
La Justicia Nacional en lo Civil rechazó una demanda por daños y perjuicios contra un consorcio de propietarios iniciada por el dueño de cinco cocheras de un edificio de la Ciudad de Buenos Aires. El reclamante sostuvo que la administración le había impedido utilizar el acceso peatonal principal y lo obligaba a entrar y salir por la rampa vehicular del garaje, una situación que, según afirmó, restringía sus derechos sobre los espacios comunes.
La sentencia, del Juzgado Nacional en lo Civil n.° 63, concluyó que el conflicto sobre el acceso había quedado resuelto antes del dictado del fallo. El juez entendió que una asamblea extraordinaria celebrada el 3 de junio de 2024 autorizó el ingreso por la puerta principal para los inquilinos de las cinco cocheras, bajo la condición de que el propietario informara sus datos para asignar las llaves electrónicas.
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El demandante había promovido la acción en mayo de 2024 y luego amplió el monto de su reclamo. Solicitó una indemnización por una supuesta restricción del dominio, reducción de ingresos por alquileres, pérdida de una posibilidad de venta, daño moral, devolución de expensas y gastos derivados de cartas documento, mediación y asesoramiento profesional.


Según su presentación, había adquirido las unidades funcionales destinadas a cocheras en 2018 y, hasta agosto de 2023, ingresaba habitualmente por la entrada peatonal del inmueble, ubicado en el barrio de Almagro. Desde allí podía acceder al subsuelo por ascensor o escalera, mientras que los vehículos salían por la rampa del garaje ubicada en otra numeración de la misma calle.
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El conflicto se inició tras el recambio del sistema de cerraduras del edificio, que pasó a funcionar con llaves electrónicas. El dueño de las cocheras denunció que no recibió copias para la puerta principal y que esa decisión lo dejó, junto con sus familiares e inquilinos, limitado al acceso por el sector de estacionamiento.
En su demanda, sostuvo que la rampa vehicular no reunía condiciones para convertirse en el único acceso peatonal. Alegó que tenía una pendiente elevada, carecía de pasamanos y de un recorrido independiente para peatones, y que presentaba riesgos ante la circulación de autos. También planteó que la restricción podía afectar a personas con movilidad reducida.
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El consorcio demandado respondió que las cocheras contaban con una entrada propia y una puerta peatonal vinculada al garaje. Además, afirmó que el cambio de cerraduras obedeció a razones de seguridad, porque el sistema anterior podía ser copiado sin control y no permitía identificar a las personas autorizadas para ingresar al edificio.
La administración explicó que las nuevas llaves permitían asociar cada acceso a una unidad funcional y a una persona determinada. Bajo ese esquema, el consorcio solicitaba a los propietarios que informaran nombre, apellido y documento de quienes utilizarían el ingreso, una medida que, según sostuvo, buscaba evitar el uso de llaves por parte de personas ajenas al edificio.
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El juez valoró que, tras los reclamos del propietario, el tema fue tratado en una asamblea de diciembre de 2023. En esa reunión, los copropietarios acordaron pedir un informe técnico sobre las alternativas constructivas y analizar la cuestión en un nuevo encuentro, que finalmente se realizó en junio de 2024.


La resolución destacó que esa segunda asamblea habilitó expresamente el ingreso por la entrada principal a los inquilinos de las cocheras del demandante. La única exigencia consistía en informar la identidad de los usuarios y el período de vigencia de los alquileres, para vincular las llaves electrónicas con las personas que las portarían.
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De acuerdo con el fallo, el demandante pidió luego que las llaves quedaran registradas a su nombre, pero no proporcionó la información requerida sobre sus inquilinos. El magistrado consideró que esa negativa frustró la implementación concreta de la solución aprobada por los copropietarios y que el requisito de identificación era razonable por motivos de seguridad.
Por ese motivo, el tribunal entendió que ya no existía una controversia actual sobre el acceso al edificio. La sentencia señaló que el reclamante había aceptado inicialmente el mecanismo definido por la asamblea y luego cuestionó las condiciones necesarias para aplicarlo, una conducta que el juez consideró incompatible con sus actuaciones previas.
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El fallo también descartó que se hubiera probado un perjuicio económico. La documentación incorporada al expediente indicó que las cinco cocheras continuaron alquiladas durante el período discutido y que una de ellas también era utilizada por la familia del propietario cuando no estaba locada. Para el juez, no hubo elementos que acreditaran una baja concreta de alquileres ni operaciones de venta frustradas.
La sentencia rechazó además el pedido de reintegro de expensas. El juez remarcó que el reglamento de copropiedad establecía el pago de esos gastos según la proporción asignada a cada unidad y no contemplaba diferencias por el mayor o menor uso de los bienes comunes. Los gastos de cartas documento, mediación y preparación del juicio tampoco fueron considerados un daño autónomo, ya que integran las costas del proceso.
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Por último, el magistrado desestimó el reclamo por daño moral. Consideró que las molestias, el malestar y la incomodidad alegados no alcanzaban para demostrar una afectación espiritual indemnizable. La demanda fue rechazada en su totalidad y las costas quedaron a cargo del demandante, quien deberá afrontar los gastos del juicio y los honorarios regulados para los profesionales y el perito que intervino.
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