Cayó en una vereda de zona norte y aún padece secuelas: la municipalidad deberá indemnizarla

La Justicia consideró probado que la mujer se accidentó el 28 de junio de 2019 en una acera con baldosas rotas y faltantes. La Cámara de Apelaciones sostuvo que el municipio incumplió su deber de control y conservación y reconoció indemnizaciones por incapacidad física, daño moral, tratamiento psicológico y gastos médicos

Cayó en una vereda de zona norte y aún padece secuelas: la municipalidad deberá indemnizarla
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín condenó a la municipalidad a pagar más de 11 millones de pesos a una vecina que cayó en una vereda deteriorada. Imagen de la pericia de ingeniería (Poder Judicial)
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La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín condenó a la municipalidad local a indemnizar a una vecina por la caída que sufrió en una vereda de zona norte del Gran Buenos Aires en junio de 2019. El tribunal confirmó la responsabilidad comunal por el mal estado de la acera y elevó parte de las compensaciones reconocidas en primera instancia. El capital de condena quedó fijado en $11.419.195, más intereses.

La reclamante había iniciado una demanda contra la municipalidad, los propietarios de un inmueble lindero y otros posibles responsables. Durante el proceso desistió de la acción contra los particulares, por lo que el litigio continuó únicamente contra el gobierno local. Solicitó una reparación por lesiones físicas, daño moral, gastos médicos, traslados, daño psicológico, daño estético y afectación de su vida social.

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Según expuso en la demanda, el 28 de junio de 2019, cerca de las 18, caminaba por la vereda cuando introdujo el pie izquierdo en un pozo formado por baldosas rotas y mal mantenidas. La mujer afirmó que cayó al suelo y sufrió fuertes dolores, tras lo cual recibió asistencia de personas que estaban en la zona.

Cayó en una vereda de zona norte y aún padece secuelas: la municipalidad deberá indemnizarla
La demandante sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo al pisar un pozo con baldosas rotas en junio de 2019. (Poder Judicial)
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La municipalidad desconoció los hechos y alegó que la conservación de las aceras correspondía a los propietarios frentistas. (Poder Judicial)

El escrito señaló que fue trasladada en un remise a un hospital municipal y que luego fue derivada a un hospital central por la falta de traumatólogo en el primer centro médico. Allí le diagnosticaron una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y le colocaron una inmovilización. Durante los meses posteriores, tuvo controles, usó una bota ortopédica y realizó tratamiento kinésico.

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La demandante sostuvo que la lesión derivó en dolor, inflamación, falta de fuerza y dificultades para caminar distancias largas, realizar tareas cotidianas o utilizar el transporte público. También afirmó que la situación alteró sus actividades recreativas y sociales. En la presentación inicial calculó una incapacidad del 30%, aunque la pericia judicial estableció luego un porcentaje menor.

La municipalidad negó los hechos y cuestionó que la caída hubiera ocurrido en las circunstancias relatadas. Argumentó que, aun si se hubiera producido el accidente, podría haber obedecido a factores ajenos al estado de la vereda, como un descuido, un problema de salud o una pérdida de estabilidad. También sostuvo que el mantenimiento de las aceras correspondía a los propietarios frentistas.

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El juzgado confirmó la rotura original de la vereda mediante pericias de ingeniería, testimonios y registros de imágenes de Google Maps. Imagen de la pericia de ingeniería (Poder Judicial)

El juzgado de primera instancia consideró acreditados el lugar, la fecha y el mecanismo del accidente. Para ello valoró la historia clínica remitida por el hospital central, que registró la atención de la demandante el mismo 28 de junio de 2019 y consignó una fractura del quinto metatarsiano. También tuvo en cuenta testimonios y una pericia de ingeniería.

La perita verificó que la vereda presentaba un buen estado al momento de su inspección, realizada varios años después del hecho. Sin embargo, indicó que el solado había sido renovado y que las imágenes incorporadas al expediente mostraban con anterioridad baldosas flojas, faltantes, rotas y desniveles. El juzgado también examinó capturas de Google Maps de junio de 2019 y de 2023, que evidenciaban el cambio de la superficie.

