La Asamblea Nacional de Panamá aprobó por insistencia el Proyecto de Ley 19, que establece la extensión de horarios en centros de salud a nivel nacional, reabriendo un debate que enfrenta la intención legislativa de ampliar la atención médica con las advertencias del Ejecutivo sobre su viabilidad real.
La decisión del pleno se produce luego de que el Órgano Ejecutivo objetara la norma en su totalidad por inconveniente, principalmente por dudas sobre su financiamiento, alcance técnico y capacidad operativa del sistema sanitario.
El proyecto busca garantizar acceso continuo a servicios de salud mediante horarios extendidos e incluso atención permanente en algunas instalaciones, una medida que, según sus promotores, responde a una demanda acumulada de la población ante limitaciones en la disponibilidad de atención fuera del horario regular.
Sin embargo, el proceso legislativo evidenció tensiones claras entre la necesidad de ampliar cobertura y las restricciones estructurales del sistema.
De acuerdo con el texto aprobado, la iniciativa plantea que en cada región de salud exista al menos una instalación con horarios extendidos y centros de segundo nivel operando de forma continua, lo que implica ajustes en personal, infraestructura, insumos y coordinación interinstitucional.
Además, establece que el Estado deberá garantizar los recursos necesarios para sostener estos servicios dentro del presupuesto público, un punto que se convirtió en uno de los principales focos de conflicto.
El presidente José Raúl Mulino señaló que la aprobación por insistencia permitiría que el proyecto se convierta en ley de la República, pero dejó abierta una interrogante clave: su implementación efectiva.
El mandatario advirtió que la falta de recursos fue uno de los motivos centrales para vetar inicialmente la norma, lo que plantea dudas sobre su ejecución en el corto plazo, incluso si entra en vigencia.
Desde el Ejecutivo, la objeción no solo se centró en el aspecto financiero, sino también en vacíos normativos y deficiencias técnicas del proyecto, como la ausencia de una definición clara de “horarios extendidos”, la falta de criterios operativos y la posible duplicidad con regulaciones existentes en materia laboral del sector salud.
Estas observaciones apuntan a riesgos de implementación que podrían traducirse en sobrecarga del sistema o conflictos administrativos.
El Ministerio de Salud (Minsa) respaldó el veto presidencial, argumentando que ya existen 119 instalaciones con horarios extendidos después de las 3:00 p.m., lo que, según la entidad, permite atender la demanda sin necesidad de una ley adicional.
A su vez, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió que una ampliación obligatoria requeriría contratación de más personal médico, enfermeras y equipos de apoyo, además de una planificación compleja que actualmente no cuenta con respaldo presupuestario suficiente.
A pesar de estas advertencias, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social consideró que el proyecto es necesario y viable desde el punto de vista social, argumentando que la limitación de horarios en la red pública genera saturación en hospitales y afecta el acceso oportuno de los pacientes.
Según este criterio, extender la atención primaria permitiría descongestionar niveles superiores del sistema y mejorar la eficiencia general.
El debate también puso en evidencia un problema estructural: la brecha entre la formulación de políticas públicas y la capacidad real de ejecución del Estado. Mientras la Asamblea impulsa una solución legislativa para ampliar la cobertura, el Ejecutivo insiste en que sin financiamiento ni planificación técnica, la medida podría quedar en papel o generar efectos adversos en la operación del sistema de salud.
En este contexto, el futuro de la ley dependerá de su reglamentación y de la disponibilidad de recursos. Aunque la aprobación por insistencia marca un avance político, la implementación práctica sigue condicionada a factores fiscales, administrativos y operativos que aún no están resueltos. La discusión, lejos de cerrarse, abre un nuevo capítulo sobre cómo garantizar acceso efectivo a la salud sin comprometer la sostenibilidad del sistema público.
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