Una embarazada en Panamá es imputada por presuntamente lavar dinero para una estructura del narcotráfico

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas imputó cargos a una mujer por su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales, dentro de la investigación de la Operación Corsario, una pesquisa que desde 2024 busca desarticular una estructura criminal dedicada al narcotráfico, la asociación ilícita y el lavado de dinero con apoyo de las autoridades de España.

La investigación forma parte de las acciones contra las operaciones de la pandilla MF o Mafia Filipina, considerada una de las organizaciones criminales con mayor presencia en el país.

Durante la audiencia de garantías, el Ministerio Público logró la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos contra la investigada.

Sin embargo, el juez ordenó como medida cautelar el arresto domiciliario, al encontrarse la mujer en estado de embarazo. Además, le impuso prohibición de salida del país, permitiéndole abandonar su residencia únicamente para asistir a citas médicas o atender situaciones de emergencia.

La investigación de la Operación Corsario comenzó en 2024 y se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre las autoridades panameñas y organismos de investigación del Reino de España.

Las pesquisas permitieron ejecutar múltiples diligencias en distintos puntos del distrito de Panamá y avanzar en la desarticulación de una organización presuntamente dedicada al tráfico internacional de drogas, el blanqueo de capitales y otros delitos vinculados al crimen organizado.

Las autoridades sostienen que la estructura investigada habría utilizado un complejo esquema financiero para ocultar y movilizar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Precisamente por ello, la Fiscalía mantiene abierta una línea de investigación enfocada en seguir la ruta del dinero y establecer el papel que desempeñaban las personas encargadas de administrar, transferir o dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos mediante las operaciones del grupo criminal.

La Operación Corsario se convirtió en una de las investigaciones antidrogas de mayor alcance desarrolladas este año. Durante su fase operativa fueron aprehendidas 13 personas, se decomisaron 294 fardos de droga y un arma de fuego, mientras que posteriormente las autoridades capturaron a uno de los hombres incluidos en la lista de los más buscados por delitos relacionados con drogas, quien presuntamente también formaba parte de la organización criminal investigada.

El avance del caso también ha permitido ampliar las investigaciones hacia el componente financiero de la organización.

De acuerdo con el Ministerio Público, el objetivo es no solo procesar a quienes participaron directamente en el tráfico de sustancias ilícitas, sino también identificar a quienes habrían facilitado el lavado de activos, una pieza considerada clave para el funcionamiento y sostenimiento de las redes de narcotráfico.

Hasta el momento, la Procuraduría General de la Nación ha reiterado que continuará ejerciendo la acción penal contra todos los involucrados, respetando el debido proceso y las garantías constitucionales.

La investigación de la Operación Corsario permitió establecer que la organización no solo obtenía ganancias mediante el tráfico internacional de drogas, sino que también había desarrollado un esquema para ocultar el origen del dinero ilícito. Según las pesquisas, el grupo utilizaba actividades comerciales legales para introducir recursos en la economía formal y dificultar el rastreo de los fondos por parte de las autoridades.

Los investigadores detectaron que la estructura recurría a la apertura y administración de negocios dedicados al comercio, la venta de artículos, los servicios de belleza y otras actividades económicas con el fin de mezclar ingresos legítimos con recursos provenientes del narcotráfico. De esta manera, el dinero podía circular a través del sistema financiero con una apariencia de legalidad.

La Fiscalía también sostiene que la organización presuntamente empleaba terceras personas, entre ellas familiares y allegados de algunos de sus integrantes, para figurar como propietarios, administradores o representantes de las sociedades comerciales. Este mecanismo buscaba ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios de los recursos y dificultar las investigaciones patrimoniales.

De acuerdo con las pesquisas, otro de los pilares del grupo era la contaminación de contenedores en terminales portuarias panameñas. La red presuntamente infiltraba personal o aprovechaba colaboradores dentro de la cadena logística para introducir cargamentos de cocaína en envíos comerciales con destino a Europa, modalidad que permitió mantener durante varios años una operación de carácter transnacional antes de ser detectada por las autoridades.

Como parte del seguimiento de la investigación, las autoridades mantienen alertas internacionales para ubicar a otros presuntos integrantes de la organización. Entre los principales objetivos figuran los alias “Woper” y “Toti”, considerados por las autoridades entre los supuestos cabecillas de la estructura. En el caso de “Toti”, pesa una Notificación Roja de Interpol, luego de que los investigadores determinaran que podría haber salido de Panamá para evadir la acción de la justicia.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance completo de la estructura criminal, identificar a otros posibles implicados y establecer la trazabilidad de los recursos económicos presuntamente vinculados a las actividades ilícitas que dieron origen a la Operación Corsario.