La logística y las cadenas de suministro en el Mercosur podrían atravesar un nuevo proceso de reconfiguración. El Consejo del Mercado Común (CMC), órgano decisorio del bloque, aprobó una resolución que amplía las listas nacionales de excepciones al Arancel Externo Común (AEC), permitiendo a cada país ajustar temporalmente los aranceles de ciertos productos importados. Esta medida, que introduce un grado adicional de flexibilidad comercial, tendrá implicancias inmediatas en la planificación operativa y logística de las empresas que integran las cadenas regionales.
El AEC es el mecanismo que estructura la unión aduanera del Mercosur y establece un esquema común de aranceles para productos provenientes de fuera del bloque. Sin embargo, desde 2010 cada país puede mantener una Lista Nacional de Excepciones (LNE) con un número limitado de productos, cuyas alícuotas pueden diferir del esquema común. La nueva resolución, anunciada esta semana por el canciller argentino Gerardo Werthein, habilita además la creación de una LNE “temporaria”, con hasta 50 nuevos códigos arancelarios por país, exclusivamente para reducir alícuotas.
Para el sector logístico, la medida genera nuevas oportunidades y desafíos. Las compañías que operan cadenas de abastecimiento regionales deberán evaluar cómo estos cambios afectan el costo total de importación, las decisiones de abastecimiento y los flujos físicos de bienes.
Reconfiguración de rutas y abastecimiento
La posibilidad de incluir nuevos productos con aranceles más bajos podría alterar la matriz de proveedores internacionales de industrias clave, en particular aquellas que dependen de insumos importados para su producción local. Si un insumo ahora se puede importar a menor costo, esto puede modificar el país de origen, la frecuencia de ingreso y hasta la modalidad de transporte utilizada (marítimo, terrestre o aéreo), generando una cascada de efectos logísticos.
“Cada cambio arancelario es una señal que puede alterar la forma en que una empresa diseña su estrategia logística. No se trata solo de costos aduaneros, sino de impacto en inventarios, lead times y planificación operativa”, señalan desde el sector.
Además, los operadores logísticos deberán prepararse para un aumento en la complejidad regulatoria: cada país tendrá su propia LNE temporaria, con diferente vigencia (hasta 2028 en el caso de Argentina y Brasil, hasta 2029 para Uruguay, y 2030 para Paraguay). Esto implicará un seguimiento detallado de las regulaciones vigentes en cada mercado, especialmente para quienes prestan servicios regionales.
Impacto en el comercio intrabloque y extrabloque
Si bien la medida se enfoca en importaciones extrabloque, también podría tener efectos indirectos sobre el comercio intrabloque. Una mayor disponibilidad de productos importados con aranceles reducidos podría modificar la competitividad de ciertos bienes producidos dentro del Mercosur, forzando a algunos sectores a revisar sus estrategias de distribución y logística regional.
A su vez, la medida podría ser utilizada como herramienta para facilitar acuerdos bilaterales con otros países, como Estados Unidos, lo que reforzaría la necesidad de adaptar las cadenas de suministro a nuevos esquemas de preferencia arancelaria.
Más flexibilidad, más agilidad
Desde el punto de vista logístico, esta nueva etapa del Mercosur plantea una consigna clara: la flexibilidad regulatoria debe estar acompañada por una mayor agilidad operativa. Las empresas deberán actualizar constantemente su planificación de abastecimiento y transporte, con especial atención a los productos alcanzados por las excepciones arancelarias.
El sector logístico se convierte, una vez más, en un actor clave para capitalizar los beneficios de esta medida. Su capacidad para anticipar cambios, adaptar rutas, ajustar costos y cumplir con los marcos normativos será determinante en un contexto regional que exige cada vez más coordinación y eficiencia.
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