
La elevada cifra de siniestros viales registrada en El Salvador durante 2026 exhibe una carencia estructural en la educación vial y el cumplimiento efectivo de las leyes de tránsito, advirtió el consultor en seguridad vial, Benedicto Perlera, en entrevista con el programa Urbano News.
De acuerdo con el especialista, la problemática trasciende los operativos policiales y revela deficiencias profundas en la formación de conductores y en la aplicación de la normativa vigente. Perlera sostuvo que la falta de capacitación real y la obtención empírica de licencias son factores determinantes en la persistencia de la siniestralidad.
“En muchos municipios, el ochenta y cinco o noventa por ciento conductores no cuenta con licencia. Y quienes la obtienen, muchas veces no comprenden el manejo defensivo ni los fundamentos legales”, explicó Perlera, que también es el fundador y director de la escuela de formación vial EDEN.
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El análisis del consultor se apoya en datos del Observatorio Vial, que reportó 6.887 accidentes y 422 fallecidos hasta el 14 de abril de 2026, cifras que superan los registros del año anterior. “Esto no es una pandemia, es una epidemia. Hay una deuda de más de cincuenta años en educación vial y seguimos sin romper el ciclo del aprendizaje empírico”, puntualizó.

Según el experto, la respuesta estatal ha priorizado el control y la sanción sobre la prevención y la formación. “Estamos señalando consecuencias, no causas. El problema central es la ignorancia de la ley y la dificultad de acceso a la formación, especialmente fuera de San Salvador. La solución debe pasar por acercar la educación vial a zonas rurales y exigir capacitación integral antes de entregar licencias”, subrayó el consultor.
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Durante la entrevista también se conversó sobre la brecha entre la teoría legal y la práctica cotidiana. Perlera citó artículos específicos del reglamento de tránsito y criticó la falta de conocimiento y aplicación de normas elementales, desde el respeto por la señalización hasta la obligatoriedad de portar licencia y no conducir bajo efectos de alcohol o drogas. “El artículo 170 prohíbe terminantemente conducir bajo influencia de alcohol. Las sanciones existen, pero la falta de educación y seguimiento las vuelve ineficaces”, remarcó.
El consultor enfatizó que la formación debe incluir componentes teóricos, prácticos y éticos, abarcando desde primeros auxilios hasta pruebas psicológicas y exámenes visuales. “En EDEN realizamos capacitaciones completas, incluso para quienes llevan años conduciendo. La clave es transformar conductores empíricos en ‘motoristas’, según el término legal, personas que no solo guían un vehículo, sino que entienden y cumplen la ley”, detalló.
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“Cuando formamos a doscientos diecisiete conductores en La Palma, no solo entregamos licencias, sino que instruimos sobre responsabilidad civil, penal y familiar. El Estado, la policía, los hospitales y la sociedad en su conjunto se benefician si se reduce la siniestralidad”, afirmó Perlera en referencia al trabajo que impulsa desde la escuela de formación vial.

El especialista propone endurecer las sanciones económicas y administrativas. “Propuse multas de 250 dólares para faltas leves y hasta 1,500 para las graves. Además, la suspensión definitiva de la licencia para quienes conduzcan en estado de ebriedad. Si no se aplican medidas severas, el sistema seguirá premiando la irresponsabilidad”, advirtió.
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Según Perlera, el enfoque debe moverse de la reacción a la prevención. “La prevención es la mejor inversión para el país. Educar salva vidas. Si no educamos, perpetuamos la tragedia diaria en las carreteras”, concluyó el consultor, quien reiteró su disposición a colaborar con autoridades y medios para impulsar un cambio estructural en la seguridad vial.
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