El sistema de transporte público colectivo en El Salvador enfrenta un escenario de incertidumbre ante el vencimiento de 1,840 líneas de concesión de autobuses y microbuses, según revelaron especialistas de la organización Movilidad Segura y Sostenible (Moves) en la entrevista Diálogo 21 de Grupo Megavisión.
Este dato, confirmado por Hugo Mayorga, director legal de MOVES, pone en evidencia la fragilidad jurídica del sector y su impacto en la movilidad de millones de personas.
El parque vehicular del transporte público consta de 9,413 unidades que cubren 1,125 rutas a escala nacional. El vencimiento de las concesiones afecta a una quinta parte de esa flota, ya que estos permisos, otorgados por plazos de diez años, han expirado o están por expirar entre 2026 y 2027. “Esta cantidad de vehículos no cuenta ya a esta fecha con una estabilidad o seguridad jurídica de qué se va a hacer con el operador. El operador ya no está obligado a la continuidad del servicio”, advirtió Mayorga.
El problema, según los especialistas, es que la falta de certeza jurídica amenaza la continuidad del servicio y fomenta desplazamientos en vehículos particulares y motocicletas. Actualmente, el factor de ocupación del vehículo privado es de 1,5 personas, mientras que en la motocicleta es de uno. El parque de motocicletas crece a un ritmo de 15 % anual, y el 34.4 % de las licencias otorgadas corresponde a este tipo de vehículo, según datos de Vanessa Rubio, directora ejecutiva de MOVES.
El impacto de la crisis del transporte público se refleja en los altos niveles de siniestralidad vial. De acuerdo con cifras oficiales, El Salvador registra cuatro fallecidos diarios por accidentes de tránsito y 67 siniestros viales cada día, con 47 personas lesionadas de gravedad. Esta problemática convierte a los accidentes de tránsito en la principal causa de muerte en el país, con consecuencias directas para la red hospitalaria y la economía pública.
La saturación del parque vehicular es otro factor que agrava la situación. Según Mayorga, El Salvador cuenta actualmente con 2,063,625 vehículos registrados, cifra que crece un 8.5 % anual. De mantenerse esta tendencia, para 2030 el país superaría los tres millones de vehículos, lo que profundizaría el colapso vial y elevaría el costo social y económico de la siniestralidad.
A esta situación se suma la debilidad institucional. Los entrevistados subrayaron que las rutas del transporte colectivo no se han reorganizado en dos décadas, pese a los cambios urbanísticos y de movilidad. La falta de actualización dificulta que el sistema responda a las necesidades actuales de la población. “Las rutas deberían cambiar también. Y eso no ha sucedido en nuestro país”, señaló Mayorga.
La precariedad del transporte colectivo y la congestión en la infraestructura vial impactan en la calidad de vida. Según Vanessa Rubio, “el 70 % de la población viaja en transporte público colectivo y se tarda dos horas en desplazarse desde su hogar a su lugar de trabajo y otras dos horas en el trayecto de regreso”. Esta realidad afecta la productividad y genera agotamiento en la población, especialmente en escolares y trabajadores.
El estado del parque automotor también representa un desafío. Más del 25 % de los vehículos que circulan tienen más de 20 años, y la importación de vehículos usados plantea dudas sobre los controles mecánicos y de seguridad. Rubio subrayó la importancia de regular la calidad de los vehículos importados y reforzar los controles técnicos, ya que la llegada de automóviles en malas condiciones ha provocado incidentes graves y congestión adicional.
El debate sobre el futuro del transporte público incluye la necesidad de políticas públicas que prioricen la movilidad colectiva y reduzcan los desplazamientos individuales. Propuestas como reactivar el sistema SITRAMSS, crear carriles exclusivos para buses y modernizar la infraestructura han sido planteadas por los especialistas de MOVES. También se destacó la urgencia de un cambio cultural y de cumplimiento de la ley, pues la mayoría de los conductores conoce las normas pero no las respeta, lo que agrava la crisis vial.
Los entrevistados coincidieron en que la solución pasa por fortalecer la institucionalidad, reorganizar rutas, modernizar el parque vehicular y promover el uso de transporte colectivo digno y seguro. “Es una voluntad de cada quien hacer la mejor parte ahí afuera en la calle”, concluyó Rubio.
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