La Cámara Federal porteña le reclamó al juez federal Ariel Lijo que termine de enviar toda la documentación de la causa ANDIS para que el tribunal de apelaciones pueda resolver los procesamientos de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y otros 18 acusados por maniobras de corrupción al interior de la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión libertaria.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, emitió una resolución para instar al Juzgado Federal N° 11, subrogado por Lijo, a que no demore el envío de las pruebas necesarias para revisar la acusación.
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El Juzgado hizo varias “remisiones parciales” desde el 15 de mayo, hace ya dos meses.
“Pese al tiempo transcurrido, al día de hoy la tarea no está completa, tratándose aún de lograr acceder a parte de la prueba a través de la colaboración solicitada a la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación”, plasmó la resolución firmada por Boico, Farah e Irurzun.
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“Esta Sala también necesita examinar las constancias reunidas y valoradas por el juez” y “las carencias apuntadas impiden culminar el análisis, demorando la adopción de la respuesta jurisdiccional”, agregó la Cámara.
Cabe destacar que el juez Martín Irurzun está en una situación particular. Este sábado cumple 75 años, y si la Corte Suprema de Justicia no resuelve antes un recurso que presentó para que le permitan continuar en el cargo, entonces la Sala II tendría una nueva vacante.
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Si Roberto Boico y Eduardo Farah no llegan a un acuerdo sobre los procesamientos, entonces será necesario llamar a un tercer juez, que debería empezar a analizar desde cero toda la causa antes de emitir su voto. Esto demoraría aún más una definición sobre el futuro del expediente.
El estado de la causa
El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, concluyó en las últimas semanas una nueva tanda de indagatorias con 29 imputados.
La hipótesis principal es que los funcionarios de la ANDIS, junto a los lobistas Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, direccionaban las compras públicas de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI) a “empresas amigas”, que cobraban sobreprecios y luego pagaban coimas.
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“La agencia fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”, dictaminó el fiscal Picardi.
Por estas horas, el juez Lijo avanza con la tramitación de un peritaje para analizar los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que destaparon el escándalo.
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El exdirector de la Agencia intentó suspender el estudio forense, pero el magistrado lo rechazó. Spagnuolo se niega a aportar una muestra de su voz para que la comparen con las grabaciones.
El fiscal Picardi le sugirió al juez obtener el material necesario para la pericia de cuatro entrevistas que el exfuncionario dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.
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