La Corte Suprema ordenó garantizar el derecho a la educación inclusiva de una adolescente con discapacidad

La Corte Suprema dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que había rechazado un amparo presentado por la madre de una adolescente con discapacidad para que se garantizara su inclusión en el sistema educativo.

El tribunal provincial había considerado que la familia debía continuar con un trámite administrativo, pero la Corte entendió que no había analizado si ese procedimiento era realmente útil para resolver el problema.

La causa se inició contra el Consejo General de Educación de Entre Ríos. Según lo señalado en el fallo, el certificado único de discapacidad de la joven registra “disminución indeterminada de la agudeza visual en ambos ojos, trastornos rótulo femorales, retraso mental leve e hipoacusia conductiva bilateral”.

Ante la respuesta inicial del planteo, la madre de la joven reclamó que se elaborara un Proyecto Pedagógico Individual (PPI) que contemplara sus necesidades y le permitiera completar su trayectoria escolar.

En primera instancia, la Justicia hizo lugar al amparo y ordenó al organismo educativo que elaborara ese proyecto en un plazo de 20 días. La decisión tuvo en cuenta que las propuestas que se le habían ofrecido a la adolescente no garantizaban una verdadera inclusión educativa.

La propuesta inicial

En mayo de 2025, las autoridades habían sugerido que la joven, que ya cursaba el secundario, pasara a una escuela de educación especial. Ante la negativa de su madre, le propusieron que asistiera solamente a cuatro materias —Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología—, durante aproximadamente una hora por día, cuatro días a la semana.

Para el juez de primera instancia, esa alternativa no era una propuesta educativa integral ni estaba diseñada de acuerdo con las necesidades particulares de la adolescente. Además, dejaba afuera materias centrales de su formación y no cumplía con los requisitos establecidos por la normativa provincial.

Sin embargo, el Superior Tribunal de Entre Ríos revocó esa decisión y rechazó el amparo. Sostuvo que la familia debía continuar con un expediente administrativo que ya estaba en trámite ante las autoridades educativas y que, a su criterio, era la vía adecuada para resolver el conflicto.

El cuestionamiento de la Corte

La Corte cuestionó ese razonamiento. En un fallo que lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal señaló que el análisis sobre si existe otra vía para reclamar no puede hacerse de manera abstracta ni limitarse a una cuestión formal: los jueces deben evaluar si esa alternativa sirve realmente para proteger el derecho que está en juego.

En este caso, advirtió que el Superior Tribunal entrerriano no había examinado en detalle si el procedimiento administrativo podía ofrecer una solución concreta. También tuvo en cuenta que las propias autoridades educativas ya habían dejado asentado que habían realizado todas las intervenciones y presentado las distintas propuestas disponibles en la localidad.

Para la Corte, eso mostraba que el trámite estaba concluido o, al menos, que difícilmente pudiera funcionar como un canal adecuado para resolver el reclamo.

Por eso, la Corte sostuvo que los jueces tenían el deber de actuar con rapidez y brindar una respuesta judicial que no quedara atrapada en formalismos, sobre todo porque estaba comprometido el derecho de una menor de edad a acceder a la educación.

En base a esto, el máximo tribunal resolvió que el Superior Tribunal entrerriano incurrió en exceso ritual manifiesto y vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva, garantizado por el artículo 43 de la Constitución Nacional.

El fallo del voto mayoritario señaló que “la admisibilidad de esta acción no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente, ya que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias”.

En su voto concurrente, Lorenzetti sostuvo que el derecho a la educación debe traducirse en medidas concretas y no quedar en una declaración normativa. Recordó que la Constitución y los tratados internacionales obligan al Estado a garantizar la igualdad real de oportunidades, especialmente para niños y personas con discapacidad.

En ese sentido, mencionó las convenciones sobre los Derechos del Niño y de las Personas con Discapacidad, que reconocen el derecho a una educación en igualdad de condiciones y al desarrollo pleno de las capacidades. Advirtió que una interpretación judicial que impida hacer efectivos esos derechos vacía de contenido las garantías y señaló que la propuesta de ofrecerle a la adolescente solo cuatro materias, sin contemplar aspectos centrales de su formación, tampoco cumplía los estándares mínimos de la normativa provincial.

Finalmente, la Corte hizo lugar a la queja, dejó sin efecto la sentencia del tribunal entrerriano y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta los criterios señalados y con la rapidez que requiere el caso.