La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires confirmó restricciones para acceder a cajas de seguridad y modificar el paquete accionario de su empresa impuestas a Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, en una causa penal por presuntas maniobras ilícitas vinculadas al mercado cambiario. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones ordenó suplantar su inhibición general de bienes por un embargo.
Los jueces de la sala I de la Cámara Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens avalaron la “prohibición de innovar” que rige desde diciembre pasado sobre las cajas de seguridad y el paquete accionario de la firma “Arg Exchange SA” que preside Migueles y que resolvió la jueza del caso, María Servini.
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El empresario está imputado por una presunta maniobra de adquisición ilegítima de dólares aprovechando el cepo cambiario durante 2023, como parte de una investigación que involucra a más de treinta casas de cambio y entidades financieras. Diecisiete de estas firmas habrían canalizado $141.596 millones provenientes de más de 2.700 personas físicas y 647 jurídicas con la sospecha de que parte de esos fondos sería de origen ilícito, según la acusación.
En el caso de “Arg Exchange SA”, que preside Migueles, la investigación señala compras de divisas por unos USD 67,9 millones entre el 3 y el 20 de octubre de 2023, con presuntas transferencias y extracciones en efectivo que forman parte del análisis judicial.
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Medidas cautelares
El 26 de diciembre pasado, Servini dispuso la inhibición general de bienes de Migueles y de la firma, así como la prohibición de innovar sobre la totalidad del paquete accionario de “Arg Exchange SA”. Posteriormente, el 29 de diciembre, se amplió la medida para incluir la prohibición de innovar respecto al contenido de las cajas de seguridad que posean los involucrados. Estas medidas buscan evitar que, ante el avance de la investigación, los imputados se desprendan de bienes que podrían ser objeto de decomiso, justificó en ese momento.
La jueza explicó que “a partir de las distintas medidas probatorias desplegadas hasta el momento se pudo establecer la existencia de un gran entramado de personas físicas y jurídicas, cuya participación mancomunada habría permitido montar una estructura para realizar las conductas ilícitas" que les habrían permitido “hacerse de millonarias sumas de dólares estadounidenses en efectivo”.
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A la hora de resolver sobre una apelación de la defensa, la Cámara Federal confirmó ahora lo relativo a las cajas de seguridad y las acciones de la firma. Advirtió que de “no adoptarse en este estadio procesal las medidas precautorias tendientes a conservar el patrimonio de las personas investigadas, podría facilitarse la realización de maniobras de elusión o frustración de las acciones jurisdiccionales dirigidas sobre los eventuales productos del delito”.
Advertencia: precisar el delito
En cuanto a la inhibición de bienes, el Tribunal de Apelaciones ordenó suplantarla por un embargo cuyo monto deberá fijar la magistrada. Para ello, “deberán precisarse también de manera más concreta los alcances del suceso aquí investigado y su significación jurídica, presupuestos todos ellos necesarios para la determinación de tales cuantías”, advirtieron en su voto los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
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La inhibición de bienes seguirá vigente hasta que se concrete el embargo, resolvieron.
El juez Mariano Llorens remarcó por su parte que en la narración de los hechos investigados no se explica “en dónde reside el componente espurio del caso que respaldaría la intervención de este fuero, ni su significación jurídica, de modo de enmarcar la senda del expediente y de las decisiones que corresponden adoptar en su seno”.
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Llorens sostuvo que hay “urgente necesidad de que los magistrados que intervienen en la causa satisfagan ese reclamo de precisión que permita encauzar adecuadamente la senda de la investigación, así como los derechos de las personas convocadas al sumario”, pese a lo cual respaldó la decisión de confirmar las medidas cautelares con el reemplazo de la inhibición de bienes por el embargo.
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