
El fiscal federal Gerardo Pollicita emplazó a Binance y Lemon a que en un plazo de 72 horas informen movimientos en cuentas del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, como parte de nuevas medidas de prueba que ordenó en la causa donde lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. Además, en un dictamen que firmó este viernes, el fiscal confirmó que se detectaron “inconsistencias” en la evolución patrimonial del ex funcionario.
En el tramo final de la pesquisa y de manera previa a pedirle un requerimiento de justificación patrimonial, la fiscalía ratificó que del resultado de las diversas pruebas que ya hay en la causa existen “inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial” de Adorni, según informaron a Infobae fuentes del caso. La inminencia de este eventual requerimiento fue uno de los motivos que esgrimió la fiscalía al pedir que la defensa informe a la Justicia cualquier plan de del ex jefe de Gabinete de Javier Milei para salir del país, con el fin de evaluar su “pertinencia”, algo que ya fue dispuesto por el juez del caso, Ariel Lijo.
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Este pedido de Pollicita se dio al mismo tiempo en que ordenaran al ex jefe de Gabinete a informar cada vez que quiera salir del país, para que en Tribunales evalúen “la pertinencia y razonabilidad”. Además, descartaron detenerlo, como habían pedido dos denunciantes.
Las cripto
La fiscalía recibió respuesta de Binance sobre la existencia de una cuenta asignada a Adorni abierta el 23 de junio de 2020 y pidió ante ello un detalle de los activos registrados desde esa fecha al 31 de mayo de 2021. En cuanto a Lemon, se le requirió que también en 72 horas envíe una ampliación de un informe sobre el usuario asignado a Manuel Adorni para el período 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022 que incluya el historial completo de los movimientos registrados en la cuenta, tanto en moneda nacional y/o extranjera como en activos virtuales, en particular operaciones con criptoactivos, con detalle de créditos, débitos, depósitos, retiros, transferencias, compras, ventas, conversiones, fecha, hora, monto, tipo de activo, cotización, concepto, cuentas o direcciones de origen y destino, CBU, CVU, wallets y datos identificatorios de las contrapartes.
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También en relación a la vinculación con cuentas bancarias, billeteras virtuales, tarjetas de crédito, plataformas digitales, exchanges u otros intermediarios, así como también cualquier otro medio de fondeo y/o retiro utilizado para operar en la plataforma. Además se pidieron detalles de saldo y tenencias registradas durante ese período, de las interacciones intra plataforma y de los movimientos de fondos en blockchain, con indicación del “hash” de cada transacción, red utilizada, token, monto, fecha y direcciones de origen y destino.
Las inversiones del ex funcionario
Poco antes de dejar el cargo, en declaraciones periodísticas, el ahora ex jefe de Gabinete dijo haber ahorrado US$500.000 “en negro” a partir de inversiones en plataformas cripto.
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A mediados de junio pasado, se pidió un informe técnico sobre la cotización del Bitcoin en los últimos 13 años para determinar si es posible que haya ganado USD 300 mil con una inversión que mantuvo “en negro” hasta ahora. La decisión se tomó luego que en la declaración jurada que presentó, Adorni blanqueó ingresos que corresponden a sus ahorros “en negro” durante esos años. Se busca determinar la trazabilidad del monto inicial de inversión, que según el funcionario fue de 200 mil dólares.

En cuanto al Bitcoin, la tarea de establecer un seguimiento de su cotización desde 2013 se encomendó a la DAFI, la dirección de Asistencia Fiscal en Investigaciones que ya realiza un informe sobre los ingresos y gastos de Adorni desde que fue nombrado vocero presidencial.
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Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y al directorio de YPF pero sigue imputado en la investigación que avanzó la semana última con nuevas declaraciones de testigos en relación al uso de tarjetas de crédito de sus ahora ex empleados en Gobierno para compras particulares como consolas de videojuegos que luego el ex funcionario imputado les pagaba en efectivo.
En otro de los casos se facturó a nombre de una funcionaria de su área la compra de camas y blanquería para la casa del barrio privado Indio Cua de los Adorni por casi 8 millones de pesos que, según declaró la testigo, pagaron en efectivo en el comercio. Quienes pasaron a declarar bajo juramento de verdad por el quinto piso de Comodoro Py 2002, sede de la fiscalía de Pollicita, confirmaron que estos episodios existieron.
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