
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la responsabilidad de un consorcio por la caída de un matafuego sobre una vecina de un edificio de Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires, y elevó la indemnización a $14,3 millones, más intereses. El tribunal consideró acreditado que el artefacto se desprendió de su soporte en un pasillo común y provocó una fractura expuesta en el pie izquierdo de la demandante.
El episodio ocurrió el 25 de febrero de 2020. Según la demanda, la mujer —de 42 años de edad en ese momento— salió de su departamento junto con una de sus hijas para realizar compras y, al dar un paso hacia el palier, un matafuego instalado cerca del ascensor cayó sobre su pie.
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La reclamante sostuvo que el impacto le provocó una herida sangrante en la zona del hallux y que pudo advertir el hueso expuesto. Su esposo pidió asistencia médica y vecinos del edificio acudieron al lugar. Luego fue trasladada en ambulancia a un centro de salud, donde recibió atención por una fractura expuesta.

De acuerdo con el expediente, la mujer permaneció internada durante cinco días y fue sometida a una intervención quirúrgica. El tratamiento incluyó la reducción y fijación de la lesión, además de rehabilitación kinésica. En la demanda, sostuvo que el accidente dejó secuelas físicas, limitaciones para caminar con determinados calzados y dificultades para retomar actividades cotidianas.
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La acción judicial fue dirigida contra el consorcio y contra la firma que había prestado servicios de mantenimiento de matafuegos. También fueron citadas las aseguradoras de ambas partes. La demandante reclamó inicialmente $1,83 millones por incapacidad física, daño psicológico, daño moral, gastos médicos y de traslado, además de lucro cesante.
En diciembre de 2025, el juzgado de primera instancia rechazó la demanda contra la empresa de mantenimiento y su aseguradora. El magistrado entendió que no había prueba suficiente de una falla atribuible a esa compañía al momento de la instalación del matafuego, que había ocurrido más de cinco meses antes del accidente.
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El fallo de primera instancia señaló que el consorcio tenía a su cargo el cuidado de los elementos comunes del edificio, entre ellos los dispositivos de prevención de incendios. Bajo ese criterio, consideró que debía responder por los daños causados por el matafuego, salvo que demostrara una causa ajena que rompiera el vínculo entre el artefacto y la lesión.
El juzgado tuvo por probado el hecho a partir de una comunicación enviada por la administradora del consorcio a la empresa de mantenimiento al día siguiente del accidente. En ese mensaje se informó que un matafuego se había desprendido y había golpeado a la inquilina de una unidad funcional. También valoró la atención médica recibida ese día.
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Con esos fundamentos, la primera sentencia ordenó al consorcio y a su aseguradora pagar $7,8 millones. El monto incluyó $3,5 millones por incapacidad física, $4 millones por daño moral y $300.000 por gastos médicos, farmacéuticos y de traslado. El reclamo por daño psicológico y tratamiento futuro fue desestimado porque la pericia no detectó una secuela permanente.

El juez también rechazó el pedido de lucro cesante. Si bien se acreditó que la demandante realizaba tareas remuneradas de manera autónoma, no se probó con precisión una caída de ingresos atribuible al accidente. La autoridad fiscal informó que había emitido facturas durante parte del período de recuperación, un dato que el juzgado consideró incompatible con la imposibilidad total de trabajar alegada en la demanda.
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La compañía aseguradora del consorcio apeló la decisión y cuestionó que se hubiera tenido por comprobado el accidente. Planteó que la prueba central era una denuncia basada, en parte, en el relato del esposo de la damnificada. También objetó los montos fijados y el criterio utilizado para actualizar el límite de cobertura contratado.
La Sala L de la Cámara Civil sostuvo que existían elementos “graves, precisos y concordantes” para confirmar que el hecho ocurrió. Valoró las fotografías del soporte dañado, el correo de la administradora, el testimonio de una mujer que vio a la demandante salir del edificio con el pie vendado y subir a una ambulancia, y la historia clínica que consignó una lesión causada por un matafuego.
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Para los camaristas, el matafuego era un elemento común del edificio y el consorcio tenía la obligación de conservarlo en condiciones seguras. La Cámara aplicó las reglas de responsabilidad objetiva previstas en el Código Civil y Comercial, que obligan al dueño o guardián de una cosa a responder por el daño que cause, salvo que pruebe un hecho ajeno, como la culpa exclusiva de la víctima o un caso fortuito.
El tribunal remarcó que el consorcio no acreditó ninguna circunstancia que lo liberara de responsabilidad. Consideró que el peso del matafuego, la altura a la que estaba fijado y el estado del soporte convertían al conjunto en un riesgo para quienes circulaban por el pasillo. Por eso, confirmó la condena contra el consorcio y mantuvo el rechazo de la demanda contra la empresa de mantenimiento.
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La Cámara elevó la compensación por incapacidad física de $3,5 millones a $7 millones. Tomó en cuenta la fractura expuesta, la cirugía, la rehabilitación, una incapacidad parcial y permanente del 4%, las molestias para caminar, correr o usar ciertos zapatos, y el impacto que la recuperación tuvo en las tareas domésticas y de la vida diaria.

También aumentó de $4 millones a $7 millones la indemnización por daño moral. Los jueces contemplaron el dolor físico, el período de internación y recuperación, la cirugía, el uso de muletas y las consecuencias emocionales transitorias detectadas por la pericia psicológica. En cambio, confirmaron los $300.000 concedidos por gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, así como el rechazo del lucro cesante.
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La sentencia modificó, además, la forma de calcular el límite de cobertura de la aseguradora. En lugar de aplicar el parámetro fijado en primera instancia, dispuso que el tope contratado se actualice desde el 25 de febrero de 2020 hasta el pago efectivo según el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos. La Cámara aclaró que esa actualización alcanza al capital de condena, mientras que los intereses quedan a cargo de la aseguradora sin ese límite.
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