La Cámara Federal porteña confirmó el archivo de la causa penal por el préstamo de USD 57.100 millones otorgado a la Argentina por el FMI durante el macrismo y rechazó un planteo de la fiscalía para reabrir la pesquisa.
La investigación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional se inició en 2019 por presunta defraudación, quedó archivada en febrero pasado en el juzgado de la jueza federal de primera instancia María Eugenia Capuchetti, en una decisión ahora ratificada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, de la sala I del Tribunal de Apelaciones.
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La denuncia incluyó al expresidente Mauricio Macri, al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y a dos actuales integrantes del gabinete nacional: el ministro de Economía, Luis Caputo (entonces secretario de Finanzas y luego presidente del BCRA), y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger ( por entonces titular del Banco Central).
“La confirmación del archivo no vulnera el principio acusatorio ni las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción. Tras más de cinco años de pesquisa, la fiscalía no logró articular una hipótesis delictiva que, sobre la base de la prueba reunida, permita afirmar con entidad suficiente la existencia de los delitos invocados”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.
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Urgencia financiera
El tribunal sostuvo que no corresponde revisar decisiones de política pública sin prueba de delitos, en sintonía con los argumentos de la jueza cuando archivó la pesquisa, cuya decisión fue apelada por el fiscal del caso, Franco Picardi.
La Cámara argumentó también que el acuerdo se gestionó “en un contexto de urgencia financiera reconocida” y en ese marco “no es posible inferir que el proceder de los imputados haya estado guiado por el propósito de violar la ley”, según la resolución a la que accedió Infobae.
Se mencionó también la doctrina de la Corte Suprema sobre las materias propias de otros poderes del Estado que quedan fuera del control judicial, una limitación que cede cuando bajo la apariencia de una política pública pueden esconderse beneficios personales para funcionarios, algo que según la resolución, no se probó en este caso. Para la Cámara no fue posible inferir el dolo específico exigido para el delito de abuso de autoridad.
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Respecto de la figura de administración fraudulenta, el tribunal examinó la referencia fiscal al informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que estimó un perjuicio patrimonial para el Estado de USD 29.618 millones. La Cámara afirmó que ese deterioro, por sí solo, no permitía acreditar que hubiera existido una disposición patrimonial consciente de su carácter ruinoso ni una sustracción de fondos en beneficio propio o ajeno.
La denuncia giraba en torno a la ausencia de decreto presidencial para formalizar el acuerdo, falta de intervención del jefe de Gabinete, participación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas, la omisión de un dictamen del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el impacto en la balanza de pagos y la apertura tardía de expedientes administrativos.
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Otro de los ejes de la apelación fiscal fue que el archivo fue dispuesto antes de agotar diligencias que podían arrojar luz sobre la trazabilidad de los desembolsos y los vínculos entre funcionarios y operadores beneficiados por la salida de divisas.
El fallo destacó que la instrucción se extendió durante más de cinco años y reunió informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), de la SIGEN y del BCRA, además de expedientes administrativos, testimonios, datos sobre formación de activos externos y la documentación suscripta con el organismo internacional.
La causa buscaba determinar si existieron delitos por parte de los funcionarios argentinos en el proceso de negociación, firma y ejecución del préstamo stand-by pactado en 2018, primero por USD 50.000 millones y luego ampliado hasta USD 57.100 millones.
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