Un informe reveló que muere una persona bajo custodia cada 16 horas

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó el Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia y en el Marco de Intervenciones de Fuerzas de Seguridad (RNM). Este documento, que abarca el período comprendido entre los años 2022 y 2024, unificó por primera vez la información de las 24 jurisdicciones del territorio argentino para medir la dimensión real del fenómeno. El relevamiento contabilizó un piso mínimo de 1.716 fallecimientos en los tres años analizados, lo que arrojó una media de una muerte cada 16 horas en cárceles, comisarías o procedimientos en la vía pública.

Para la confección de esta base de datos inédita, la institución cruzó los reportes de las agencias oficiales con las contribuciones independientes del Poder Judicial, los mecanismos locales de prevención y diversos organismos de control.

La investigación determinó que el 94% de las personas fallecidas eran hombres, el 4% mujeres y el 0,5% personas trans. Asimismo, más de la mitad de las víctimas tenía menos de 40 años al momento de su deceso, una franja etaria donde la probabilidad de morir bajo encierro duplica a la de los ciudadanos que se encuentran en libertad.

El escenario en las cárceles del país

El ámbito penitenciario concentró la mayor cantidad de decesos durante el trienio, con un total de 1.115 casos registrados. El sistema carcelario mantuvo una tasa de mortalidad estable de aproximadamente tres fallecimientos anuales por cada mil personas privadas de libertad.

En este contexto, las enfermedades representaron la causa principal de los fallecimientos, explicando casi siete de cada diez pérdidas de vidas. Las patologías de origen infeccioso, como la tuberculosis y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), mostraron niveles de incidencia significativamente superiores a los de la población general. Por ejemplo, la probabilidad de morir por tuberculosis resultó diez veces mayor dentro de los penales que en el medio libre. El informe vinculó estas muertes con deficiencias en el acceso a la atención médica, demoras en los tratamientos y condiciones materiales deficientes, tales como el hacinamiento y la falta de ventilación.

Por el contrario, las causas externas —que engloban suicidios, agresiones y siniestros— representaron una cuarta parte de los decesos en las prisiones. No obstante, la distribución de estas tipologías varió según la jurisdicción: mientras que en la provincia de Buenos Aires más del 80% de las muertes se vinculó a problemas de salud, en provincias como Neuquén y San Luis las causas externas superaron el 60% de los casos.

Entre 2022 y 2024, se identificaron al menos 212 muertes en comisarías y dependencias policiales. La tasa de mortalidad en los calabozos resultó considerablemente más alta que en las cárceles, alcanzando en 2024 un indicador de 6,4 decesos por cada mil personas detenidas, lo que duplicó los valores del sistema penitenciario.

A diferencia de las prisiones, en las dependencias policiales predominaron las causas externas de muerte, las cuales explicaron seis de cada diez decesos. El suicidio se posicionó como la causa más frecuente en este entorno. El promedio de edad de las personas que fallecieron en las comisarías se situó en los 39 años, y casi el 60% de las víctimas tenía menos de 40 años, lo que evidenció un impacto más severo sobre las poblaciones jóvenes.

La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de fallecimientos en este sector, reuniendo un cuarto del total nacional. Sin embargo, al relacionar la población detenida con los decesos, se detectó una sobrerrepresentación de la letalidad en comisarías de Buenos Aires, Jujuy, Corrientes, San Juan, La Pampa y Catamarca.

Intervenciones de las fuerzas de seguridad en la vía pública

El registro contabilizó al menos 389 muertes asociadas al accionar de las fuerzas de seguridad en el territorio, principalmente durante persecuciones, controles poblacionales o detenciones. Este ámbito se caracterizó por un alto nivel de subregistro debido a las dificultades para acceder a datos oficiales en varias provincias, según indicó el CNPT.

La mayor proporción de los casos se concentró en las intervenciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y las fuerzas federales. Las víctimas fueron predominantemente varones jóvenes: casi el 40% tenía menos de 21 años y el 70% era menor de 30 años.

Todas estas muertes se clasificaron como causas externas, y el 80% de los casos involucró el uso de armas de fuego. Un dato relevante es que, en el 43% de los episodios donde se utilizaron armas de fuego, los agentes policiales involucrados se encontraban fuera de servicio al momento del hecho.

El informe detalló las dinámicas de las principales causas externas registradas en el trienio:

• Agresiones: Se contabilizaron 413 muertes por agresiones en el período. En el encierro, la tasa de homicidios resultó cinco veces superior a la de la población general. Se identificaron al menos 57 muertes por violencia entre personas privadas de libertad, mayormente con armas blancas. En la vía pública, las agresiones se vincularon de forma directa al uso de la fuerza estatal.
• Suicidios: Se reportaron 205 casos en total. La tasa de suicidios bajo custodia quintuplicó a la de la población general. Estos hechos ocurrieron principalmente por ahorcamiento dentro de las celdas. En las cárceles, dieciséis casos sucedieron en sectores de aislamiento solitario, mientras que en las comisarías una cuarta parte se produjo en los primeros días de detención.
• Siniestros: Representaron el 6,6% de las muertes externas, con 54 casos registrados. En los lugares de encierro, se debieron a incendios, electrocuciones por conexiones eléctricas precarias e intoxicaciones. Diecisiete personas fallecieron por incendios, casi siempre asociados a protestas con quema de colchones en celdas de aislamiento. En la vía pública, se destacaron los accidentes viales durante persecuciones.
• Causa no determinada: Se registraron 134 fallecimientos bajo esta categoría debido a la existencia de versiones contradictorias o falta de información concluyente en las investigaciones judiciales. Entre estos casos, se incluyeron ahorcamientos dudosos, posibles sobredosis y decesos ocurridos durante crisis de salud mental bajo contención física.

El CNPT realizó un seguimiento de las causas penales iniciadas por estas muertes y detectó falencias estructurales sistemáticas en las investigaciones. Entre las principales irregularidades, el organismo señaló la escasa aplicación del Protocolo de Minnesota, la dependencia acrítica de las versiones de las propias fuerzas de seguridad y la falta de preservación de las escenas del hecho.

Asimismo, se identificaron autopsias deficientes que solo determinaron la causa médica de la muerte sin buscar signos de tortura, demoras excesivas en los procesos y una tendencia a subcalificar los delitos, utilizando figuras culposas o de incumplimiento de deberes en lugar del tipo penal de tortura.

Según el diagnóstico, estas deficiencias investigativas no solo impiden el acceso a la justicia, sino que “consolidan un mensaje de tolerancia a la impunidad” y perpetúan los factores de riesgo que elevan la mortalidad en los lugares de detención.