Casación extendió la prisión preventiva de un expolicía acusado de extorsionar a un empresario en Tres Arroyos

Luciano Pennisi está investigado por una presunta maniobra para obtener USD 50.000 a cambio de no comprometer a un transportista en una causa por narcotráfico. Los jueces exhortaron al tribunal oral a resolver su situación procesal en seis meses

Casación intervino en la causa contra un expolicía federal acusado de exigir USD 50.000 a un empresario de Tres Arroyos para no involucrarlo en una investigación por narcotráfico
Casación intervino en la causa contra un expolicía federal acusado de exigir USD 50.000 a un empresario de Tres Arroyos para no involucrarlo en una investigación por narcotráfico
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La Cámara Federal de Casación Penal tomó nota de la prórroga por seis meses de la prisión preventiva domiciliaria de Luciano Esteban Pennisi, un expolicía federal acusado de participar en un intento de extorsión contra un empresario de Tres Arroyos, a quien presuntamente le exigieron 50.000 dólares para no involucrarlo en una investigación por narcotráfico y lavado de activos.

Se trata de un expediente que se inició en abril de 2024, cuando Pennisi y otro integrante de la fuerza, Nicolás Santillán, fueron detenidos después de un enfrentamiento con el empresario transportista Carlos Alberto Baliña en una estación de servicio de aquella localidad bonaerense.

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La resolución del máximo tribunal penal del país fue dictada este martes por la Sala I, integrada por los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, quienes también exhortaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata a resolver la situación procesal de Pennisi dentro del plazo establecido.

El origen de la presunta extorsión

El caso tuvo como antecedente una investigación de la Justicia Federal de Necochea sobre presuntas actividades de narcotráfico y lavado de activos en Tres Arroyos.

En esas actuaciones aparecía mencionado Baliña, propietario de una empresa de transporte de cargas, y también había referencias a Carlos Facundo Lemble, fiscal provincial de la localidad. La investigación, a cargo del juez federal Bernardo Bibel, examinaba, entre otras hipótesis, la posible utilización de camiones para transportar estupefacientes.

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Santillán, oficial subinspector, y Pennisi, cabo primero, cumplían funciones en el área de Narcotráfico de la Policía Federal con asiento en Mar del Plata. Según la acusación, habrían utilizado información relacionada con aquella investigación para exigirle dinero al empresario.

Baliña denunció que el primer contacto ocurrió el 12 de abril de 2024, alrededor de las 18, en un comercio familiar de repuestos ubicado en la intersección de las rutas nacionales 3 y 228.

Según su relato, un joven se presentó con la excusa de ofrecerle un auto. Cuando salieron del establecimiento, el desconocido le exhibió una credencial de la Policía Federal y le advirtió que estaba siendo investigado.

Dos exintegrantes de la Policía Federal fueron acusados de intentar extorsionar a un empresario de Tres Arroyos por USD 50.000. El máximo tribunal penal del país tomó nota de la prórroga de la prisión preventiva de uno de ellos
Dos exintegrantes de la Policía Federal fueron acusados de intentar extorsionar a un empresario de Tres Arroyos por USD 50.000. El máximo tribunal penal del país tomó nota de la prórroga de la prisión preventiva de uno de ellos

El empresario sostuvo que el hombre conocía sus movimientos, sus viajes a Buenos Aires, los vehículos de su empresa y detalles de su vida familiar. También le habría dicho que sus superiores lo habían enviado antes de que se realizaran allanamientos.

En ese contexto, le exigió 50.000 dólares para evitar que quedara comprometido en la causa. Baliña denunció que, ante su negativa, el interlocutor amenazó con colocar drogas en sus camiones o en su vivienda.

En declaraciones periodísticas posteriores, el transportista afirmó que la suma reclamada había bajado a 30.000 dólares y que propuso realizar pagos semanales para ganar tiempo.

Después de denunciar las amenazas, Baliña acordó un nuevo encuentro con los presuntos extorsionadores para el 27 de abril de 2024, alrededor de las 20, en una estación de servicio YPF ubicada sobre la ruta nacional 3, a la altura de la avenida Vélez Sarsfield, en Tres Arroyos.

