La Cámara Federal de Casación Penal sorteó el Tribunal Oral Federal 1 para que lleve adelante el juicio a los cinco integrantes de la agrupación Revolución Federal por presunta incitación a la violencia colectiva y amenazas vinculadas con hechos ocurridos en 2022, antes del intento de asesinato contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El TOF 1 está integrado por los jueces José Michilini, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico. Los tres magistrados intervinieron juntos en el debate por el manejo de fondos del programa Fútbol para Todos, que concluyó con la absolución de los imputados, tras la declaración de nulidad de la acusación fiscal.
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Actualmente también integran el tribunal que juzga crímenes de lesa humanidad en el expediente conocido como Orletti-Pomar, por delitos cometidos en los centros clandestinos Automotores Orletti y Pomar.
El caso, elevado a juicio por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, tiene en el banquillo de los acusados a Jonathan Morel, señalado como impulsor de la organización; Leonardo Sosa, Gastón Guerra, Nilda Sabrina Basile y Lidia Margarita Casciano.
En la misma resolución resultaron sobreseídos tres hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo, investigados por el supuesto financiamiento de la agrupación.
Flavio, Hugo y Rosana Caputo habían quedado involucrados por presuntos aportes a Revolución Federal mediante la contratación de servicios de carpintería que realizó su empresa y los fideicomisos Santa Clara del Sur y Espacio Añelo.
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Por esos trabajos, realizaron transferencias por más de $6,5 millones durante 2022 a cuentas de Morel y de dos personas de su entorno, Ailen Vallero y Evelyn Balboa.
La sospecha era que esos pagos, formalmente vinculados a trabajos de carpintería y provisión de mobiliario, podían ocultar un mecanismo de financiamiento político para la organización.
La hipótesis
La investigación sostuvo que Morel y Sosa organizaron Revolución Federal entre mayo y octubre de 2022. Según la hipótesis judicial, el espacio difundía mensajes intimidatorios por redes sociales y en movilizaciones callejeras, con expresiones violentas contra funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, del Frente de Todos y de sus simpatizantes.
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Uno de los hechos incluidos en la pesquisa es una protesta realizada en julio de 2022 en Plaza de Mayo, donde la agrupación llevó antorchas y una guillotina con el logo de la coalición peronista.
La causa que llega a juicio reúne tres expedientes conexos por amenazas a la exinterventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda; al periodista Víctor Hugo Morales; y a los dirigentes Maia Daer, Claudia Neira y Jorge Ferraresi.
La expresidenta Cristina Fernández intervino como querellante en la causa y sostuvo, junto con la querella de Juan Grabois, que las contrataciones realizadas a Jonathan Morel podían haber encubierto un mecanismo de financiamiento para Revolución Federal.
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El fiscal federal Gerardo Pollicita había pedido la elevación a juicio contra Jonathan Morel y Leonardo Sosa porque consideró que administraban las redes sociales del grupo y organizaban actividades públicas.
Sobre Gastón Guerra y Sabrina Basile opinó que colaboraban activamente en la convocatoria y el reclutamiento de adherentes. En el caso de Lidia Margarita Casciano, indicó que sus mensajes enviados por WhatsApp en grupos de Revolución Federal, durante julio y agosto de 2022, configuraban una presunta incitación a la violencia colectiva.
Según la acusación, la mujer dijo poseer una pistola calibre 9 milímetros y expresó su intención de utilizarla en algunos de los escraches impulsados por la agrupación. Durante un allanamiento, la Policía Federal secuestró el arma mencionada en esos intercambios.
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