Un financista investigado en la causa de las SIRA detalló qué exfuncionarios participaban de las maniobras y dijo que Alberto Fernández sabía todo

El financista Francisco Hauque acusó a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández de conocer y participar en una red de maniobras cambiarias ilegales con las Solicitudes de Importación de la República Argentina (SIRA), en una causa que instruye el fiscal Franco Picardi.

En declaraciones realizadas en ¿La Ves?, el programa de TN conducido por Jonathan Viale, el financista, investigado en la causa junto a Elías Piccirilo y Martín Migueles”, sostuvo que el esquema generaba hasta un millón de dólares diarios de ganancia y que el dinero llegaba al expresidente.

La causa tiene su origen en un pendrive aportado por un expolicía arrepentido que trabajaba con Piccirillo y quedó involucrado en una causa por secuestro. Piccirillo está procesado bajo arresto domiciliario por montar un operativo para acusar falsamente por narcotráfico a un acreedor al que le debía dinero: el propio Hauque. Como derivación de ese expediente, los investigadores llegaron a los delitos cambiarios y luego a las presuntas maniobras con las SIRA entre 2022 y 2023, durante el cepo del gobierno de Alberto Fernández, período en que la mayoría de los argentinos solo podía acceder a 200 dólares mensuales en el mercado oficial.

“Somos perejiles nosotros”, graficó Hauque antes de explicar que el eje de la trama fue Valeria Fernández, exauditora externa del Banco Central y titular de una consultoría con manejo de varias agencias de cambio. “Valeria llegó a generar un millón de dólares diario de beneficio”, afirmó el financista. El mecanismo, de acuerdo con el dictamen del fiscal, consistía en la compra de divisas al valor oficial a través de un grupo de casas de cambio para luego volcarlas al mercado paralelo. Según la evidencia que maneja la fiscalía, por cada gestión de aprobación de una SIRA se habría pagado entre un 10 y un 15 por ciento como retorno, calculado sobre el valor de las importaciones en dólares al tipo de cambio oficial o blue.

Juan Pablo Biondi, exsecretario de Medios y operador cercano a Alberto Fernández, habría sido el nexo que acercó el modelo de negocio a Valeria Fernández. “Valeria Fernández se lo acerca a Biondi”, precisó Hauque, y agregó que desde allí la información escaló hacia “gente de arriba”. Al ser consultado sobre quiénes integraban ese nivel superior, el financista señaló directamente a Miguel Ángel Pesce, expresidente del BCRA: “Obviamente, si es una persona que está preparada, instruida justamente para tener un cargo”.

Sobre la participación del exmandatario, Hauque fue categórico. “Gente como Alberto Fernández lo sabía”, dijo, y ante la repregunta sobre si sabía o participaba, respondió: “Participaba, como en todos los negocios”. El financista explicó que esa conclusión surge de reuniones a las que asistió junto a Piccirillo y otros integrantes del grupo, donde el expresidente era mencionado en forma recurrente. “Era una de las cajas de las cuales, de las tantas que él tenía”, sostuvo.

También involucró a Matías Tombolini, exsecretario de Comercio, a quien ubicó en las reuniones donde se discutía la operatoria con las SIRA. “Se lo nombraba”, afirmó Hauque al ser consultado por funcionarios del área económica. Respecto al BCRA en su conjunto, el financista no dejó margen de duda: “Del Banco Central está todo podrido, del primero al último”. En ese marco, mencionó a Romina García, funcionaria de esa institución, y reconoció que “me llegó a asesorar”.

La trama también incluía la falsificación de documentación. Según la acusación fiscal, Martín Migueles habría encargado la alteración mediante Photoshop de facturas de servicios públicos de gas, luz y telefonía para constituir o regularizar agencias de cambio y asociar a distintas personas con sociedades bajo sospecha. En conversaciones rescatadas de su celular, Migueles le pide a un contacto que modifique facturas de Edenor y Metrogas “para cuatro personas”. La fiscalía sostuvo que “la producción de facturas apócrifas de servicios no constituye un hecho aislado ni neutral, sino que se inserta de manera directa en la maniobra delictiva bajo investigación”. Migueles admitió la existencia de las facturas pero dijo no recordar “con precisión si esos archivos fueron efectivamente utilizados” y negó haber pagado sobornos a funcionarios.

La causa judicial también incorpora el vínculo entre Hauque y dos agencias de cambio —Atlantia Servicio Rosario y Sur Cambio— que, según el dictamen de Picardi, adquirieron 55 millones de dólares y transfirieron 32 millones a ARH Exchange, la casa de cambio de Piccirillo. La fiscalía determinó que ARH Exchange realizó 729 operaciones por más de 251 millones de dólares durante 2023. Hauque negó cualquier relación con esas entidades y aclaró que su único vínculo con el esquema fue un préstamo de tres millones de dólares a Piccirillo. Reconoció, en cambio, haber cedido otra agencia —Kis Cambio— para que Piccirillo la operara “sin mi consentimiento”.

Un informe presentado ante la jueza María Servini el 26 de mayo determinó que las casas de cambio investigadas retiraron en efectivo 600 millones de dólares de los bancos, sin que se pueda rastrear el destino posterior de ese dinero. Hauque especuló con que parte de esos fondos se habría invertido en la construcción de un hotel en Tandil, vinculado al grupo de Valeria Fernández y Juan Agra, su socio. “Creo que se empezó a construir y eso quedó parado ahí”, señaló.

Hauque aseguró recibir amenazas de muerte que atribuyó a “sectores oscuros del poder” con acceso a servicios de inteligencia, y dijo contar con custodia policial. Presentó pruebas de las intimidaciones ante el fiscal Picardi y advirtió que, si es convocado a declarar en la causa, aportará toda la información que posee. Entre quienes lo habrían amenazado mencionó a Valeria Fernández y a Juan Agra, este último sindicado como quien intentó comprar el Banco Su Crédito —también conocido como el Banco Boy— con siete millones de dólares cuya procedencia fue rechazada por las autoridades.