
Mediante la publicación del Decreto 608/2024 en el Boletín Oficial, se reglamentó la Ley 27.743 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que introdujo una serie de disposiciones que prometen tener un impacto significativo en el comercio exterior argentino.
Este conjunto de medidas no solo busca regularizar obligaciones tributarias y aduaneras, sino también proporcionar un marco de estabilidad y transparencia para las empresas involucradas en operaciones internacionales.
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Regularización de obligaciones aduaneras: el impacto que puede tener en el comercio exterior
Una de las disposiciones más significativas del decreto es la regularización de obligaciones aduaneras vencidas al 31 de marzo de 2024. Este aspecto es crucial para las empresas importadoras y exportadoras, ya que les permite ponerse al día con sus obligaciones sin enfrentar sanciones penales, lo que puede mejorar significativamente la eficiencia operativa y reducir los costos asociados con el comercio exterior.
La regularización incluye la posibilidad de acogerse a planes de facilidades de pago. Estos planes están sujetos a una tasa de financiación calculada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), basada en la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales. La tasa deberá actualizarse trimestralmente hasta el 31 de diciembre de 2025 y, posteriormente, de manera semestral.
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La medida también permite la extinción de la acción penal para todos los partícipes involucrados en obligaciones aduaneras vencidas, siempre que no exista una sentencia firme a la fecha de cancelación. Esto significa que las empresas y personas físicas que regularicen sus deudas aduaneras pueden evitar procesos penales relacionados con delitos fiscales comunes vinculados a estas obligaciones.
Por otra parte, el decreto contempla beneficios adicionales para los contribuyentes cumplidores, incluyendo la posibilidad de excluir ciertos bienes de la base imponible y del pago del impuesto especial de regularización. Estos bienes pueden incluir dinero en efectivo en el país y en el exterior, así como dinero depositado en cuentas bancarias extranjeras. La exclusión de estos bienes puede traducirse en ahorros significativos y una mayor flexibilidad para las empresas en la gestión de sus activos y recursos.
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La regularización de obligaciones aduaneras vencidas reduce las barreras legales y administrativas, lo que puede mejorar significativamente la eficiencia operativa de las empresas involucradas en el comercio exterior. La eliminación de sanciones penales y la posibilidad de pagar deudas de manera estructurada y previsible permiten a las empresas centrarse en sus operaciones comerciales, reduciendo tiempos y costos asociados con el despacho de mercancías.

Blanqueo de activos en el exterior: características e impacto en el comercio exterior
Una de las disposiciones más importantes del Decreto 608/2024 es el Régimen de Regularización de Activos en el exterior. Esta medida permite a las empresas y personas físicas con inversiones y bienes fuera del país declarar y regularizar estos activos, brindándoles la oportunidad de ponerse al día con sus obligaciones fiscales. Este proceso incluye la declaración de dinero en efectivo, dinero depositado en cuentas bancarias extranjeras, y títulos valores en entidades financieras fuera de Argentina.
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El régimen está dividido en tres etapas, cada una con sus propios períodos de adhesión, pago adelantado, presentación de declaración jurada y pago del impuesto especial de regularización. Este esquema estructurado permite a las empresas planificar y gestionar mejor la regularización de sus activos en el exterior.

Al cumplir con estas etapas, las empresas pueden excluir ciertos bienes de la base imponible y del pago del impuesto especial, siempre que se adhieran a las reglas establecidas. Esto no solo reduce la carga fiscal, sino que también ofrece un alivio financiero significativo, permitiendo a las empresas reinvertir en sus operaciones y expansión internacional.
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Además, el decreto establece reglas específicas para la exclusión de ciertos activos de la base imponible, como el dinero en efectivo y los depósitos en cuentas bancarias extranjeras, siempre y cuando se cumplan con las condiciones de regularización y se mantengan en cuentas especiales hasta la fecha límite establecida.
Estas disposiciones fomentan una mayor transparencia y seguridad en las transacciones financieras internacionales, facilitando el acceso a financiamiento global y mejorando las relaciones comerciales.
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