La detención de guardabosques indígenas mayangna ha generado una nueva exigencia pública hacia el Gobierno de Nicaragua por parte de la Fundación del Río, organización ambientalista que operaba en el país y actualmente tiene su sede en Costa Rica.
La Fundación reclama la liberación inmediata de ocho defensores del territorio, quienes, según la ONG, permanecen privados de libertad en condiciones que vulneran sus derechos humanos.
Los hechos involucran a guardabosques del territorio Mayangna Sauni As, dentro de la reserva de la biosfera de Bosawas, en la región del Caribe nicaragüense.
Estas detenciones se produjeron durante diversos operativos entre 2021 y 2023. La Fundación del Río argumenta que se trata de represalias por su labor de denuncia y protección ambiental ante la invasión de “colonos” y actividades extractivas ilegales.
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Entre los detenidos se encuentran miembros de la misma familia, incluidos Rodrigo Bruno Arcángel y sus hijos Olvier y Evertz Bruno.
Cuáles son las acusaciones contra los guardabosques
En enero de 2023, la Fiscalía de Nicaragua presentó cargos contra 24 personas identificadas como guardabosques comunitarios. Las acusaciones formales incluyeron crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales. De ese grupo, diez recibieron condenas y continúan en prisión.
La Fundación del Río afirma que la función principal de los guardabosques era monitorear la invasión de tierras indígenas y denunciar la venta y arriendo ilegal de terrenos.
La organización denuncia que la criminalización de estos defensores se enmarca en una estrategia estatal orientada a debilitar la organización comunitaria indígena y a dificultar la protección del entorno natural.
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Denuncias internacionales y peticiones de liberación
La Fundación del Río, bajo la dirección del ambientalista Amaru Ruiz, sostiene que organismos internacionales han determinado la ilegalidad de las detenciones.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas catalogó los arrestos como arbitrarios y vinculados directamente a la labor de defensa ambiental e indígena.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han solicitado al Estado nicaragüense que libere a los detenidos. Hasta el momento no se ha cumplido con dicha recomendación.
Diversas organizaciones mantienen que la persecución contra los guardabosques mayangnas no representa un hecho aislado. Sostienen que se trata de un patrón sistemático de criminalización dirigido a quienes defienden territorios indígenas y recursos naturales en Nicaragua.
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Contexto de la detención y el pedido de liberación
La Fundación del Río rememoró, en el marco del Día de la Tierra, que proteger los bosques “no debería ser motivo de persecución ni cárcel”. El comunicado incluyó una exigencia al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que ordenen la liberación inmediata de los ocho guardabosques mayangnas.
Esta situación ha provocado preocupación internacional y expone los conflictos existentes en Nicaragua entre el Estado, las comunidades indígenas y los intereses extractivos en territorios bajo protección.
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