
La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido y su esposa Alessandra Minnicelli, en una decisión que abrió el camino para el envío del caso a juicio oral.
Se trata de una investigación impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli y que se centró en el incremento patrimonial registrado por el matrimonio durante los años en que De Vido ocupó cargos públicos, en un período que abarca las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
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El procesamiento fue resuelto por el juez federal Sebastián Casanello, en una decisión que ahora fue confirmada por los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la sala I de la Cámara Federal porteña.
“Ha quedado demostrado que Julio Miguel De Vido aumentó de manera apreciable e injustificada su patrimonio mientras se desempeñó en la función pública”, concluyó el Tribunal de Apelaciones, que también avaló el embargo conjunto por 998 millones de pesos.
Qué se investigó
De Vido está procesado como presunto autor y su esposa como supuesta partícipe necesaria. Sobre Minnicelli, la Cámara advirtió que “habría realizado operaciones que incrementaron el patrimonio del ex funcionario, utilizando fondos que no tendrían origen en ingresos legítimos”.
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El período investigado abarca desde mayo de 2003 a octubre de 2017 y “con el grado de provisoriedad que requiere la etapa que se transita” ha quedado demostrado “que Julio Miguel De Vido aumentó de manera apreciable e injustificada su patrimonio” mientras se desempeñó en la función pública, “y durante los dos años siguientes, para lo cual contó con la colaboración de su esposa y de terceras personas”, concluyó la Cámara.

El monto cuestionado asciende, de acuerdo al análisis judicial, a unos 690.000 dólares. De Vido está detenido en la cárcel de Ezeiza cumpliendo condena firme por la tragedia del tren de Once y se le rechazó la semana pasada un nuevo pedido de prisión domiciliaria basada en motivos de salud.
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La investigación pasó por tres jueces y retomó distintos elementos investigados en otras causas, entre ellos los hechos que se debaten en el Tribunal Oral Federal 7 en el caso Cuadernos, donde De Vido es en la actualidad juzgado y la condena por lavado de dinero dictada en un juicio oral contra Nélida Caballero, ex cocinera de la residencia del entonces ministro de Planificación Federal.
El departamento de Avenida Del Libertador
Uno de los ejes centrales del procesamiento es la compra de un departamento sobre la avenida Del Libertador, adquirido entre 2007 y 2009 mediante una estructura societaria que, según la pesquisa, habría buscado ocultar la titularidad real del inmueble.
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El juez sostuvo que el matrimonio habría utilizado fondos sin justificación lícita para adquirir la propiedad, que fue registrada a nombre de la empresa Uni-Vite Argentina S.A., cuyo capital no habría permitido afrontar una operación de esa magnitud. De acuerdo con la causa, pese a ser los verdaderos propietarios, De Vido y Minnicelli habrían simulado ser inquilinos hasta octubre de 2018 y continuaron ocupando el inmueble hasta marzo de 2023.

“La investigación desarrollada implicó la producción de un gran número de medidas de prueba que permitieron comprender las maniobras y las conductas presuntamente desarrolladas por los implicados”, agregó el Tribunal de Apelaciones. Al resolver los procesamientos, Casanello atribuyó a De Vido haber incrementado su patrimonio de forma apreciable durante el período en que ejerció la función pública en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y como Diputado nacional “sin justificación en sus ingresos legítimos o recursos lícitos registrados y declarados, por un monto total que ascendería, al menos, a USD 687.000”.
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En cuanto a su esposa, Minnicelli cumplió funciones en la Sindicatura General de la Nación entre el 19 de junio de 2003 y el 20 de noviembre de 2007 y se la procesó porque habría “actuado con su cónyuge para incrementar y disimular su patrimonio por fuera de sus ingresos legítimos”. También se confirmaron los procesamientos de dos supuestos testaferros Juan Manuel Sebastián Pérez y Susy Inés Bello Knoll y se dictó falta de mérito para Raquel Irene Flanzbaum, sobre quien se dispuso profundizar la pesquisa.
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