Una funcionaria de la Vocería confirmó que le prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para que hiciera compras

La Justicia avanza con una nueva línea de investigación en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que apunta a esclarecer si usó a empleados y funcionarios públicos para que hagan compras por él, con el fin de ocultar gastos millonarios. Este lunes declaró como testigo Laura Schiuma, directora de Actividades Presidenciales en la subsecretaría de Vocería y Comunicación.

Schiuma se presentó en la Fiscalía Federal N° 11 de los tribunales federales de Comodoro Py, a cargo de Gerardo Pollicita, donde confirmó que le prestó su tarjeta de crédito a Adorni para que comprara un monitor gamer por $2.185.000. El modelo adquirido es un Samsung Odyssey Oled G8, que tiene una calidad de 4K y es una de las opciones de más alta gama que ofrece esa marca.

Según indicó la testigo ante los funcionarios judiciales, acordó con el entonces vocero -su jefe- que recibiría de regreso el dinero en efectivo.

El fiscal Pollicita detectó movimientos similares entre las cuentas de Adorni. Los gastos surgieron de la información obtenida de su cuenta de Mercado Pago, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales. Es que el exfuncionario, que acaba de presentar su renuncia, adhirió a su propia billetera virtual las tarjetas ajenas y así quedó registrada la inconsistencia.

Al igual que con el monitor gamer, los investigadores detectaron la compra de dos proyectores marca Epson para videojuegos, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, que costaron $1.831.795.

Para abonarlos se usaron dos tarjetas del Coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública, Luis Enrique Aluju, que también trabaja en la Vocería.

El monitor fue adquirido el 19 de agosto de 2025, mientras que los proyectores se habían comprado seis días antes. Por entonces, Adorni aún no había sido promovido a la jefatura de Gabinete y ganaba alrededor de $3.500.000 mensuales.

Todo esto encuentra su correlato con un antecedente que surgió del teléfono del contratista Matías Tabar, quien le remodeló la casa de Indio Cuá a Adorni por 245.000 dólares.

En el celular encontraron una factura a nombre de Gisela Kocsis, por una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, en la tienda Rosen The Store. El documento data del 2 de junio del año pasado.

Kocsis cumple funciones en la cartera de Medios y Comunicación desde 2011 y en marzo de 2025 se desempeñaba como secretaria privada de Adorni.

Según precisaron fuentes judiciales, el fiscal Pollicita pidió nuevas medidas que confirmaron que el destinatario final de los productos adquiridos en Rosen The Store fue Manuel Adorni, y que los mismos se entregaron en el country de Exaltación de la Cruz.

Últimos pasos

La Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) está elaborando un informe contable que revelará la magnitud de las inconsistencias en el patrimonio de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Si las conclusiones que arroje el estudio son desfavorables para Adorni, el fiscal Pollicita estará en condiciones de pedirle al juez Ariel Lijo que firme un requerimiento de justificación patrimonial. Esa será la primera oportunidad que tendrá el ministro coordinador para demostrar, por escrito, el origen legal de su fortuna.

Si aún entonces persisten las sospechas, entonces la Justicia daría un paso más y lo citaría a indagatoria. El ex jefe de Gabinete tendría que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse así de una acusación formal por corrupción.

Esta semana llegarían a Comodoro Py informes de las billeteras virtuales Lemon y Binance, el country Indio Cuá, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Universidad Abierta Interamericana (UAI), con respuestas a los últimos oficios que pidió el fiscal y ordenó el juez Lijo.

Todos estos papeles terminarán de cerrar el círculo sobre la investigación del patrimonio del exfuncionario libertario. Sin mucho más que revisar, la Justicia se apresta a pedirle explicaciones formales.