La Fundación Apolo pidió ser aceptada como amicus curiae en la causa que investiga presuntas maniobras para acelerar la entrega de permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
La entidad reunió al menos cinco testimonios de personas de rubros distintos que, según el escrito, describieron trabas administrativas, demoras y exigencias de pagos informales para destrabar importaciones, licencias y acceso al mercado de cambios.
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Asimismo, se denuncian presuntos mecanismos irregulares mediante los cuales determinados funcionarios o intermediarios habrían exigido contraprestaciones económicas para aprobar solicitudes o remover observaciones que impedían concretar las transferencias.
En su planteo, la fundación sostiene que está en condiciones de intervenir para “formular las observaciones y aportes que consideramos relevantes para el avance de la presente investigación penal, a fin de coadyuvar a su adecuada conducción y evitar la reproducción de errores y omisiones verificados en expedientes precedentes que abordaron hechos de similar naturaleza”.
Por otro lado, se comprometió a “actuar como un actor clave en la defensa y promoción de un sistema de gobierno transparente, ético y comprometido con la rendición de cuentas, siendo un referente en la vigilancia y promoción de la conducta ética en el sector público”.
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La organización afirmó que está legitimada para intervenir en la causa porque su estatuto incluye la promoción de la transparencia pública, la ética en la función estatal, la rendición de cuentas y la protección de derechos humanos.
La causa SIRA, cuyos principales implicados son los empresarios Martín Migueles, Elías Piccirillo y Francisco Hauque, está vinculada a la trama de investigación por el “rulo cambiario” entre el 2020 y el 2022, a cargo del juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal federal Franco Picardi. Ambos deberán analizar el pedido de la Fundación Apolo.
Los testimonios
Uno de los relatos que expuso la fundación describe un supuesto mecanismo de porcentajes exigidos para destrabar permisos, que iban entre 8% y 10% del valor importado para quienes tenían contacto directo con funcionarios, hasta 14% cuando intervenían nexos de menor jerarquía y, en algunos casos, hasta 17%.
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Otro testimonio de una persona del rubro informático sostuvo que los rechazos de SIRA se atribuían a “errores informáticos” introducidos a propósito. Describió una traba posterior a la aprobación: los bancos exigían que la fecha de aprobación figurara en el sistema, aunque ese requisito no se correspondía con la normativa del Central.
El tercer caso atribuyó el inicio del sistema a una reestructuración para otorgar los permisos SIRA que quedaron centralizados en la Secretaría de Comercio. Ese declarante señaló que quienes necesitaban habilitar el trámite debían acudir “sí o sí” a ese organismo.
El cuarto aporte que presentó la fundación fue la versión de un mercado ilícito paralelo alrededor de la operatoria aduanera y del sistema SIRA. Con este testimonio plantearon que comenzaron a aparecer intermediarios que ofrecían servicios informales para acelerar una firma.
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Además, incorporaron un extenso hilo publicado en “X” por el usuario anónimo “drhousebit”, que describió el funcionamiento del sistema SIRA como una sucesión de obstáculos que afectaron a empresas dependientes de insumos importados. No obstante, advirtieron que este último descargo podría “ser recibido con cautela por tratarse de un testimonio anónimo difundido en redes sociales”.
Finalmente, la fundación recomendó al juzgado adoptar medidas para resguardar la identidad de quienes aporten información y consideró “especialmente pertinente” usar la figura del informante prevista en la Ley 27.319.
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