
Un juzgado civil de San Isidro condenó a un hombre a pagar una indemnización de $10 millones a su exesposa por los daños derivados de la violencia que, según concluyó la jueza, sufrió durante la relación. La resolución consideró acreditada una afectación a la dignidad de la mujer a partir de informes oficiales, expedientes de familia, testimonios y registros de intervenciones sanitarias y municipales.
La demandante había iniciado el reclamo en 2019 y solicitó inicialmente una reparación de $5,5 millones. En su presentación sostuvo que padeció agresiones físicas, psicológicas, económicas y amenazas a lo largo de años de convivencia, y que esas situaciones también afectaron al hijo que tuvo con el demandado. La mujer pidió además que se le prohibiera al hombre referirse a ella ante terceros y ante el joven.
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Según la demanda, la pareja se casó en noviembre de 1996 y tuvo un hijo al año siguiente. La reclamante afirmó que los episodios de violencia comenzaron antes del nacimiento del niño y que, cuando cursaba el octavo mes de embarazo, sufrió una agresión que puso en riesgo su salud. También relató que existieron denuncias y actuaciones judiciales desde los primeros años de la relación.

El escrito inicial describió una convivencia atravesada por insultos, descalificaciones y golpes. La mujer —actualmente de 60 años— sostuvo que el hombre cuestionaba su rol como madre y esposa, desacreditaba a su familia y mantenía conductas hostiles delante de su hijo. De acuerdo con su planteo, el niño también recibió malos tratos y necesitó asistencia psicológica en distintos momentos de su vida.
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La demandante señaló que promovió actuaciones por violencia familiar durante 2002, 2007 y entre 2010 y 2011. Indicó que en varias oportunidades se dispusieron medidas de exclusión del hogar contra el hombre, aunque aseguró que no las hizo efectivas porque él le pedía perdón y prometía que no volverían a ocurrir episodios de agresión.
Uno de los hechos centrales del reclamo se vinculó con una denuncia presentada por el hombre en 2011. La mujer sostuvo que intentaba usar un teléfono para pedir ayuda ante una situación de violencia y que, en medio de un forcejeo, él sufrió un corte en una mano. Según su versión, esa denuncia derivó en su exclusión del hogar, donde permanecieron bienes que había adquirido y mejoras que, afirmó, había financiado con su trabajo.
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La presentación también incluyó un reclamo por las consecuencias económicas de la separación. La demandante afirmó que afrontó sola gastos de alimentación, educación, vestimenta y tratamientos psicológicos de su hijo. Aseguró que el demandado no aportaba de manera suficiente al mantenimiento del hogar y que, aun después de la exclusión, utilizó servicios de salud que ella costeaba.
El hombre rechazó la demanda y negó los hechos. En su contestación sostuvo que la mujer tergiversaba la historia de la pareja para obtener una compensación económica. Reconoció el matrimonio, el nacimiento del hijo y la separación, pero negó haber ejercido violencia contra la demandante y planteó que él había sido víctima de amenazas, denuncias y litigios promovidos por ella.
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El demandado, de 62 años, afirmó que la exclusión del hogar dispuesta en 2011 había alcanzado a la mujer y cuestionó la validez de los rubros reclamados. También señaló que las denuncias de violencia presentadas por hombres suelen tener menos consideración. Por esos motivos, pidió que se rechazara el reclamo y que las costas del proceso fueran impuestas a la demandante.

La jueza, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 1 de San Isidro, basó su decisión en informes producidos durante el juicio. Uno de ellos, remitido por un área municipal especializada en género, señaló que la mujer había acudido por primera vez en 1997 para consultar por situaciones de violencia ejercidas por su marido. El documento consignó nuevas asistencias en 2006 y 2011, además de tratamientos grupales, entrevistas legales y derivaciones a espacios terapéuticos.
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Otro informe incorporado al expediente indicó que un centro de salud no conservaba la historia clínica de la mujer por el vencimiento del plazo legal de guarda. Sin embargo, una profesional recordó que ambos integrantes de la pareja habían sido derivados a un centro especializado para tratamientos individuales vinculados con situaciones de violencia. La sentencia también mencionó antecedentes de ansiedad persistente en la reclamante.
La resolución destacó además las constancias remitidas por la fiscalía general de San Isidro. El relevamiento del sistema informático del Ministerio Público identificó investigaciones penales vinculadas con el demandado por lesiones, amenazas, falsa denuncia y hurto. La jueza no presentó esos registros como condenas por todos esos hechos, pero los valoró junto con el resto de las pruebas reunidas.
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También tuvieron peso los expedientes provenientes de tribunales de familia, la entrevista que el hombre mantuvo en 2007 con un programa municipal destinado a varones y las declaraciones de testigos. La magistrada sostuvo que, por la naturaleza de los conflictos familiares, los testimonios de parientes y allegados podían ser admitidos, aunque su fuerza probatoria debía analizarse según las reglas de la sana crítica.
En su fundamentación, la jueza explicó que la inexistencia de una secuela psicológica clínica no descarta que haya existido maltrato. Señaló que una persona puede desarrollar mecanismos de defensa o resiliencia frente a experiencias de violencia y remarcó que el derecho protege la dignidad, la integridad física y psicológica, así como el proyecto de vida de quien sufrió un daño.
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El fallo encuadró el caso en las normas de protección contra la violencia hacia las mujeres y en los artículos del Código Civil y Comercial que obligan a reparar los daños causados. La magistrada consideró que las agresiones acreditadas vulneraron derechos personalísimos de la demandante y fijó una indemnización de $10 millones, superior al monto solicitado al inicio del proceso.
La suma devengará un interés anual del 6% desde el 28 de agosto de 2019, fecha de inicio de la mediación, hasta el dictado de la sentencia. A partir de entonces, y hasta el pago efectivo, se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a 30 días. Las costas del juicio quedaron a cargo del demandado y la regulación de honorarios fue diferida para una etapa posterior.
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