Martín Migueles se presentó en Comodoro Py para defenderse de la acusación por el “rulo cambiario” y los SIRA

Martín Migueles rechazó este lunes las acusaciones en la causa que lo investiga por supuestas maniobras con el “rulo cambiario” durante el cepo del gobierno de Alberto Fernández, en un descargo que llevó en persona a los tribunales federales de Retiro. El empresario admitió que actuó como intermediario en gestiones con permisos de importación pero negó haberle pagado a algún funcionario público.

“Yo no le pagué a ningún funcionario público”, sostuvo en el descargo entregado en la causa que investiga el fiscal federal Franco Picardi. Migueles, pareja de Wanda Nara, explicó que tuvo contactos con una persona de nombre “Pipo” por el tema de la tramitación de los SIRA, permisos de importación, pero “si él luego hacía pagos a terceros o no, eso no era de mi conocimiento directo ni estaba bajo mi control”, enfatizó. Se presentó a primera hora, 7.30, junto a su abogado defensor.

Según explicó en el descargo al que accedió Infobae, un conocido lo consultó en relación a si conocía a alguien “pudiera ayudarlo con una SIRA. En ese contexto contacté a una persona conocida como Pipo, a quien había conocido por intermedio de Pato“, reconstruyó en el descargo. Migueles admitió que intervino como intermediario pero aseguró que no tuvo “contacto directo con funcionarios públicos ni con la persona que supuestamente podía resolver el trámite, si es que existía”.

El empresario dijo que “en el marco de “estar en la calle”“, las situaciones de intermediación ”son habituales: alguien quiere comprar un vehículo, lo contacto con un vendedor y me llevo un porcentaje; alguien quiere realizar un trámite, lo contacto con un contador, y solicito una comisión por la referencia; y así pudiera seguir al infinito", graficó. “Pero: jamás, intermedio en situaciones que sean contrarias a la Ley”, aseguró.

“Sobre los porcentajes mencionados en conversaciones vinculadas a SIRA, aclaro que esos porcentajes eran los que, según me decían terceros, se cobraban para acelerar la realización del trámite. En ese momento se hablaba de demoras de aproximadamente noventa días y se ofrecía una gestión para obtener una resolución en un plazo menor. Desconozco si esas situaciones implicaban la interposición de amparos, o reclamos administrativos”, explicó en el escrito que ya está en manos de la justicia.

Validez de la prueba

De manera paralela, la defensa reclamó “el acceso integral, efectivo y técnicamente controlable a la prueba digital” que se usó para imputarlo en la causa por el “rulo cambiario”.

Se investigan maniobras a través de casas de cambio para acceder a dólar a valor oficial durante el cepo en el gobierno de Alberto Fernández y otras con permisos de importación con igual objetivo.

La defensa pidió al respecto individualizar todos los actos procesales que habrían autorizado la obtención, secuestro, extracción forense, remisión, recepción, incorporación y utilización de esa evidencia, centralizada en su teléfono celular.

El juez federal Ariel Lijo levantó el viernes último el secreto de sumario luego de disponer allanamientos a pedido del fiscal, quien tiene delegada la investigación. A raíz de ellos se conocieron los detalles de la causa por supuestas maniobras multimillonarias con la compraventa de dólares a precio oficial para revender a valor del blue durante el cepo cambiario.

El “rulo” cambiario

Migueles está imputado, además, en otra causa penal que tiene en la mira a financistas y cambistas por más maniobras de “rulo cambiario” que lleva adelante la jueza federal María Servini, quien inhibió sus bienes. En esta última causa, como reveló Infobae, la Cámara Federal porteña confirmó restricciones para acceder a cajas de seguridad y modificar el paquete accionario de su empresa, aunque ordenó suplantar su inhibición general de bienes por un embargo.

En la pesquisa que lleva adelante Picardi se investiga a Migueles y a su socio Elías Piccirillo, el exmarido de Jesica Cirio, en base a un pendrive que aportó un expolicía arrepentido que trabajaba con este último y quedó involucrado en una causa por secuestro. Por este caso, Piccirillo está procesado bajo arresto domiciliario por montar un operativo para acusar falsamente por narcotráfico a un acreedor al que le debía dinero, Francisco Hauque. Como derivación de esta causa, se llegó a los delitos cambiarios y luego a las supuestas maniobras con los SIRA entre 2022 y 2023.

