
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) reclamó este jueves a la Unión Europea que eleve los límites de peso de los camiones eléctricos y que destine parte de la recaudación del futuro mercado europeo de carbono a acelerar la transición del transporte de mercancías hacia flotas sin emisiones.
El pedido llega en un contexto de baja adopción: los vehículos de cero emisiones representaron apenas el 2,5% de las matriculaciones de camiones de más de 16 toneladas en los primeros nueve meses de 2026, pese a que el mercado europeo ya ofrece más de 60 modelos disponibles.
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“Los vehículos están preparados, pero los clientes necesitan argumentos económicos sólidos para utilizarlos”, señaló en un comunicado Karin Rådström, presidenta del Consejo de Vehículos Comerciales de ACEA, quien remarcó que para los transportistas “cada kilómetro, cada tonelada de carga útil y cada euro de costes operativos cuentan”.
La batería, un lastre para la carga útil
El reclamo central apunta a la directiva de pesos y dimensiones, que negocian el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, integrado por los Estados miembros. Para la entidad, el compromiso que se perfila en esa discusión “queda muy por debajo de lo necesario” para destrabar la electrificación del transporte pesado.
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El problema es concreto. Las baterías suman un peso considerable al vehículo y, con los topes vigentes, ese lastre se descuenta de la mercadería que el camión puede llevar. En la práctica, una unidad eléctrica transporta menos carga útil que un diésel equivalente, lo que eleva el costo por tonelada movilizada.
Por eso, ACEA solicita aumentar el peso máximo autorizado de los camiones eléctricos, incluidos los tractores de dos ejes y los conjuntos de cinco ejes, configuraciones de uso extendido en la distribución de larga distancia. Según la asociación, así podrían competir en igualdad de condiciones con los diésel, sin resignar capacidad ni sumar restricciones operativas.
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El calendario también juega en contra. Las negociaciones en trílogo entre las instituciones comunitarias, previstas originalmente para el 10 de noviembre, se postergaron al menos hasta fin de mes, según medios especializados del sector, lo que mantiene en suspenso las reglas que definirán la capacidad de carga de las nuevas flotas.

La propuesta, sin embargo, no genera consenso. Elevar el tonelaje despierta reservas por el mayor desgaste de rutas y puentes y los consiguientes costos de mantenimiento de la infraestructura vial, además del riesgo de restarle competitividad al transporte ferroviario de cargas, que disputa con el camión buena parte de los flujos de larga distancia.
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El mercado de carbono como fuente de financiamiento
El segundo eje del reclamo es económico. ACEA pidió sostener para 2028 la puesta en marcha del ETS2, el nuevo mercado europeo que pondrá precio a las emisiones de los combustibles fósiles del transporte por carretera, y reinvertir su recaudación en facilitar el recambio hacia vehículos de cero emisiones.
En términos operativos, el sistema encarecerá el uso de gasoil para las flotas, ya que el costo de las emisiones previsiblemente se trasladará al precio del combustible. Esa señal, sumada a fondos para la compra de unidades y la infraestructura de recarga, apunta a reducir la brecha de costo total de operación entre ambas tecnologías.
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La industria ya había advertido en septiembre que el inicio del ETS2 se había postergado hasta 2028 y que los peajes basados en emisiones de CO2 solo funcionan de manera efectiva en cuatro Estados miembros, dos herramientas que considera clave para que la operación de un camión eléctrico resulte rentable frente a uno diésel.
Brechas entre países y metas en revisión
Las diferencias de adopción dentro del bloque son marcadas. En Países Bajos y Suecia, uno de cada diez camiones nuevos ya es de cero emisiones, mientras que en España, Italia y Polonia la proporción es inferior a uno de cada 300, una distancia que muestra el ritmo desigual de la electrificación en el continente.
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Estas demandas se suman a la solicitud que los grandes fabricantes europeos presentaron en septiembre para aplazar tres años el cumplimiento de las metas de reducción de CO2 previstas para 2030, con el argumento de que la red de recarga es insuficiente y de que los costos operativos de los vehículos eléctricos siguen siendo elevados.
El desenlace del trílogo y el arranque del ETS2 definirán buena parte del ritmo con que la logística por carretera europea incorpore unidades eléctricas. Para los mercados latinoamericanos, que siguen de cerca esa evolución, el debate anticipa variables que también pesarán en la región: carga útil, costos operativos e infraestructura vial.
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