En la sentencia de primera instancia, dictada el 1 de julio de 2025, el juzgado entendió que la comuna incumplió su deber de controlar que las veredas, que integran el dominio público municipal, fueran transitables y seguras. Consideró que esa omisión configuró una falta de servicio y que existía una relación directa entre el deterioro del solado y la fractura sufrida por la reclamante.

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El tribunal determinó que la responsabilidad comunal sobre el espacio público no desaparece ante las ordenanzas dirigidas a particulares. Imagen de la pericia de ingeniería (Poder Judicial)

El fallo inicial reconoció $4.053.000 por incapacidad física, $805.195 por gastos médicos y de traslado, $1.013.250 por daño moral —que incluyó los reclamos por daño estético y afectación de la vida en relación— y $904.800 para un tratamiento psicológico. La condena total fue de $6.776.245, con intereses. Además, declaró inconstitucional la prohibición legal de actualizar deudas mediante índices.

Ambas partes apelaron. La reclamante cuestionó que los montos fijados fueran bajos y reclamó que se reconociera por separado la incapacidad psicológica estimada en un 10%. La municipalidad, en tanto, sostuvo que no se había probado de manera suficiente ni el accidente ni el estado de la vereda, objetó la relación causal con las lesiones y pidió que se dejara sin efecto la actualización monetaria dispuesta por el juzgado.

La Cámara confirmó que el accidente ocurrió en el sitio denunciado y que la vereda fue reemplazada después del hecho. Los jueces señalaron que las imágenes obtenidas de oficio, la pericia técnica, los testimonios y la documentación médica permitían reconstruir la secuencia. También destacaron que la municipalidad no aportó información sobre la fecha, el motivo o el expediente administrativo que habría dado lugar a la renovación de la acera.

Cayó en una vereda de zona norte y aún padece secuelas: la municipalidad deberá indemnizarla
Los camaristas aumentaron a 6.755.000 pesos la indemnización por incapacidad física tras constatar secuelas permanentes en la movilidad de la víctima. Imagen de la pericia de ingeniería (Poder Judicial)

El tribunal sostuvo que la obligación de conservar las veredas en condiciones de uso seguro no desaparece porque una ordenanza imponga deberes de mantenimiento a los propietarios frentistas. Según la Cámara, una eventual responsabilidad de los particulares no libera a la comuna de su deber de control sobre un bien destinado al tránsito peatonal. Por esa razón, rechazó los agravios municipales sobre la atribución de responsabilidad.

Los camaristas elevaron a $6.755.000 la indemnización por incapacidad sobreviniente, luego de ponderar una incapacidad física del 13,51%, el dolor, el edema, las limitaciones en el tobillo y el pie izquierdo, y las consecuencias en la vida cotidiana. También aumentaron el daño moral a $2.351.000 y fijaron en $1.508.000 el costo de 52 sesiones de tratamiento psicológico.

La resolución mantuvo en $805.195 los gastos médicos y de traslado, debido a que la reclamante había consentido expresamente esa cifra en su apelación. A la vez, rechazó que correspondiera otorgar una indemnización autónoma por incapacidad psicológica, porque consideró que esa afectación ya había sido contemplada dentro del daño moral y que un reconocimiento separado implicaría duplicar la reparación.

La Cámara revocó la declaración de inconstitucionalidad de la ley que prohíbe la indexación y dejó sin efecto el mecanismo que aplicaba el índice de precios al consumidor y el Coeficiente de Estabilización de Referencia. Explicó que los montos indemnizatorios podían fijarse a valores actuales como deudas de valor, sin necesidad de actualizar el capital mediante índices. Desde el 28 de junio de 2019 hasta la sentencia, los rubros principales devengarán una tasa pura del 6% anual; después se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el pago.

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