Seis hombres fueron condenados por maniobras defraudatorias mediante el uso de cheques electrónicos tras una investigación encabezada por la Fiscalía Penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de Salta.
La audiencia se realizó bajo la modalidad de juicio abreviado pleno y tuvo como eje la sofisticación de los mecanismos empleados para engañar a comercios de distintos rubros.
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El juez Leonardo Feans homologó el acuerdo entre las partes y dictó sentencia contra los involucrados, quienes participaron en una estructura organizada para cometer estafas en perjuicio de tres empresas. Los representantes legales de las firmas damnificadas —dedicadas a la venta de elementos de seguridad industrial, lubricantes y artículos para el hogar— manifestaron su conformidad con la resolución judicial.
Durante el proceso, quedó expuesto el modo en que el grupo, liderado por Héctor Rubén Jiménez y Juan Carlos Sacarías, actuaba con una distribución de tareas bien definida. Ambos fueron condenados a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo como coautores de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefes u organizadores, y estafas. Esta decisión se fundamentó en las pruebas recabadas que mostraron una planificación sistemática de los hechos.
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Además de las condenas para los organizadores y de acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, el juez impuso tres años de prisión de ejecución condicional a Cristian Ignacio Illescas, Fabricio Isaías Sacarías Galindo y Marcos Damián Ruiz, señalados como coautores de asociación ilícita en calidad de miembros y estafas.
Por su parte, Emanuel Nolberto Álvarez recibió una condena de un año de prisión condicional por el delito de estafa. En cambio, el Ministerio Público Fiscal solicitó y obtuvo el sobreseimiento de Leandro Nicolás Lozano, según se informó durante la audiencia.
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La Fiscalía también demandó el decomiso de los bienes secuestrados en el marco de la investigación, iniciativa que fue aceptada por el tribunal. Tanto la Fiscalía como las defensas renunciaron a los plazos legales para recurrir la sentencia, lo que otorga firmeza inmediata a la resolución.
Según al investigación, entre septiembre de 2022 y abril de 2023, la organización se dedicó a visitar comercios simulando solvencia económica para adquirir productos por montos millonarios. Como medio de pago, los miembros utilizaban cheques electrónicos emitidos desde cuentas sin fondos, plenamente conscientes de que no serían acreditados. Esta modalidad permitió a los condenados acceder a mercadería sin respaldo financiero genuino, generando daños económicos significativos a las empresas afectadas.
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La investigación de la UDEC se inició a partir de denuncias de las empresas damnificadas. Los investigadores detallaron que los líderes de la banda captaban personas jóvenes sin antecedentes financieros negativos, a quienes ofrecían una compensación a cambio de abrir cuentas bancarias y gestionar chequeras electrónicas. Posteriormente, estos individuos acudían a los comercios para realizar compras de alto valor utilizando los cheques emitidos en las cuentas abiertas a su nombre.
Las sumas obtenidas mediante estas maniobras eran transferidas a cuentas pertenecientes a los organizadores o a personas vinculadas a ellos. El entrecruzamiento de la información permitió a la Fiscalía establecer que todos los hechos respondían a una única modalidad delictiva y eran perpetrados por los mismos involucrados.
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Entre las pruebas reunidas se destacan registros de movimientos bancarios, comunicaciones entre los miembros y documentación vinculada a la apertura de cuentas y emisión de cheques. El análisis detallado de estos elementos fue clave para demostrar la existencia de una asociación ilícita con roles claramente diferenciados entre organizadores y ejecutores.
La sentencia dictada por el juez Leonardo Feans representa una respuesta judicial ante el uso de herramientas digitales para la comisión de delitos económicos complejos.
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