
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) resolvió que la indemnización reconocida a una ex empleada del Banco Hipotecario deberá actualizarse conforme a las reglas establecidas por la Ley de Modernización Laboral, vigente desde marzo pasado. Por mayoría, hizo lugar a un recurso presentado por la entidad financiera y revocó una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en lo referido al mecanismo utilizado para calcular los intereses y compensar la pérdida de valor del dinero.
La decisión fue adoptada con los votos de Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg, mientras que Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz se pronunciaron en disidencia. La resolución, en rigor, no dejó sin efecto la condena por despido, sino que modificó la fórmula aplicable a las sumas que deben abonar las empresas demandadas.
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El expediente se originó en la demanda presentada por María Laura Souto, quien afirmó haber comenzado a trabajar para el banco el 28 de marzo de 2005 mediante la intermediación de una empresa contratista. Sin embargo, sostuvo que su verdadera empleadora recién registró la relación laboral el 20 de noviembre de 2006. Tras reclamar sin éxito el reconocimiento de su antigüedad, en marzo de 2017 se consideró despedida.
La Justicia laboral hizo lugar a su presentación y condenó solidariamente al Banco Hipotecario y a Aegis Argentina S.A., continuadora de Actionline de Argentina, al pago de indemnizaciones y conceptos salariales. Posteriormente, la Sala IX de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó lo sustancial de esa decisión y dispuso que los créditos fueran actualizados mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, más un interés anual del 3%.
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El banco cuestionó ese procedimiento porque, a su entender, producía un resultado desproporcionado y contrariaba la legislación que prohíbe la indexación. Para respaldar su postura invocó los precedentes “Oliva” y “Lacuadra” de la Corte Suprema. Luego de que la Cámara rechazara su recurso de inconstitucionalidad, acudió en queja al TSJ.
De ese modo, la controversia que llegó al máximo tribunal porteño se concentró en cómo actualizar una indemnización cuyo pago había sido reconocido judicialmente, pero que permanecía pendiente mientras avanzaban las distintas instancias del proceso.
La reforma laboral y el nuevo cálculo de las indemnizaciones
Durante la tramitación del expediente, el 6 de marzo de este año entró en vigencia la Ley 27.802 de Modernización Laboral, impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso a fines de febrero. La reforma introdujo modificaciones en distintos aspectos de las relaciones de trabajo, entre ellos la registración laboral, la organización de las jornadas, el régimen indemnizatorio y la negociación colectiva. También contempló mecanismos para financiar indemnizaciones mediante fondos de asistencia laboral y estableció nuevas reglas para actualizar los créditos reclamados judicialmente. Este último aspecto adquirió relevancia para resolver la demanda contra el banco.
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En particular, el artículo 55 dispuso un esquema transitorio para los juicios laborales que todavía no tenían sentencia definitiva cuando comenzó a regir la ley, incluidos aquellos con recursos pendientes de resolución.
Para esos expedientes, la disposición establece que los créditos deben calcularse utilizando la tasa pasiva determinada por el Banco Central, aunque con límites destinados a mantener el resultado dentro de determinados valores.

Así, el monto actualizado no puede superar el que surgiría de aplicar la inflación medida por el IPC más un interés del 3% anual. Tampoco puede ser inferior al 67% de esa misma referencia. La norma fija, por lo tanto, un rango dentro del cual debe ubicarse la suma resultante.
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Frente a ese cambio legislativo, la demandante cuestionó la constitucionalidad del sistema. Argumentó que su aplicación a expedientes iniciados antes de la reforma reducía injustificadamente el valor de los créditos laborales y afectaba los derechos de propiedad, igualdad y protección del trabajo.
La mayoría del TSJ de la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, rechazó la impugnación. Los jueces De Langhe y Otamendi consideraron que el Congreso podía establecer mecanismos diferentes para situaciones jurídicas distintas, siempre que esa diferenciación no resultara arbitraria ni discriminatoria.
Al desarrollar ese criterio, señalaron: “La mera previsión legal de dos criterios de actualización diversos aplicables a contextos fácticos y jurídicos diferentes no entraña una afectación al principio de igualdad, en tanto no se acredite fundadamente que, en un caso concreto, esta distinción arroja un resultado discriminatorio”.
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A su vez, consideraron que el límite mínimo del 67% resultaba compatible con la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre protección del patrimonio, particularmente con el precedente “Vizzoti”, referido a los límites constitucionales de determinadas restricciones económicas sobre las indemnizaciones laborales.
Por su parte, la jueza Weinberg coincidió con la solución mayoritaria y destacó que la demandante no había demostrado suficientemente que la aplicación de la nueva fórmula ocasionara, en su caso concreto, una afectación a la normativa constitucional.
En ese sentido, afirmó que “la afirmación de que el porcentaje legal ocasiona una disminución patrimonial significativa no basta para justificar una declaración de inconstitucionalidad”.
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Para resolver la controversia, por lo demás, los magistrados también tuvieron en consideración el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema en “Cabana Opanasiuk”, del pasado 5 de noviembre, que recordó la necesidad de contemplar los cambios legislativos producidos durante la tramitación de un expediente.

Los argumentos de la disidencia
Aunque Lozano y Ruiz coincidieron en que correspondía revisar la sentencia laboral, se apartaron de sus colegas respecto de la validez constitucional del artículo 55.
En su voto, advirtieron que la utilización de la tasa pasiva podía generar una actualización insuficiente frente a la inflación acumulada durante los años transcurridos desde el despido.
Para fundamentar esa posición, compararon distintos indicadores entre marzo de 2017 y agosto de 2026. Advirtieron que, mientras el IPC había aumentado un 11.980,96%, la tasa pasiva del Banco Central arrojaba un interés del 5.930,88%.
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A partir de esa diferencia, postularon que el nuevo régimen introducía un tratamiento perjudicial para los trabajadores que habían iniciado sus reclamos antes de la reforma, frente a otros acreedores que podían acceder a mecanismos de actualización más favorables.
Sobre ese punto, los magistrados afirmaron que “Se trata de una distinción que no puede ser conciliada con la igualdad entendida como derecho fundamental”.
En consecuencia, propusieron declarar inconstitucional el artículo 55 y utilizar, en su reemplazo, la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del Banco Central, que consideraron más adecuada para compensar los perjuicios ocasionados por la demora en el pago.
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Así las cosas, por tres votos contra dos, el Máximo Tribunal porteño rechazó el planteo de inconstitucionalidad de Souto, revocó la sentencia de la Cámara del Trabajo respecto del cálculo de la actualización y los intereses, y ordenó aplicar el artículo 55 de la Ley 27.802. Ahora las actuaciones deberán regresar a la instancia de origen para continuar su tramitación conforme al criterio fijado por la mayoría.
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