas permanecen privadas arbitrariamente de libertad en condiciones contrarias a la dignidad humana. Además, la CIDH denunció a través de EFE que las excarcelaciones anunciadas por el Estado nicaragüense este año no han significado una restitución plena de la libertad, ya que las personas liberadas afrontan nuevas formas de control estatal, vigilancia policial y paraestatal, y restricciones de movilidad que afectan su vida familiar, laboral y su proyecto de vida.
La agencia EFE también destaca que la CIDH señaló las recurrentes violaciones al debido proceso y las garantías judiciales, así como la impunidad generalizada ante las violaciones cometidas desde el inicio de la crisis. Entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2018, la CIDH documentó 355 víctimas fatales, cifra que ilustra la magnitud del conflicto y la persistencia de la represión estatal.
Ante este panorama, la CIDH reiteró, según recoge EFE, un llamado urgente al Estado de Nicaragua para cesar todas las violaciones a los derechos humanos, liberar incondicionalmente a todas las personas encarceladas por motivos políticos y restablecer la democracia. El organismo también instó a los Estados de la región y a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad para promover el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua, subrayando que la vigilancia internacional es crucial ante la falta de mecanismos internos de rendición de cuentas.
La nota de EFE concluye que, a ocho años del inicio de la crisis, Nicaragua sigue siendo escenario de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. La CIDH, en su evaluación, insiste en la urgencia de acciones concretas para garantizar la libertad, la justicia y la vigencia plena del Estado de derecho en el país centroamericano.
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