Amnistía Internacional exigió este miércoles a la dictadura cubana transparencia en el proceso de liberación de los presos políticos iniciado hace poco más de un mes, y denunció que ninguna de las personas que reconoce como presas de conciencia ha salido de la cárcel en ninguno de los dos indultos anunciados desde marzo.
La organización señaló en un comunicado que los procesos “siguen marcados por la falta de transparencia y discrecionalidad, sin garantías de liberación plena ni de respeto efectivo de los derechos humanos”. La dictadura cubana no ha publicado la lista de beneficiados, lo que impide verificar de forma independiente quiénes han sido liberados.
Ana Piquer, directora para las Américas de la oenegé, reclamó “el cese definitivo del uso de la libertad como moneda de cambio político”, mientras La Habana y Washington negocian para aliviar sus tensiones bilaterales. “Es hora de sustituir los anuncios parciales, opacos, revocables y sin garantías con la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas únicamente por el ejercicio de sus derechos humanos”, añadió.
Entre los presos de conciencia que permanecen detenidos figuran el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, y el músico Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, coautor del himno opositor Patria y Vida. Otero Alcántara completó una huelga de hambre de ocho días entre el 30 de marzo y el 6 de abril en la prisión de Guanajay, tras recibir amenazas de muerte de agentes de la Seguridad del Estado. Su condena vence en julio de 2026, aunque organizaciones de derechos humanos advierten del riesgo de que el régimen intente extenderla.
El primer indulto, anunciado el 12 de marzo como gesto de “buena voluntad” hacia el Vaticano, incluyó a 51 personas. Cubalex señaló el martes que solo pudo confirmar la excarcelación de 24 prisioneros políticos de ese grupo, la mayoría manifestantes del 11 de julio de 2021. El segundo, el 2 de abril, benefició a 2.010 personas bajo la etiqueta de “gesto humanitario y soberano”. Prisoners Defenders, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Cubalex verificaron las primeras excarcelaciones y concluyeron que todos correspondían a delitos comunes. El decreto excluye a los sancionados por “delitos contra la autoridad”, categoría que el régimen emplea para encausar a opositores y manifestantes. Prisoners Defenders documentaba 1.214 presos políticos en Cuba a finales de febrero.
Al tiempo que se producían los indultos, la represión no cedió. El 13 de marzo, una manifestación en Morón, provincia de Ciego de Ávila, motivada por los cortes de electricidad, culminó con el asalto a la sede local del Partido Comunista. Cubalex documentó al menos 16 detenidos, entre ellos cuatro menores. Dos adolescentes de 16 años, Jonathan David Muir Burgos y Cristian Crespo Álvarez, permanecían presos al cierre de este informe; el primero padece una enfermedad crónica sin tratamiento. El dictador Díaz-Canel negó en una entrevista con NBC la existencia de presos políticos, afirmando que los detenidos lo están “por cometer hechos vandálicos”.
El escenario revela una pauta que se repite: liberaciones de condenados por delitos comunes presentadas como gestos humanitarios, mientras se mantiene intacta la estructura jurídica que penaliza la disidencia. Mientras La Habana negocia con Washington usando indultos como moneda, los presos políticos siguen contando los días desde sus celdas.
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