Honduras: Más de 500 quejas de desplazamiento forzado de docentes ha recibido el Conadeh

El sistema educativo en Honduras se enfrenta a una crisis estructural debido a la escalada de desplazamiento forzado de docentes, fenómeno que ha generado impactos directos en la cobertura, calidad de la enseñanza y el tejido social de las comunidades más vulnerables.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que la gravedad de la situación no solo compromete a quienes ejercen la docencia, sino que representa un obstáculo crítico para garantizar el acceso a la educación y la estabilidad social.

Según datos brindados por Elsy Reyes, coordinadora de movilidad humana del Conadeh al ente, el número de quejas registradas por desplazamiento forzado supera ya las 500 denuncias en lo que va de 2025, superando las cifras de años anteriores y consolidando una tendencia al alza desde 2016.

Reyes precisó: “Desde el 2016 hasta el 2024, se hizo un análisis de los casos y tenemos 494 casos; tomando en consideración los casos del 2025, probablemente hemos superado más de 500 quejas de docentes que están siendo víctimas o están en riesgo de desplazamiento forzado”.

Este crecimiento sostenido apunta, según el Conadeh, a una fragilidad creciente del sector educativo frente a la violencia generalizada en el país.

El fenómeno impacta de manera particular al magisterio. El análisis del Conadeh indica que los docentes son actualmente el tercer perfil más afectado por desplazamiento forzado interno en el país, solo por detrás de otros dos grupos vulnerables.

Este dato refuerza la dimensión y especificidad del fenómeno, que se ha convertido en un indicador clave del deterioro de las condiciones de seguridad en el entorno escolar.

Uno de los resultados más contundentes del informe del Conadeh señala que el 71 % de las amenazas denunciadas por los docentes tienen lugar en los propios centros educativos, espacios que deberían ser entornos seguros y que, en varias zonas del país, se han transformado en escenarios de riesgo permanente.

Reyes explicó que muchas escuelas y colegios afectados se ubican en zonas de alto riesgo, con alta incidencia de grupos criminales que generan ambientes de intimidación y presionan a los docentes para tolerar o incluso colaborar con actividades ilícitas.

El informe documenta que no solo existen amenazas, sino que los docentes han sido víctimas de delitos graves como tentativa de homicidio, asesinato, extorsión, despojo de propiedades y violencia de género. Este patrón de agresiones ha derivado en numerosos casos de deserción laboral y, en consecuencia, ha comprometido la continuidad del proceso educativo en comunidades rurales y marginadas.

El Conadeh identificó que el 68 % de las quejas corresponden a docentes mujeres, indicando una dimensión de género en la problemática. Además de la violencia general, las mujeres enfrentan riesgos adicionales como violencia sexual, lo que incrementa su nivel de vulnerabilidad y agrava el impacto social de los desplazamientos.

Desde la perspectiva geográfica, el informe reconoce que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, El Paraíso, Olancho y Choluteca concentran el mayor número de denuncias. Estas regiones se caracterizan por una elevada presencia de estructuras delictivas y altos índices de violencia, elementos que las han convertido en puntos críticos de desplazamiento.

Según el Conadeh, la salida forzada de los docentes genera vacíos en la cobertura escolar y limita las oportunidades de aprendizaje para miles de estudiantes, lo que implica un impacto profundo sobre el derecho a la educación en las comunidades más expuestas a la violencia.

El desplazamiento forzado tiene repercusiones psicológicas y emocionales de largo plazo en los docentes y sus familias, obligados a abandonar hogares y redes de apoyo, y a enfrentar incertidumbre sobre su futuro laboral y social.

El Conadeh ha insistido en la urgencia de activar medidas integrales que den cumplimiento a la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente.

De acuerdo con Reyes, la efectividad de este instrumento depende de que el Estado garantice tanto la protección inmediata de las víctimas como políticas públicas que apunten a reducir las causas estructurales de la violencia.

La coordinación entre seguridad, educación, salud y desarrollo social es esencial para abordar la complejidad del fenómeno y asegurar mecanismos de denuncia seguros y eficaces.

El Conadeh continúa con el monitoreo y acompañamiento a los docentes desplazados y a sus familias, y advierte que “la protección de los docentes es esencial no solo para garantizar sus derechos, sino también para asegurar el funcionamiento del sistema educativo y el desarrollo del país”.