Rulo cambiario: las facturas de servicios falsas que formaron parte del entramado que complica a Migueles y su socio Piccirillo

El empresario Martín Migueles habría pagado para hacer insertar con “Photoshop” datos falsos en facturas de servicios públicos de gas, luz y telefonía, para constituir o regularizar agencias de cambio y asociar a distintas personas con sociedades bajo sospecha, en el entramado delictivo que investiga el fiscal federal Franco Picardi.

Se trata de presuntas maniobras multimillonarias de “rulo cambiario” con la compra de dólar a precio oficial durante el cepo y su posterior venta a valor blue, en 2023.

Una conversación, rescatada de la extracción de datos de su celular, mostraría cómo pide a un contacto al que llegó a través de un familiar que altere facturas de servicios mediante Photoshop.

En el descargo que presentó el lunes último de manera espontánea en Comodoro Py, el empresario se refirió al tema como las “facturas editadas con Photoshop”, admitió que existieron pero dijo no recordar “con precisión si esos archivos fueron efectivamente utilizados”, pero creía que finalmente no se usaron. “Considero indispensable que se verifique si tales documentos fueron o no presentados ante algún organismo”, agregó.

El pedido de las facturas

“Ale querido ¿qué hacés? Martín Migueles“, se presentó. “Escuchame, boludo, necesito un favor, obviamente te lo pago. Es yo te paso una factura de Edenor y de Metrogas y le tenés con Photoshop cambiarle el nombre, la dirección y hacer un par de cosas. ¿Me lo podés hacer eso amigo? Te pago, te transfiero la plata y demás. Es para hacerlo para cuatro personas, una factura para cada uno… cuatro facturas en total. Por ahora eso. ¿Se puede?”. Su interlocutor le dio el ok y el tema avanzó.

Según la acusación, las facturas apócrifas de luz, gas y telefonía eran utilizadas para constituir o regularizar agencias de cambio vinculadas al entramado investigado y asociar a distintas personas con sociedades bajo sospecha.

Los investigadores sostienen que, tras ese primer contacto, coordinó la confección a nombre de personas y firmas relacionadas también con su socio e imputado, Elías Piccirillo, exmarido de la vedete Jésica Cirio.

Las imágenes de estas facturas se encontraron en el celular de Migueles, al igual que el comprobante de pago por esos “servicios”. Hubo instrucciones concretas sobre qué documentación debía falsificarse y a nombre de quiénes. Entre los nombres mencionados figuraban familiares de Piccirillo y agencias de cambio.

Agencias como fachada

En la acusación fiscal, conocida luego de levantarse el secreto de sumario en la causa. que también abarca presuntos pagos de sobornos para acelerar trámites de importación y acceso a dólar oficial, se remarcó que estos diálogos “refuerzan la idea de que muchas de las cadenas de transacciones entre las agencias de cambio eran falsas o simuladas”, y que varias de esas firmas actuaban como “fachadas” sin actividad cambiaria real, destinadas a comprar dólares al tipo de cambio oficial y luego venderlos en el circuito paralelo, además de ocultar la trazabilidad del dinero.

Horas después del pedido inicial, Migueles recibió en su teléfono los archivos con las facturas de servicios falsas emitidas a nombre de dos familiares de Piccirillo y otros dos implicados en la investigación, todas correspondientes a luz y gas. Luego, realizó nuevos encargos vinculados a facturas telefónicas, lo que para la fiscalía demuestra “la continuidad y perfeccionamiento de la práctica”.

Se daban instrucciones de los requerimientos necesarios para que resultaran idóneas “a fin de generar el engaño ante le organismo o entidad en la que serían presentadas, presumiblemente el propio BCRA o la Inspección General de Justicia“.

La fiscalía destacó que varias de las personas y empresas utilizadas en las facturas falsas estaban directamente relacionadas con la casa de cambio de Migueles, ARG Exchange S.A., ya sea por integrar su directorio, poseer acciones o mantener vínculos con otras agencias que operaban junto a esa firma. También remarcó los lazos familiares con Piccirillo. “La producción de facturas apócrifas de servicios no constituye un hecho aislado ni neutral, sino que se inserta de manera directa en la maniobra delictiva bajo investigación”, sostiene la investigación fiscal. La falsificación de facturas revela la intención de “evitar la utilización de datos reales o verificables” en una actividad sometida a controles estrictos.

Qué dijo Migueles

El lunes pasado, a primera hora, Migueles junto a su abogado Yamil Castro Bianchi se presentaron en la mesa de entradas de la fiscalía de Picardi en Comodoro Py 2002 y dejaron un descargo escrito.

Allí la ahora ex pareja de Wanda Nara explicitó no recordar si esos archivos digitales fueron efectivamente utilizados y pidió que se determine si alguna documentación de la mencionada fue realmente presentada ante organismos oficiales. “No debe confundirse la existencia de un archivo digital o una conversación con su efectiva utilización en un trámite administrativo”, argumentó.

Según la imputación fiscal, ARG Exchange S.A. “habría actuado como un intermediario en operaciones de compra y venta de dólares para canalizar divisas hacia el mercado paralelo”, facilitando “la extracción de divisas del mercado oficial y su eventual desvío hacia circuitos paralelos”. El fiscal sostuvo además que, de acuerdo con información del Banco Central, durante 2023 la firma realizó 729 operaciones por más de USD 251 millones.

Migueles sostuvo que nunca compró dólares personalmente y afirmó que la agencia operaba “bajo las normas del Banco Central, con boletos diarios y registros respaldatorios”. También aseguró que ARG Exchange realizaba operaciones “por mayor entre entidades financieras o agencias habilitadas” y que, si otras casas de cambio retiraban dólares o los destinaban a otra finalidad, “eso no era decidido por mí ni estaba bajo mi control”.

Otro de los ejes centrales del expediente son las conversaciones vinculadas a las SIRA y presuntas gestiones informales para agilizar importaciones. Picardi interpretó esos diálogos como parte de un circuito irregular asociado a contactos con funcionarios y operadores. Migueles negó haber pagado sobornos o tenido vínculos directos con funcionarios públicos. Según su versión, actuó únicamente como intermediario y los porcentajes mencionados en chats eran referencias sobre “lo que cobraban terceros”.

El fiscal contextualizó además las maniobras en los años de cepo cambiario, cuando la mayoría de los argentinos sólo podía acceder a USD 200 mensuales en el mercado oficial.

Migueles reclamó que cualquier evaluación sobre su patrimonio se haga sobre “documentación objetiva: titularidad registral, contratos, transferencias, comprobantes, mutuos, declaraciones impositivas, extractos bancarios y pericias contables”.