Seguridad Pública: Claudia Sheinbaum plantea combatir extorsión en propuesta de ley enviada al Congreso

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, incluye una propuesta clave para la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil.

Este sistema, que será accesible para los organismos de Seguridad Pública, tiene como objetivo principal fortalecer las investigaciones relacionadas con delitos como el secuestro y la extorsión, considerados entre los más dañinos para la sociedad. Según la exposición de motivos de la iniciativa, el diseño de este registro buscará garantizar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la privacidad.

La propuesta, detallada en el artículo 12 de la iniciativa, establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Secretariado Ejecutivo, trabajará en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para implementar una plataforma digital que permita registrar a los usuarios de telefonía móvil. Este mecanismo será utilizado para obtener datos de prueba que puedan ser útiles en investigaciones criminales, según lo estipulado en el documento.

El proyecto de ley también contempla la participación activa de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Las empresas operadoras estarán obligadas a registrar a los titulares y usuarios de las líneas telefónicas móviles que operen en sus redes. Además, deberán inhabilitar aquellas líneas que no estén asociadas a una persona identificable, con la excepción de los servicios de seguridad y emergencia.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la encargada de desarrollar y administrar la plataforma digital que gestionará este registro. En este sentido, se establece que las líneas telefónicas solo podrán ser activadas una vez que hayan sido registradas en el sistema, salvo en los casos mencionados de servicios de emergencia.

Asimismo, las instituciones de Seguridad Pública tendrán acceso a esta base de datos para realizar consultas necesarias en el marco de sus investigaciones, siguiendo los lineamientos que emita el Secretariado Ejecutivo.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no solo busca implementar el registro de usuarios de telefonía móvil, sino que también propone una reestructuración integral del sistema de seguridad pública en México. Según lo informado, el gobierno pretende fortalecer el modelo de policía guiada por inteligencia, un enfoque preventivo que prioriza la investigación territorial de los delitos.

Este modelo se apoyará en una plataforma tecnológica que permitirá la interconexión de diversas dependencias y niveles de gobierno. El sistema integrará información proveniente de instituciones del Estado, órganos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ciertos entes privados que cuenten con bases de datos y sistemas de inteligencia.

La finalidad es generar productos de análisis que contribuyan a las investigaciones y a la prevención del delito. Entre las entidades que participarán en esta interconexión se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y las fiscalías y procuradurías estatales, entre otras.

Además de las instituciones mencionadas, el sistema permitirá la incorporación de otras dependencias mediante convenios específicos. Entre estas se incluyen la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre otras.

También se contempla la participación de registros públicos y catastros, lo que ampliará el alcance de la información disponible para las investigaciones. Esta interconexión busca optimizar el uso de los recursos federales destinados a la seguridad pública, así como fomentar la transparencia y la profesionalización de las instituciones involucradas.

Según la propuesta, la estandarización y certificación de los procesos serán elementos clave para garantizar la eficacia del sistema.

La iniciativa de ley forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, presentada por Claudia Sheinbaum y coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Según lo informado, esta estrategia se basa en cuatro ejes principales: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación entre las instituciones del gabinete de seguridad y los tres órdenes de gobierno.

En la exposición de motivos, se destaca la necesidad de una reingeniería institucional para mejorar el desempeño de las instituciones de seguridad pública. Esto incluye la implementación de medidas para garantizar la eficiencia en el uso de recursos, el desarrollo profesional del personal, y la mejora de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.