El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, calificó como “mínima y deficiente” la cooperación en seguridad por parte de los puertos nacionales. La crítica surge en un contexto en el que el gobierno panameño busca mejorar los estándares de seguridad en el país, una de las principales preocupaciones para la economía nacional y la estabilidad del comercio internacional.
Mulino, a través de sus redes sociales, puntualizó que los puertos concesionados deben cumplir con sus obligaciones y mejorar significativamente en términos de control y cooperación con las autoridades.
Con esta declaración, el presidente convocó a una reunión para la próxima semana con los responsables de los puertos y representantes de varias entidades de seguridad, como Aduanas y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). En el encuentro también participarán miembros dela Zona Libre de Colón (ZLC). “La cooperación en seguridad es mínima y deficiente. Esto se tiene que corregir. Los puertos son del Estado y ellos son concesionarios y deben cumplir con sus obligaciones”, enfatizó Mulino. Las declaraciones, ampliamente difundidas en los medios nacionales, reflejan una preocupación creciente por la protección de las infraestructuras clave para el comercio internacional y la seguridad en Panamá.
Panamá y la operación portuaria: un debate por el control y la soberanía
Actualmente, Panamá cuenta con 25 puertos, de los cuales 20 están concesionados a empresas privadas. Entre estos, destacan las cinco terminales cercanas al Canal de Panamá, operadas por multinacionales de Estados Unidos, Singapur, Taiwán y Hong Kong. La preocupación sobre la seguridad y la transparencia en la gestión de estos puertos no es nueva. De hecho, en las últimas semanas, la situación se ha complicado por una venta que involucra a una empresa hongkonesa que funciona como uno de los mayores operadores portuarios en la región.
La empresa anunció que vendería sus dos puertos en Panamá, Balboa y Cristóbal, a un importante consorcio estadounidense. La transacción global, que abarca más de 40 puertos en una veintena de países, se espera que concluya en abril de este año.
Este movimiento llega en medio de un contexto tenso relacionado con el control del Canal de Panamá, especialmente por parte de las autoridades estadounidenses. Desde la administración de Donald Trump, se han planteado dudas sobre la influencia china en la zona, específicamente a través de la presencia de la empresa hongkonesa en la gestión de los puertos panameños.
Trump había asegurado previamente que Estados Unidos tomaría medidas para recuperar el control del canal, del cual fue responsable durante más de 80 años. La venta de estos puertos, en este escenario geopolítico, se interpreta como un posible punto de fricción entre los intereses de Estados Unidos y China.
En este contexto, el presidente Mulino también solicitó una auditoría exhaustiva sobre la gestión de la empresa hongkonesa en Panamá, un proceso que comenzó el pasado 20 de enero. A su vez, Mulino resaltó la necesidad de mejorar las condiciones del contrato de concesión de estos puertos, con el fin de “mejorar la posición de Panamá” en el futuro.
El mandatario también ha solicitado a las autoridades acelerar la revisión del acuerdo de concesión, un tema que sigue siendo crucial para el futuro de la infraestructura portuaria en Panamá.
Posibles implicaciones de la venta para el futuro de Panamá
Por otro lado, China se expresó sobre la venta, indicando que su organismo regulador revisará el acuerdo conforme a la legislación local. Pekín rechazó cualquier intento de “coerción económica” respecto a la operación, un mensaje claro en medio de las tensiones diplomáticas que se han generado entre el gigante asiático y los Estados Unidos sobre el control de los activos estratégicos en la región.
El rechazo a la interferencia externa resalta el creciente poder de China en el ámbito global, particularmente en proyectos de infraestructura, un área en la que sigue siendo una potencia clave en la región de Latinoamérica.
Mientras tanto, el gobierno panameño se encuentra en una encrucijada, ya que debe equilibrar las preocupaciones sobre la seguridad nacional, las críticas a la gestión portuaria y los intereses económicos y geopolíticos internacionales. A medida que avanza la revisión de las concesiones y la venta de los puertos, la situación se mantiene en una constante evolución, con la mirada internacional puesta en las decisiones que tomarán las autoridades panameñas.
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