
Las mujeres del pueblo indígena Guna tuvieron que reclamar ante el Congreso General Guna, máxima autoridad de ese territorio, su derecho a trabajar la tierra.
El dato surge de un informe que retrata la situación de las mujeres rurales en Panamá y que fue presentado en un panel reciente.
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De acuerdos a las estadísticas, se estima que 3,000 mujeres líderes panameñas están organizadas en unas 120 asociaciones ubicadas en las provincias de Chiriquí, Coclé, Veraguas, la región de Azuero y en la comarca Ngäbe Buglé.
Este grupo representa el 25% de la población rural del país, mientras que las mujeres afrodescendientes son el 11% y las que no se identifican con un origen étnico específico suman un 12%.
A través de los años, las mujeres rurales, sobre todo las indígenas han luchado por el reconocimiento y la protección de sus derechos colectivos como pueblos originarios.

Esto incluye la demanda de autonomía territorial, la participación en la toma de decisiones y la preservación de su cultura y tradiciones.
Son, además, portadoras de conocimientos ancestrales en áreas como la medicina tradicional, la artesanía y la agricultura sostenible.
En Panamá las mujeres ubicadas en áreas costeras crean negocios de hospedaje, restaurantes y artesanías. Otras responden a lugares donde se elaboran polleras, tembleques y productos similares, o de artesanías en las áreas dónde se trabaja la arcilla, de acuerdo con el Censo Agropecuario de 2021.
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En ese trajinar, un espacio importante lo ocupan las tierras de cultivos. La producción agrícola es mayoritaria y está presente en todas las provincias, ocupando el 54% de las actividades.
Se ocupan a la producción de frutales, la ceba de ganado, cabras y las lecherías, en un 17%, junto a la cría de animales pequeños como pollos y puercos, un 22%

La investigación parte de la premisa de que las mujeres rurales no son beneficiarias pasivas de programas sociales, sino actoras estratégicas de la sostenibilidad y la resiliencia climática.
Aun así, el informe indica que se enfrentan a barreras para acceder a la tierra, el crédito, la asistencia técnica y el financiamiento climático.
A esas dificultades se suma una carga adicional: muchas cargan con dobles, triples y hasta cuádruples jornadas de trabajo por las tareas de cuidado no remuneradas que recaen sobre ellas dentro de sus comunidades.
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El director nacional de Agroindustrias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Rodrigo Morán Velásquez, detalló que la entidad acompaña a más de 60 mico, medianas y pequeñas empresas lideradas por mujeres en todo el país.
En esas empresas se logró una mejor implementación gracias a su capacidad administrativa y gerencial, aseguró.

“Las mujeres rurales ya están empoderadas, lo que necesitan es conocimiento y apoyo adicional para que su esfuerzo sea eficaz”, afirmó Morán Velásquez.
La presentación del panel coincide este 2026 con el Año Internacional de la Mujer Agricultora. En la actividad se hizo hincapié en destacar al Movimiento Juvenil Indígena Kuna (MJK), una organización mixta, con foco en la juventud, que articula la defensa de los derechos indígenas con la soberanía alimentaria, la agroecología y el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres.
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El movimiento trabaja en la comarca indígena de Guna Yala, territorio reconocido constitucionalmente y gobernado por estructuras tradicionales propias, en articulación directa con el sistema de gobernanza indígena kuna.
Se destacó que dentro de sus constantes actividades el Movimiento Juvenil Indígena Kuna promueve prácticas agrícolas tradicionales enfocadas en yuca, plátano y caña, junto con la pesca artesanal.
En su labor, el movimiento también impulsa la recuperación de cultivos locales como base para la autonomía frente a crisis externas, con iniciativas que integran saberes sobre manejo del suelo y biodiversidad.
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