Según informó entonces Infobae, el empresario había aceptado simular una primera entrega de 100.000 pesos.

Baliña acudió al encuentro acompañado por Gerardo Recabarren, un policía bonaerense de su confianza, integrante de la DDI de Bahía Blanca. Cuando los dos agentes federales llegaron a la estación de servicio, se produjo una discusión. Según relató el empresario, uno de ellos le propuso trasladarse hasta el sector de los baños para realizar la operación, pero Baliña se negó y sugirió dirigirse hacia su camioneta.

Durante el intercambio, el transportista advirtió que uno de los policías llevaba un arma de fuego y, según su versión, intentó impedir que la utilizara. El forcejeo terminó con los dos agentes reducidos, luego de que también intervinieran familiares del empresario que se encontraban cerca del lugar.

Posteriormente, llegó personal de la Policía Bonaerense y ambos integrantes de la Federal fueron detenidos. Durante el procedimiento se secuestraron tres teléfonos celulares, una mochila y una pistola Bersa Thunder calibre nueve milímetros, con 17 municiones.

El procesamiento de los policías y la decisión de Casación

Santillán y Pennisi, de 25 y 40 años respectivamente al momento de los hechos, negaron haber intentado extorsionar a Baliña y sostuvieron que el contacto con el empresario estaba relacionado con tareas de investigación sobre narcotráfico. El expediente quedó inicialmente bajo intervención de la Justicia provincial de Tres Arroyos, con participación del fiscal Gabriel Lopazzo, pero posteriormente pasó al fuero federal, debido a la condición de integrantes de la Policía Federal de los imputados y a la vinculación de los hechos denunciados con una investigación por narcotráfico.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 1 de Azul, a cargo de Gabriel Hernán Di Giulio, con intervención del fiscal federal de Necochea Juan Manuel Portela. En mayo de 2024, el magistrado procesó con prisión preventiva a ambos policías por los delitos de extorsión en grado de tentativa y violación de secretos, en concurso real. En esa resolución, Santillán fue considerado presunto autor de la maniobra, mientras que a Pennisi se le atribuyó participación necesaria. El juez también dispuso embargos de cinco millones de pesos sobre los bienes de cada uno.

Cámara Federal de Mar del Plata
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata también intervino en el expediente y, en abril de 2026, redujo de un año a seis meses la prórroga de la prisión preventiva de Luciano Pennisi (Foto: La Capital MDP)

La investigación incluyó medidas destinadas a esclarecer las circunstancias del encuentro con Baliña, entre ellas pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados durante el procedimiento. En paralelo, las defensas promovieron distintos planteos contra las detenciones preventivas. La discusión sobre la continuidad de esas medidas se prolongó durante 2026, cuando Pennisi ya se encontraba bajo arresto domiciliario.

El 26 de marzo de 2026, el Juzgado Federal N° 1 de Azul dispuso prorrogar su prisión preventiva por un año, a partir del 26 de abril, y mantener la modalidad domiciliaria. Sin embargo, al revisar esa decisión, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió el 30 de abril homologarla parcialmente y limitar la extensión a seis meses, en lugar del año establecido inicialmente. La medida continuó vigente mientras el expediente avanzaba hacia la instancia de juicio oral.

Posteriormente, el pasado 22 de octubre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata ordenó una nueva prórroga de seis meses de la prisión preventiva de Pennisi, contados desde su vencimiento, el 26 de octubre, y mantuvo el arresto domiciliario. Esa resolución fue comunicada a la Cámara Federal de Casación Penal en el marco del control previsto por la Ley 24.390, que regula los plazos de la prisión preventiva.

Casación tomó nota de la prórroga dispuesta por el tribunal oral y resolvió “exhortar al tribunal de mérito a resolver la situación procesal del imputado dentro del plazo dispuesto”. La prisión preventiva domiciliaria de Pennisi se extenderá así hasta el 26 de abril de 2027, salvo que una nueva decisión judicial modifique su situación antes de esa fecha.

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