La Justicia ordenó nuevas medidas para verificar la coartada cripto de Adorni y revisarán los ingresos al country Indio Cuá

La Justicia ordenó este miércoles una nueva batería de medidas orientadas a comprobar la coartada cripto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a ampliar el alcance de la investigación por enriquecimiento ilícito, que tramita en el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió un informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que se detallen todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales o intermediarios de otro tipo que hayan operado en el país desde 2012, un año antes de que el jefe de los ministros empezara a incursionar en la compra y venta de Bitcoin, según él mismo dio a conocer la semana pasada.

El fiscal quiere saber qué entidades operaban en ese mercado incipiente por aquellos años donde el jefe de Gabinete dijo haber invertido 200.000 dólares, con los que ganó otros 300.000.

Una reconstrucción realizada por el ingeniero y especialista en blockchain Fernando Molina ayuda a tomar dimensión y contexto de esa cifra. Según su relevamiento, para el año 2014 apenas el 0,48% de las más de 3 millones de wallets que tenían Bitcoin en todo el mundo habían invertido 56.000 dólares o más.

El fiscal Pollicita -que trabaja en su equipo con un experto en cripto- también pidió los antecedentes regulatorios disponibles en materia de activos virtuales, y solicitó a la CNV que aclare si desde 2012 existía o no un “registro formal de prestadores” de estos servicios cripto, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

En línea con las averiguaciones que surgieron a partir de las últimas explicaciones del jefe de Gabinete, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) -un organismo del Ministerio Público- ya trabaja en la confección de un cuadro técnico con la evolución histórica del precio del Bitcoin, desde el año 2013 hasta la actualidad, a partir de fuentes abiertas.

Profundizan la investigación patrimonial

Según indicaron fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py, el fiscal también solicitó los registros de entradas y salidas al lote 380 del country Indio Cuá, donde el jefe de Gabinete compró y remodeló una casa de fin de semana.

Con esa información, la pesquisa busca “reconstruir aspectos estrictamente patrimoniales vinculados con las reformas” que se hicieron en ese domicilio, y “no se requirió información sobre visitas personales, reuniones o movimientos ajenos a esa finalidad”, precisaron las fuentes consultadas.

Quien estuvo a cargo de la remodelación de la casa fue el contratista Matías Tabar, quien declaró haberle cobrado 245.000 dólares al jefe de Gabinete. También dijo que ofició de intermediario en otras compras que hizo Adorni. Él recibía el dinero en efectivo y se encargaba de hacerle llegar al funcionario lo que necesite.

Un peritaje al celular del contratista reveló ahora que gestionó una compra de ropa de cama y blanquería por $8.183.303. “Fue en el lugar más caro posible”, describió una fuente al tanto de las averiguaciones. La factura aparece a nombre de una tercera persona y fue emitida el 2 de junio de 2025.

Infobae pudo comprobar con documentos oficiales que se trata de Gisela Kocsis, secretaria privada en la Vocería Presidencial.

Para evacuar la sospecha de que Adorni podría estar detrás de esa adquisición, el fiscal envió un oficio a la empresa para que aporte toda la información que permita identificar al destinatario final.

Además, los investigadores intentan corroborar la versión que indica que la madre de Adorni, Silvia Pais, se mudó al barrio privado Fincas de Iraola, ubicado en la localidad bonaerense de Berazategui.

De ser así, la administración del country tiene 72 horas para informar a la Justicia desde cuándo vive en ese lugar, si es propietaria o inquilina, y cuánto está pagando de expensas y alquiler, si ese fuera el caso.

En paralelo, el fiscal Pollicita pidió certificar la causa en la que investigan, también por enriquecimiento ilícito, al hermano del jefe de los ministros y diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni. Quienes deben responder al trámite son el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas.

Pollicita requirió que le informen cualquier referencia vinculada con bienes de origen familiar, dinero en efectivo, la sucesión de su padre, Jorge Adorni, o cualquier otro aspecto del caso que pudiera vincularse al presunto enriquecimiento ilegal del jefe de Gabinete.

Antecedentes laborales

Otra de las medidas que activó este miércoles el fiscal apunta a saber si Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, trabajaron para la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. Para aclarar este punto, el representante del Ministerio Público pidió informes al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El jefe de Gabinete habría cumplido funciones en esa entidad -vinculada a la Universidad Abierta Interamericana- entre 2017 y 2023, mientras que su pareja lo habría hecho desde 2018 y hasta el mismo año, según sospechan en Comodoro Py.

En este sentido, el fiscal quiere conocer qué cargos ocuparon, si cobraron sueldos -y cuántos ingresos percibieron-, y si presentaron declaraciones juradas durante esos períodos.