
La decisión de la Corte Suprema sobre las cuotas de la medicina prepaga modificó el marco que regía desde fines de 2023. El tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado la intervención estatal y, con ese pronunciamiento, las empresas deberán volver a someter sus aumentos al control de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El fallo surgió de la demanda de una afiliada cuya cuota aumentó 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. La resolución tiene efectos directos en ese expediente, aunque fija un antecedente para cientos de causas semejantes y para futuros reclamos de afiliados, usuarios y clientes.
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Qué cambia en adelante
Las prepagas ya no contarán con el esquema de libertad de precios que establecieron los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023. Al quedar invalidados en la causa, vuelve a tener vigencia el sistema de la ley 26.682, que asigna a la Superintendencia de Servicios de Salud la tarea de fiscalizar la razonabilidad de las cuotas y autorizar sus modificaciones.
La autoridad de aplicación deberá revisar los pedidos de aumento con base en la estructura de costos de cada empresa y en un cálculo actuarial razonable de los riesgos. En términos prácticos, una suba no debería depender solo de la decisión comercial de una compañía: tendrá que ser analizada y autorizada por el organismo estatal.
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La Corte, sin embargo, no fijó una fórmula para calcular las futuras cuotas. Revocó el tramo de la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que había dispuesto que los aumentos quedaran limitados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por eso, la inflación no será un tope automático para las subas.

Qué ocurre con los aumentos ya pagados
El fallo no ordena una reducción general de las facturas ni una devolución automática de los importes abonados desde que se liberaron los precios. Su efecto inmediato alcanza a la afiliada que inició la demanda contra su prepaga.
De todos modos, la sentencia puede ser invocada por otros clientes que cuestionen los incrementos aplicados en sus planes. Quienes consideren que pagaron de más podrán reclamar una revisión de su caso y, según las particularidades de cada situación, pedir la restitución de los montos que estimen improcedentes.
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Para respaldar un planteo, los usuarios deberían conservar las facturas previas y posteriores a los aumentos, los comprobantes de pago, las comunicaciones de la prepaga y las condiciones de contratación del plan. Esos documentos permiten precisar el porcentaje de suba y el período afectado.
Qué puede pasar con el proceso judicial
La Corte confirmó de manera parcial la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Validó la declaración de inconstitucionalidad de los artículos del DNU que suprimieron el control estatal, pero descartó el límite atado al IPC que había fijado el tribunal de alzada.
La Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata deberá dictar un nuevo pronunciamiento para adecuar la solución del caso a los criterios establecidos por el máximo tribunal. Ese paso podría aportar precisiones sobre los alcances de la decisión para la demandante.
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El antecedente también puede incidir en una cantidad relevante de expedientes. Según informó Por un fallo de la Corte, las prepagas ya no podrán aumentar sus cuotas sin la autorización del Gobierno, la Corte tiene cerca de 500 causas análogas pendientes. Aun así, cada litigio deberá resolverse según sus propios antecedentes, pedidos y pruebas.
Qué pueden hacer los usuarios de prepagas tras el fallo
Los usuarios que consideren desproporcionado un aumento de su cuota pueden recurrir a distintas vías para pedir una revisión, recuperar pagos que entiendan excesivos o frenar nuevas subas. El resultado dependerá de cada caso, de la documentación disponible y de las respuestas de la empresa y de los organismos competentes.
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En Infobae en Vivo, el director de Legales de la Asociación de Defensa de los derechos de los Uusarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, explicó que hay algunos pasos que se pueden seguir:
- Presentar un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud. El primer paso es realizar una denuncia, preferentemente por los canales virtuales habilitados. En la presentación pueden invocar el antecedente de la Corte, detallar los aumentos aplicados y adjuntar las facturas, los comprobantes de pago, las comunicaciones de la prepaga y las condiciones de contratación del plan.
- Pedir la revisión del aumento y una refacturación. El afiliado puede solicitar que se examine el incremento y que la empresa recalcule la cuota si la suba no estuvo debidamente justificada o autorizada bajo el mecanismo que termine de aplicarse.
- Reclamar la devolución de importes cobrados de más. Quienes consideren que pagaron una cuota excesiva pueden pedir la restitución de esos montos. El reintegro no está garantizado y dependerá de las circunstancias, las pruebas y la resolución de cada reclamo.
- Acudir a la Justicia si la prepaga rechaza el pedido o no responde. Si la instancia administrativa no resuelve el conflicto, el usuario podrá cuestionar judicialmente la validez del aumento. Según su situación, también puede solicitar una medida urgente para evitar nuevas subas mientras se discute el fondo del caso.
- Revisar otros cargos que encarecen el servicio. Los clientes pueden analizar aumentos vinculados con la edad, copagos o restricciones de cobertura. Esas cuestiones también pueden ser objeto de reclamos administrativos o judiciales, de acuerdo con las condiciones del contrato y las particularidades de cada situación.

Qué sigue sin definirse
Todavía no se conocen los procedimientos que aplicará la Superintendencia para recibir y evaluar las solicitudes de aumento. Tampoco se informó desde qué fecha comenzará a exigirse la autorización previa, qué indicadores utilizará el organismo para estudiar los costos ni cómo resolverá los reclamos por incrementos ya aplicados.
También permanece abierta la discusión sobre la retroactividad. La Corte no dispuso una revisión masiva de las cuotas cobradas desde diciembre de 2023, por lo que cualquier devolución dependerá de los reclamos administrativos o judiciales que presente cada afiliado.
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El alcance general del precedente se irá definiendo a partir de las próximas decisiones judiciales y de las medidas que adopte la Superintendencia. Mientras tanto, el cambio concreto es que las futuras variaciones de cuota vuelven a quedar bajo control estatal, sin un límite automático ligado al IPC.
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