
La Cámara Federal de Casación Penal fue escenario de la Primera Jornada de Ejecución Penal, un evento que reunió a magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, representantes de los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal, y que fue transmitido por Zoom a todas las jurisdicciones del país. La actividad, realizada en el Salón Auditorio del tribunal, marcó un paso relevante en el fortalecimiento del sistema de ejecución penal federal y en la visibilización de los desafíos que enfrenta la realidad carcelaria argentina.
La apertura estuvo a cargo del juez Gustavo M. Hornos, coordinador de la Comisión de Cárceles y Ejecución de la Pena de la Cámara y presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles.
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Hornos destacó la iniciativa de la presidencia de la Cámara, a cargo del Dr. Diego Barroetaveña, y subrayó la importancia de dar visibilidad a las tareas de las dependencias del cuerpo, no solo por su relevancia jurídica sino también por su dimensión política y social. En sus palabras, remarcó los fines de la pena y el potencial del trabajo interdisciplinario e interinstitucional para promover la reinserción social de las personas privadas de libertad.
El magistrado señaló que la realidad carcelaria actual está atravesada por problemáticas estructurales como el hacinamiento, la violencia y la falta de recursos, factores que muchas veces dificultan el cumplimiento efectivo de los fines de la pena. Hornos subrayó la necesidad de fortalecer espacios de encuentro y debate como la jornada presentada, que actúan como puentes para la reintegración social efectiva y la prevención de la reincidencia.
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Durante la jornada participaron también la Dra. Virginia Barreyro, directora de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal; la Dra. Yamila Massad, coordinadora del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal; y la Dra. Anabella Pagotto Fuhr, secretaria delegada de Ejecución Penal. Cada una de ellas expuso sobre las tareas desarrolladas en sus áreas y el rol clave del trabajo articulado para garantizar derechos y acompañar los procesos de las personas privadas de la libertad.
La clausura del evento estuvo a cargo del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, quien resaltó la labor desarrollada en los últimos años por Hornos al frente de la Comisión de Cárceles y Ejecución.
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Barroetaveña elogió el trabajo de las funcionarias que lideran las instituciones mencionadas, la notoriedad y el despliegue territorial que han alcanzado, así como la finalidad para la que fueron creadas y su impacto en todo el país. El presidente de la Cámara valoró el gran trabajo realizado “a lo largo y ancho del país” y destacó la importancia de consolidar un sistema de ejecución penal que combine eficacia, control y respeto de los derechos fundamentales.
La jornada, que contó con una nutrida concurrencia presencial y remota, permitió compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y debatir sobre los principales desafíos de la ejecución penal en la Argentina: desde el control de condiciones de detención hasta el acompañamiento de la reinserción social, la articulación interinstitucional y la necesidad de políticas públicas que aborden el ciclo completo del cumplimiento de la pena.
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El sistema de ejecución penal argentino enfrenta desafíos estructurales, entre ellos el hacinamiento, la sobrepoblación, la violencia intramuros y la falta de recursos materiales y humanos. La realización de jornadas como ésta refuerza la importancia de la actualización permanente, la formación y el trabajo conjunto entre los distintos actores del sistema penal federal.
El evento fue valorado por los participantes como una instancia de formación y actualización indispensable para consolidar un sistema penal más justo, eficiente y orientado a la reintegración social, en línea con los principios constitucionales y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La experiencia dejó planteada la necesidad de sostener espacios de encuentro y debate, no solo para visibilizar las tareas de las dependencias judiciales, sino también para identificar áreas de mejora y promover una política criminal acorde a los desafíos del presente.
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