La Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al juez Martín Irurzun a llevar su reclamo ante la Corte Suprema para que defina si puede seguir en su cargo después de los 75 años. La decisión, firmada este martes, abre la instancia final antes de que rija para el magistrado el límite etario previsto por la Constitución Nacional.
El camarista, de larga y reconocida trayectoria en los tribunales federales porteños, cumplirá esa edad el próximo sábado, por lo que el tiempo apremia. La Corte deberá designar conjueces para resolver el caso, debido a que uno de sus miembros, Ricardo Lorenzetti, se encuentra de licencia durante esta semana.
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El caso puede incidir en la integración de tribunales federales, en especial la Cámara Federal porteña, donde la mitad de sus miembros atraviesa revisiones simultáneas. A la posible salida de Irurzun se suman las situaciones de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos traslados fueron considerados provisorios por la Corte.
Según informó Infobae, el concurso para cubrir esas vacantes ya concluyó y el gobierno de Javier Milei está en condiciones de proponer nuevos jueces. El Poder Ejecutivo no impulsó un nuevo pliego para Irurzun, lo que le hubiera permitido permanecer en el cargo, aunque sí respaldó el de Carlos Mahiques para la Cámara Federal de Casación Penal.
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Qué debe resolver la Corte
El artículo 99 inciso cuatro tercer párrafo de la Constitución Nacional, reformada en 1994, establece que los jueces que cumplen 75 años solo pueden continuar si son nuevamente designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por períodos de cinco años. Esa es la regla que ahora quedará bajo revisión del máximo tribunal en el expediente del camarista.
Irurzun promovió una demanda y pidió una medida cautelar para seguir en funciones mientras se resolvía el fondo de la controversia. Tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara rechazaron esa solicitud.
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En su presentación, el magistrado alegó que existía “peligro en la demora” porque perder el cargo sería un efecto irreversible si la decisión llegaba después de que cumpliera 75 años. También sostuvo que la cuestión comprometía derechos y garantías constitucionales, y que apartar jueces por edad sin un nuevo examen de idoneidad podía generar “gravedad institucional”.
De acuerdo con el expediente, Irurzun afirmó que lo resuelto por la Cámara equivalía a una sentencia definitiva por sus efectos inmediatos. El planteo buscó que la Corte revisara si corresponde mantener sin excepciones el mecanismo de ratificación periódica por razones etarias.
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Qué dijo la Cámara al conceder el recurso
El tribunal que concedió el recurso estuvo integrado por María Claudia Caputi y Luis María Márquez. En su resolución, reconoció que la discusión trasciende el interés del juez y puede afectar la integración de órganos judiciales.
La Cámara citó el precedente “Schiffrin”, en el que la Corte Suprema validó el límite de edad incorporado en la reforma constitucional de 1994 y descartó que esa cláusula lesionara la garantía de inamovilidad judicial. Aun así, admitió que solo el máximo tribunal puede fijar el alcance del debate.
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Entre los fundamentos recogidos por Infobae, el fallo señaló: “La decisión definitiva del tribunal de la causa es contraria a la validez del derecho que la recurrente funda en ellas”. La resolución también recordó que los tribunales inferiores deben ajustarse a la doctrina de la Corte.
El impacto sobre la Cámara Federal porteña
La eventual vacante de Irurzun en la Sala II de la Cámara Federal porteña afecta a un tribunal que revisa decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py, donde se investigan delitos complejos de alcance nacional. Irurzun integra esa cámara desde 1994 y su trayectoria en el Poder Judicial comenzó en la década de 1970.
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A lo largo de su carrera intervino en causas de corrupción y en expedientes por delitos de lesa humanidad, incluidos casos contra la ex presidenta Cristina Kirchner. La resolución ahora en manos de la Corte puede influir sobre otros magistrados en condiciones similares.
La Cámara sostuvo que el examen sobre la validez de normas vinculadas con la integración judicial debe ser excepcional. También advirtió que la salida de un juez sin un nuevo acuerdo del Senado puede afectar la independencia judicial y el funcionamiento regular de la justicia federal.
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