Cristina Fernández de Kirchner se presentó en queja ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que terminó por habilitar a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que siga ejerciendo el rol de querellante en la causa Hotesur.
El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, consideró que a pesar de no poseer las facultades legales, la UIF quedó facultada “para impulsar la acción penal, ofrecer elementos de prueba, cuestionar los planteos de los imputados y sus defensas y recurrir decisiones adversas a sus pretensiones”.
En la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, destacó que la participación del organismo en el juicio “produce un gravamen actual, concreto e irreparable para esta parte, toda vez que incrementa el riesgo de persecución penal al validar ilegítimamente la actuación de una parte acusadora adicional”.
La defensa de Cristina Kirchner señaló además que “se verifica en la actualidad una situación gravemente lesiva del principio de igualdad ante la ley”.
En este sentido, precisó que “la UIF solamente querellará a funcionarios de anteriores gobiernos, no así a los de la actual gestión, pese a las múltiples denuncias que pesan en su contra”.
Agregó que “la UIF ha sido apartada en otras causas en trámite” porque el Poder Ejecutivo revocó la potestad legal, que le tenía asignada, para intervenir como parte querellante en cualquier proceso penal.
Beraldi opinó que la decisión de la Cámara Federal de Casación, avalando la continuidad de la UIF como parte del proceso, equivale a vaciar de contenido al “decreto 274/2025, que en su artículo 10 dispuso la derogación del Decreto 2226/2008, que facultaba a la Unidad de Información Financiera a querellar en los casos que así lo ameriten”.
Ante la Cámara de Casación, la Subdirección de la Dirección de Litigios Penales de la Unidad de Información Financiera había expresado que el decreto de derogación no le impedía seguir ejerciendo su rol de acusador en las causas en las que había sido aceptada con anterioridad.
El trámite del juicio oral
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) aún no fijó fecha de inicio de las audiencias del juicio oral por presunto lavado de dinero en la causa Hotesur.
Por su parte, el fiscal Diego Velasco interpuso un recurso ante la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal cuestionando la negativa del TOF 5 para comenzar el debate oral.
Velasco entendió que las actuaciones están “prácticamente culminadas en la instrucción suplementaria, tornando claramente viable el inicio del debate, sin perjuicio de que una vez fijada su fecha de inicio y aún cuando su celebración se encuentre en curso, las pruebas pendientes de finalización se culminen”.
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