Hotesur-Los Sauces: anularon el rechazo de la probation a una empresaria vinculada a la obra pública

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el rechazo de la probation solicitado por Myriam Elizabeth Costilla, ex presidenta de la constructora Kank y Costilla S.A., en un tramo residual de la causa Hotesur-Los Sauces, y dispuso que el expediente regrese al tribunal oral para que dicte un nuevo pronunciamiento. La decisión, adoptada por mayoría en la Sala IV, reabrió el debate sobre la posibilidad de evitar el juicio oral en este expediente.

El proceso se inscribe en una investigación más amplia vinculada a la adjudicación de obra pública vial durante los gobiernos kirchneristas y a un presunto entramado de lavado de activos. En ese esquema, la acusación ubica a Costilla como una pieza relevante en su carácter de titular de la firma constructora.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la imputada intervino “entre enero de 2007 y agosto de 2013 en la ejecución y subsistencia de la matriz de corrupción, posibilitando desde su rol de Presidente de KANK Y COSTILLA SA que se sustrajeran en forma periódica y constante fondos públicos mediante la maniobra de defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial”.

Dentro de ese marco, se le adjudica haber tomado parte en licitaciones públicas orientadas a beneficiar al grupo empresario de Lázaro Báez, incluso en contextos donde regían restricciones para la participación simultánea de firmas vinculadas. En ese sentido, la fiscalía indicó que “decidió ofertar en las licitaciones investigadas, a pesar de estar expresamente prohibida la concurrencia múltiple de empresas del mismo conglomerado, contribuyendo a la estrategia desplegada por el GRUPO BÁEZ para aumentar el costo de las licitaciones”.

Las actuaciones también detallan presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos adjudicados. Entre otros aspectos, se describe que la empresa presidida por Costilla “incumplió sistemática y reiteradamente los plazos de contratación y entrega e introdujo y obtuvo sucesivas modificaciones de obra respecto del plazo y monto”, además de acceder a condiciones privilegiadas en el circuito de pagos estatales.

En esa línea, la hipótesis de la acusación sostiene que la firma habría contado con “un canal exclusivo de pago anticipado”, percibido certificados con mayor celeridad que otras contratistas y accedido a anticipos financieros “sin cumplir los requisitos legales exigidos”, además de recibir pagos por tareas no ejecutadas o inconsistentes con los planes aprobados.

Para la fiscalía, a su vez, estas prácticas integraron un engranaje más amplio en el que las empresas vinculadas al grupo Báez “fuesen las únicas contratistas de obra pública en el país a las que no se le adeudaba un solo centavo al finalizar el mandato de Cristina Fernández de Kirchner”.

“Así entonces, la acusación de este Ministerio Público Fiscal sostiene que Myriam Costilla contribuyó desde su posición como Presidente de Kank y Costilla en la ejecución y extensión en el tiempo de las graves irregularidades en la adjudicación, ejecución y pago de las obras viales asignadas a dicha firma, permitiendo así la generación de un perjuicio millonario a las arcas públicas y que la defraudación al Estado se desarrollara y perpetuara en el tiempo", se lee en la imputación de la fiscalía.

La causa Hotesur-Los Sauces, iniciada en 2014, investiga un presunto circuito de lavado de dinero a través de las empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner. La hipótesis plantea que empresarios como Báez y Cristóbal López, beneficiados con contratos estatales, canalizaron fondos hacia esas sociedades mediante alquileres de hoteles y propiedades. El expediente principal ya fue elevado a juicio oral, aunque su inicio permanece demorado a la espera de un peritaje contable destinado a reconstruir el flujo de esos activos.

En este tramo del proceso, la defensa de la empresaria Costilla pidió la suspensión del juicio a prueba, al entender que se reunían los requisitos legales: falta de antecedentes, expectativa de pena condicional y ofrecimiento de reparación económica.

El Tribunal Oral Federal N° 2 desestimó ese planteo con el respaldo del Ministerio Público Fiscal y de la querella, en cabeza de la Unidad de Información Financiera, tras ponderar la gravedad de los hechos investigados como incompatible con la aplicación del instituto procesal.

La resolución fue impugnada ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. En su voto, el camarista Gustavo Hornos avaló la negativa y consideró que se encontraba debidamente fundada en la entidad del caso. Al respecto, remarcó que la maniobra implicaba “un colosal daño al erario público” y la encuadró como “una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente acreditadas en la historia argentina”.

En ese mismo sentido, Hornos enfatizó que la oposición del Ministerio Público Fiscal constituía un elemento relevante para descartar la probation, especialmente en función de la dimensión institucional del caso, al tratarse de un supuesto de corrupción estructural con impacto directo sobre los fondos públicos.

También advirtió que los delitos de corrupción “no sólo generan una incalculable afectación al patrimonio público, sino que deslegitiman la democracia representativa al quebrantar el principio fiduciario que rige el mandato político”.

Esa postura, sin embargo, no reunió mayoría. El juez Mariano Borinsky consideró que la oposición fiscal carecía de una “fundamentación suficiente” y cuestionó la ausencia de un análisis individualizado de la situación de Costilla dentro del proceso.

En esa línea, entendió que el tribunal oral no realizó un control adecuado sobre los argumentos del fiscal y que la decisión impugnada omitió evaluar en concreto las condiciones personales de la imputada frente a los requisitos exigidos para acceder a la probation.

En concordancia, Diego Barroetaveña advirtió que la resolución del tribunal de juicio no efectuó “un control suficiente de legalidad, logicidad y fundamentación”.

Con esos votos, la Sala IV hizo lugar al recurso de la defensa, dejó sin efecto el rechazo de la probation y dispuso que el expediente vuelva al tribunal de juicio para que dicte un nuevo fallo sobre la procedencia del beneficio.