Ordenaron nuevas medidas de prueba para definir si Alberto Fernández debe ir a juicio por violencia de género

El juez federal Daniel Rafecas ordenó una serie de medidas de prueba con las que reevaluará la acusación contra Alberto Fernández por violencia de género. La causa que inició la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente de la Nación ya cuenta con un pedido de elevación a juicio de parte del fiscal.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, en los últimos días el juez solicitó a la Policía Federal Argentina (PFA) una serie de informes sobre cuatro agentes que custodiaron a la pareja presidencial.

Los custodios fueron citados por el magistrado para que declaren como testigos en los tribunales federales de Comodoro Py.

Además, Rafecas pidió al sanatorio Otamendi que entregue una copia de la historia clínica de Fabiola Yañez, con todo su historial médico desde 2018 hasta 2024. En esa época habrían ocurrido los golpes y maltratos denunciados.

La ampliación del plexo probatorio en la que trabaja el juez fue dispuesta en julio por el tribunal superior, la Sala II de la Cámara Federal porteña. En ese fallo, los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico negaron anular la causa como pretendía Fernández, pero accedieron a producir más pruebas tal como pedía la defensa.

“La instrucción omitió producir importantes diligencias probatorias para tener por acreditado aquello en que fundó el procesamiento del imputado”, concluyó la Cámara.

En ese fallo, la Sala II ordenó a Rafecas que, una vez que tenga el resultado de las nuevas pruebas, “reevalúe la situación del imputado”. Esto es: si merece seguir procesado y ser llevado a juicio, o bien le cabe la falta de mérito o el sobreseimiento.

El fiscal de la causa, Ramiro González, dictaminó hace ya un año que el expresidente debe ser juzgado por dos episodios de golpes físicos, agresiones psicológicas sistemáticas y un hecho de amenazas coactivas.

Cabe recordar que, en instancias anteriores, la fiscalía calificó de “absurdas” y “dilatorias” estas medidas que logró la defensa -a cargo de los abogados Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi-, bajo el criterio de que Fernández busca demorar la llegada del caso a debate oral y público.

Según la acusación del fiscal, entre el 21 y 22 de junio de 2021, en una habitación de la Quinta de Olivos, el presidente le habría dado un golpe de puño en la cara a Fabiola Yañez, causándole un hematoma en el ojo. Previo al 12 de agosto de 2021, en el mismo lugar, la zamarreó provocándole lesiones en el brazo, de acuerdo a la acusación fiscal.

Asimismo, se le imputan “maltratos sistemáticos” entre 2016 y agosto de 2024, que le habrían generado a la víctima un daño psíquico. Y, finalmente, el expresidente habría presionado a su expareja para que no lo denuncie, aprovechando su vulnerabilidad emocional y su dependencia económica luego de mudarse a Madrid, España, tras dejar el poder.

El fiscal calificó este último episodio como un acto de “terrorismo psicológico”.

Mientras las nuevas pruebas avanzan en el Juzgado Federal N° 3 de Rafecas, Alberto Fernández no abandona el intento por declarar la nulidad de la causa. La Cámara Federal porteña le concedió un recurso para que reclame en la Cámara Federal de Casación Penal.

En los tribunales de Comodoro Py consideran muy poco probable que esto avance favorablemente para el expresidente. Al apartar al anterior juez de la causa, Julián Ercolini, la Casación ya declaró que el cambio de magistrado debía producirse “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.