El abogado de Migueles, Yamil Castro Bianchi, sostuvo que busca “ejercer adecuadamente el derecho de defensa en juicio, controlar la legalidad, integridad, autenticidad, trazabilidad y pertinencia de la prueba digital utilizada”. Además, dejó planteada una “expresa reserva de nulidad y exclusión probatoria respecto de todo elemento que hubiera sido obtenido, extraído, trasladado, incorporado o valorado sin autorización judicial suficiente”.

La defensa cuestionó particularmente el uso del contenido del celular atribuido a Migueles y advirtió que “un teléfono celular no es un simple documento” porque contiene “una enorme cantidad de información personal, profesional, patrimonial y comunicacional”. En ese sentido, remarcó que “su análisis no puede transformarse en una búsqueda general, abierta e ilimitada”.

También reclamó conocer “cómo, cuándo, por quién, con qué autorización, con qué límites y bajo qué resguardos técnicos esa información fue obtenida e incorporada al proceso”.

En otro tramo, la presentación sostuvo que la extracción forense del teléfono habría sido utilizada de manera parcial y selectiva. “No puede consolidarse una imputación seria ni fundarse la adopción de medidas gravosas sobre una lectura parcial, fragmentaria o selectiva de una extracción digital de gran volumen”, planteó.

Además, pidió acceder a la totalidad del material técnico para verificar “la integridad de la extracción; la autenticidad de los chats; la autenticidad de los audios; la existencia o inexistencia de ediciones; la identificación de los interlocutores; el contexto anterior y posterior de cada conversación”.

Sobre el rol del ex policía arrepentido en el caso, Carlos Smith como imputado colaborador, el escrito advirtió que sus dichos “no pueden ser utilizados como soporte autónomo o suficiente para validar la expansión de una pesquisa”. También recordó que la ley del arrepentido exige que la información aportada sea “precisa, comprobable y verosímil”.

La defensa solicitó además que se incorporen “la declaración completa” del arrepentido, el eventual acuerdo de colaboración y “las constancias de corroboración de sus dichos”.

Finalmente, pidió que no se adopten “medidas gravosas” contra Migueles basadas “exclusiva o sustancialmente en fragmentos de chats, audios, imágenes, videos o transcripciones provenientes de una extracción digital cuya legalidad, integridad, autenticidad y contexto completo aún no han sido verificados por esta defensa”.

También advirtió que “la evidencia digital atribuida a Migueles proviene de otra causa”.

La acusación

Del análisis del teléfono celular de Migueles se habría determinado que, además de un complejo entramado montado a través de financieras y agencias de cambio para acceder a divisas al tipo de cambio oficial durante el cepo cambiario, habría otra operatoria con los permisos de importación. En el teléfono se encontraron conversaciones que llevan a la fiscalía a sospechar que Migueles habría intervenido en gestiones destinadas a facilitar el acceso a dólares oficiales mediante la intermediación entre empresas privadas y funcionarios estatales.

La investigación estuvo bajo secreto de sumario hasta el viernes último cuando se conocieron los pormenores del caso que involucra a Migueles y en el cual el fiscal Franco Picardi consideró que hay elementos para sostener que hubo maniobras para acceder al dólar oficial de manera irregular con los SIRA, el Sistema de Importaciones de la República Argentina. En concreto se investiga a cinco empresas, según explicaron fuentes del caso a Infobae.

Según la evidencia que maneja la fiscalía, “todo se realizaba a través de un contacto en un organismo estatal, que ofrecía gestionar la autorización de trámites a cambio del pago de sumas de dinero indebidas”: por cada gestión de aprobación se habría pagado entre un diez y un quince por ciento como retorno, en relación al valor de las importaciones en dólares valuadas al tipo de cambio oficial o “blue”.

Del teléfono de Migueles se desprendería que junto a otros investigados se ofrecía o gestionaba la posibilidad de acelerar y/o garantizar el acceso al mercado oficial de cambios a empresas importadoras mediante la tramitación rápida y favorable de solicitudes en el marco del SIRA.