
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el último recurso presentado por las defensas de los organizadores del tráfico de un cargamento de 11.000 pastillas de éxtasis. Con esta resolución, quedó firme la pena de ocho años de cárcel para dos hombres que coordinaron el traslado de miles de dosis de MDMA desde la frontera con Brasil hacia la provincia de Córdoba, donde las sustancias iban a ser comercializadas en fiestas electrónicas.
Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la queja presentada por las defensas de Carlos Francisco Sutter y Gustavo Albarracín. Para ello, la Corte Suprema aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite desestimar recursos sin expresar sus fundamentos. El planteo cuestionaba la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná.
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El caso comenzó durante el año 2022 en un control vehicular de rutina. Agentes de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, apostados en el puesto caminero de San Jaime de la Frontera -sobre el kilómetro 289 de la ruta nacional 127-, detuvieron la marcha de un Fiat Argo. El conductor, identificado como Víctor Capria, exhibió una credencial de autorización para circular que se encontraba vencida desde 2018.

Ante la irregularidad de la documentación, los uniformados solicitaron revisar el auto. Durante la inspección, una perra adiestrada para la detección de sustancias ilícitas marcó de forma positiva el sector del asiento trasero. Allí, los efectivos policiales hallaron ocultas un total de 10.963 pastillas de éxtasis, cuyo pesaje alcanzó los seis kilogramos.
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Al momento de ser interrogado por las autoridades, Capria confesó que inició su viaje en una localidad de la República Federativa de Brasil y que su destino final era la capital cordobesa. A su vez, el transportista aportó un dato clave: otro automóvil vinculado a la misma operación había cruzado previamente el puesto de control.
La policía emitió una alerta inmediata para interceptar el segundo vehículo. En ese procedimiento posterior, las fuerzas de seguridad arrestaron a Carlos Sutter, Gustavo Albarracín y E. V.
La investigación judicial, coordinada por el Ministerio Público Fiscal, determinó mediante el análisis de las comunicaciones telefónicas y tareas de campo que Sutter y Albarracín eran los verdaderos encargados de gestionar el negocio ilegal. Ambos mantenían vínculos estrechos con promotores la noche cordobesa, donde planeaban distribuir la droga para obtener ganancias millonarias.
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Las pericias tecnológicas realizadas sobre los dispositivos móviles secuestrados aportaron pruebas determinantes para la causa. En el teléfono de Sutter, los investigadores descubrieron un mensaje de texto enviado a uno de sus contactos habituales. En dicha comunicación, el imputado solicitó modificar el diseño físico de las pastillas para futuras entregas debido a que una joven había fallecido recientemente por sobredosis en una fiesta electrónica celebrada en la localidad de Malagueño.
El proceso judicial culminó con la imposición de diferentes responsabilidades para los integrantes de la banda. El Tribunal de Paraná condenó a Sutter y Albarracín a la pena de ocho años de prisión como coautores del delito, mientras que Capria recibió una sanción de cinco años de cárcel por su rol de transportista. Por su parte, la mujer que viajaba en el segundo vehículo resultó absuelta de los cargos.
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La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia condenatoria en una instancia previa. Ante esto, los abogados defensores Juan Eduardo Brondo y Andrés Ignacio Bacigalupo recurrieron en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con la firma de los ministros del máximo tribunal, se cerró la vía recursiva ordinaria. En su voto particular, el juez Ricardo Lorenzetti aclaró, citando jurisprudencia previa de la propia Corte, que el rechazo de este tipo de recursos de queja por la vía del artículo 280 no significa que el tribunal comparta o confirme el criterio de fondo de la sentencia recurrida, sino que la presentación no cumple con los requisitos de admisibilidad para ser tratada por la máxima instancia judicial del país.
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