El error de cálculo de Navitas: hace 5 meses dijo que Milei no considera a Sea Lion “como una cuestión política que requiera intervención”

En el marco de los anuncios respecto a las islas Malvinas por parte del presidente Javier Milei, la empresa británica Rockhopper y la israelí Navitas, con licencia para operar el yacimiento petrolero Sea Lion, aseguraron hoy que no esperan que las medidas tengan “efectos materiales”. No obstante, hace cuatro meses, Amit Kornhauser, directivo de Navitas, había errado en su diagnóstico sobre el gobierno argentino, al considerar que el proyecto no iba a tener objeciones políticas.

En marzo pasado, aseguraba en una reunión con inversores y accionistas: “Se prevé que la producción comience en marzo de 2028. Como parte del cierre de la financiación del proyecto, también emitimos una póliza de seguro contra riesgos políticos (PRI, por sus siglas en inglés) por valor de 1.000 millones de dólares para los prestamistas”.

“Todas las actividades de construcción avanzan según lo previsto, y Ian Ramsay —quien dirige nuestras operaciones en las Malvinas— se unirá pronto a nosotros para detallar los próximos pasos. Cabe destacar también que el proceso de decisión de inversión se completó sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino y con el pleno respaldo del gobierno de las Islas Malvinas”, había señalado Kornhauser.

“Las recientes declaraciones del presidente argentino Milei indican que apoya el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y no considera este asunto como una cuestión política que requiera intervención. El hecho mismo de que los socios lograran asegurar la financiación del proyecto, obtener un seguro contra riesgos políticos (PRI) de bajo costo y firmar acuerdos con contratistas principales de primer nivel demuestra que la cuestión geopolítica no está obstaculizando el avance del proyecto”, agregó.

Vale recordar que Milei había afirmado en abril de 2025, durante un Homenaje a los Héroes de Malvinas, que “si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos hacer de Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos y que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo”.

Esa declaración generó interpretaciones de que Milei apoyaba la autodeterminación de los pueblos, eje central de la postura de Reino Unido sobre Malvinas y sobre el cual se basó el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los isleños eligió mantener a las islas como territorio británico de ultramar. Argentina, en cambio, sostiene que ese principio no es aplicable en este caso, porque la población fue implantada después de la expulsión de las autoridades argentinas en 1833.

Ahora, tras el anuncio presidencial por cadena nacional, Rockhopper y Navitas resaltaron en una declaración conjunta que las licencias “legalmente otorgadas” por el gobierno local en Malvinas siguen siendo válidas y que “no se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto”.

El comunicado aclara que se refiere a “informes en prensa y en conexión con el discurso pronunciado anoche por el presidente argentino”. También subrayaron que la licencia de exploración que entregó el gobierno local de las islas tuvo “apoyo total y continuo del Gobierno británico”.

En paralelo, Argentina ya había sancionado a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022. En las islas también tienen licencias exploratorias la petrolera británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

Este jueves, Milei afirmó que “Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina. Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente, y demanda una repuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados”.

Y precisó que la Cancillería argentina envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en las Malvinas. Además, anticipó que firmará un decreto para dotar de “mayor celeridad” a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659, que define las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica.

Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, dijo a través de su cuenta de X: “En diciembre de 2025 Navitas anunció su decisión de inversión. Sea Lion dejaba de ser un proyecto de exploración para convertirse en una inversión que comenzará a producir en 2028″.

“La reacción presidencial llega recién ahora, nueve meses después. Tal vez demasiado tarde para un momento decisivo del proyecto (esperemos que no). Dicho esto, los anuncios de hoy son positivos en términos de acelerar y endurecer sanciones (se hace sobre un andamiaje legal existente) y convocar a la unidad nacional por Malvinas. Esto último es particularmente novedoso en Milei”, agregó.

Sobre Sea Lion

Sea Lion es un yacimiento offshore ubicado en el Atlántico Sur que, de concretarse según lo previsto, se convertiría en el primero en producir crudo en aguas cercanas a las islas. A fines de 2025, las compañías a cargo del proyecto tomaron la decisión final de inversión (FID), un hito que significa que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras fueron completadas y que el desarrollo es considerado viable y rentable.

De acuerdo con datos de Navitas, al 31 de julio pasado, Sea Lion contaba con reservas probadas y probables por 314 millones de barriles de petróleo. En su primera fase, el desarrollo prevé alcanzar una producción de 50.000 barriles diarios, mientras que la extracción del primer barril está prevista para marzo de 2028.

El proyecto contempla un desembolso de USD 1.800 millones hasta la obtención del primer crudo. A esa cifra se sumarán otros USD 2.100 millones destinados al resto de la explotación, que tiene una duración proyectada de 30 años.