Una enfermera irá a juicio acusada de robar vacunas contra el coronavirus para el sindicato de Camioneros

La enfermera Gabriela Vanesa Torres, acusada de robar vacunas contra el COVID-19 para inocular a sindicalistas de Camioneros, volverá a ser juzgada. Así quedó establecido este miércoles, a partir de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los planteos de su defensa.

La mujer se desempeñaba en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. De allí sustrajo, según la imputación, un lote con 30 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus entre el 29 de diciembre de 2020 y el 27 de enero de 2021, cuando apenas habían llegado las primeras vacunas al país.

En aquel momento, el país atravesaba la parte más severa de la emergencia sanitaria y los cargamentos que arribaban al territorio nacional estaban reservados de forma exclusiva para el personal de salud y los sectores de mayor riesgo ante la enfermedad.

De acuerdo con la investigación penal, las vacunas sustraídas terminaron aplicándose a 21 personas vinculadas al Sindicato de Camioneros en Chubut que no integraban los grupos prioritarios, presuntamente a cambio de una coima.

Las idas y vueltas del proceso

Durante la etapa de instrucción, la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio De Seleme, procesó a Torres por encubrimiento.

Sin embargo, al momento de realizarse el debate oral, el Ministerio Público Fiscal modificó la calificación legal y la acusó formalmente por el delito de hurto.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia absolvió a la enfermera al considerar que esa variación vulneró el principio de congruencia y afectó de manera directa su derecho de defensa en juicio. Bajo esa premisa, los magistrados de primera instancia anularon el alegato de la fiscalía y dictaron el sobreseimiento de la imputada.

Ante este escenario, la fiscalía apeló la resolución y el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. En una decisión dividida, la Sala III del máximo tribunal penal revocó la absolución de Torres. Los magistrados Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques votaron a favor de hacer lugar al reclamo de la fiscalía, mientras que Juan Carlos Gemignani se pronunció por confirmar la absolución.

La mayoría de la Cámara de Casación determinó que la plataforma fáctica de la acusación se mantuvo idéntica desde la declaración indagatoria hasta el alegato final.

Según explicaron los jueces en su fallo, la descripción de los hechos históricos imputados a Torres no sufrió alteraciones sustanciales, por lo que el cambio de encuadre jurídico de encubrimiento a hurto no representó una “sorpresa” que impidiera defenderse adecuadamente. Asimismo, señalaron que la pena requerida bajo la nueva figura resultaba incluso más beneficiosa para la enfermera.

La defensa de Gabriela Vanesa Torres, disconforme con la decisión de la Cámara de Casación, interpuso un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara el fallo. Al ser denegada esa vía, acudieron de manera directa ante el máximo tribunal mediante un recurso de queja.

Finalmente, la Corte Suprema desestimó la presentación de la imputada. Los ministros del tribunal declararon inadmisible el agravio referido a la supuesta violación de la garantía del ne bis in idem, que prohíbe el doble juzgamiento de una persona por el mismo hecho. Con respecto al cuestionamiento sobre la alteración del principio de congruencia, los jueces determinaron que la resolución apelada no constituía una sentencia definitiva ni una equiparable a tal, requisito indispensable para habilitar la intervención de la máxima instancia judicial del país.

La causa principal ya cuenta con personas condenadas y otros implicados que esperan definiciones procesales. Marcos Eugenio Paura, colaborador de la obra social del sindicato de Camioneros, recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso tras ser hallado culpable del delito de cohecho activo.

La justicia comprobó que Paura entregó una suma de dinero para que la enfermera Analía Muñoz —quien también fue condenada en este expediente, a tres años de prisión— facilitara las dosis de Sputnik V de manera clandestina.

La investigación determinó que el 12 de febrero de 2021 la cuenta bancaria de Muñoz recibió una transferencia de 30.000 pesos realizada desde la cuenta oficial de la Obra Social del sindicato. Las vacunas se aplicaron el 29 de enero de 2021 en un consultorio de la entidad gremial, un sitio que carecía de habilitación oficial para funcionar como vacunatorio contra el coronavirus.

Por otra parte, la situación de los afiliados que recibieron las dosis de forma irregular también sufrió modificaciones. En un primer momento, la justicia federal de Comodoro Rivadavia concedió la suspensión del juicio a prueba a la veintena de beneficiarios a cambio de una reparación económica y pautas de conducta. No obstante, la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese beneficio y ordenó que todos los involucrados sean sometidos a un juicio oral y público, una medida que alcanza al ex secretario general del gremio en Comodoro Rivadavia y ex diputado nacional, Jorge Taboada.