
La Sala I de la Cámara Federal porteña resolvió mantener separados dos expedientes en los que se denunciaron supuestas maniobras tendientes a perjudicar a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino. La contraofensiva judicial del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, contra el juez que lo procesó por retención indebida de aportes, Diego Amarante, se investigará en el Juzgado Federal N° 5 de Comodoro Py, a cargo de María Eugenia Capuchetti.
La magistrada se negó a intervenir en la denuncia de Toviggino y remitió el caso al Juzgado Federal N° 1 de María Romilda Servini, que ya tenía abierto un expediente sobre presuntas maniobras contra la AFA. Ante la falta de acuerdo entre ambas juezas, la Cámara Federal debió intervenir para destrabar la disputa y determinar el destino de las actuaciones.
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El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino denunció la existencia de una campaña coordinada en su contra y contra otros miembros de la institución, como el presidente Claudio “Chiqui” Tapia.
Según esa presentación, habría existido un contacto informal entre el juez en lo penal económico Diego Amarante y funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La sospecha apunta a que el magistrado habría sugerido al organismo recaudador ampliar la denuncia para agravar la calificación legal de los imputados en la causa por retención indebida.
El abogado de Toviggino, Marcelo Hugo Rocchetti, acusó en su denuncia al juez Amarante de incurrir en una maniobra de “forum shopping” al aceptar de forma directa una supuesta ampliación de denuncia por parte de ARCA, en lugar de remitirla a la oficina de sorteos de la Cámara para que se designara un juzgado de manera aleatoria. Rocchetti argumentó que la presentación de la agencia fiscal no constituía una ampliación, sino una nueva denuncia por evasión agravada y asociación ilícita fiscal, con hechos y períodos diferentes a los investigados originalmente.
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En paralelo, el Juzgado N° 1 lleva adelante otra causa, iniciada por el fiscal Guillermo Marijuan tras recibir un correo electrónico anónimo. En ese expediente se analiza si exmiembros de la Secretaría de Inteligencia del Estado y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional intentaron obtener un pendrive perteneciente a Juan Pablo Beacon, exdirigente de la AFA que, durante años, fue mano derecha de Toviggino.
El propósito de esa supuesta operación habría sido tergiversar la información sobre la administración de la AFA para incorporarla como “prueba falsa” y así perjudicar a los dirigentes del fútbol, siempre según la denuncia.
Durante el debate por la competencia, la fiscal Paloma Ochoa y la jueza Capuchetti sostuvieron que ambos expedientes debían unificarse bajo la órbita del Juzgado Federal N° 1. Argumentaron que los hechos denunciados formaban parte de una misma presunta estrategia delictiva dirigida de manera homogénea contra la cúpula de la AFA.
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Sin embargo, la jueza Servini rechazó esa postura al considerar que la presunta manipulación de la denuncia de ARCA representaba un suceso nuevo, autónomo e independiente de la sustracción del pendrive.

Al momento de resolver la contienda, el camarista Mariano Llorens determinó que no corresponde unificar las causas en este estado inicial de las investigaciones. El fallo señaló que no existe todavía la certeza necesaria para ordenar la acumulación de los procesos.
La resolución judicial remarcó que, para disponer la conexidad de dos causas, la jurisprudencia de la Corte Suprema exige una investigación previa que precise las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos.
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Por tal motivo, la Cámara Federal concluyó que el Juzgado N° 5 es la sede que se encuentra en mejores condiciones para profundizar la investigación sobre el accionar de ARCA y el juez penal económico. No obstante, el tribunal dejó abierta la posibilidad de analizar una futura unificación si el avance de las pruebas demuestra que los hechos forman parte de una única maniobra.
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