El Consejo de la Magistratura aprobó el juicio político contra los jueces López y Díaz Lacava: las razones

El Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles la apertura de los juicios políticos contra los jueces federales Alfredo Eugenio López y Pablo Ramiro Díaz Lacava, al considerar que existen elementos suficientes para avanzar en su acusación por mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento.

La sesión comenzó a las 9:30 bajo la presidencia del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, contó con la participación de todos los consejeros que integran el cuerpo y duró alrededor de seis horas.

En el caso de Alfredo López, juez federal de Mar del Plata, la decisión fue adoptada por unanimidad de los 20 consejeros y habilitó su acusación formal, junto con la posibilidad de suspensión en el cargo mientras se sustancia el proceso. El dictamen aprobado también designó a los consejeros Luis Juez y Alberto Maques como representantes del Consejo en la etapa ante el jury.

El expediente se inició a partir de denuncias de organizaciones de la comunidad judía y particulares por una batería de publicaciones del magistrado en la red social X. Según las presentaciones, los mensajes, reposteos y respuestas difundidas desde su cuenta configuraron expresiones discriminatorias y ofensivas, con un “patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel”.

El dictamen de la Comisión de Acusación analizó publicaciones realizadas entre 2024 y 2025 y concluyó que, en conjunto, podían encuadrarse en la causal de mal desempeño. Entre los elementos considerados se incluyeron una decena de mensajes con expresiones en las que el juez cuestionó la lealtad de los judíos en la Argentina, utilizó términos peyorativos y mantuvo interacciones con otros usuarios en la misma línea.

Durante el debate en el plenario, el consejero Luis Juez sostuvo: “Nos tocó investigar la conducta de un juez federal (…) que ha utilizado las redes sociales como un mecanismo de expresión, creyendo que en el ejercicio de su libertad de expresión podía decir, hacer, actuar de cualquier manera”, y agregó que la conducta analizada “ha superado cualquier límite de tolerancia”.

La consejera Jimena De la Torre afirmó que “la libertad de expresión no ampara el odio, ni la discriminación ni la pérdida de decoro que el cargo exige”, y consideró que las expresiones evaluadas afectan la investidura judicial y la confianza pública en la Justicia.

Por su parte, el consejero César Grau sostuvo que la función del Consejo de la Magistratura es habilitar la instancia de juzgamiento y remarcó que la libertad de expresión “no es absoluta” en el caso de los jueces, quienes tienen un “deber reforzado de mesura y reserva”.

Otros consejeros también intervinieron. Alberto Lugones consideró que el magistrado “se ha excedido”, mientras que Rodolfo Tailhade remarcó que el juez López había realizado en su contra expresiones “de igual gravedad” a las analizadas en el año 2017. Vanesa Siley acompañó la elevación al jury y también mencionó antecedentes previos.

El propio López, en su descargo, reconoció la autoría de las publicaciones y sostuvo que se trató de un ejercicio de su libertad de expresión, negando que haya afectado su función judicial. En tanto, la remisión de su caso al Jury de Enjuiciamiento se produjo poco después de la presentación de su renuncia, que aún no fue aceptada por el Poder Ejecutivo.

Además, el plenario trató el expediente referido a Pablo Díaz Lacava, juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, y aprobó la apertura del juicio político, su suspensión y su acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El consejero Álvaro González, informante del caso, señaló que en la investigación “se ha colectado una serie de medidas de prueba que (…) resultan concluyentes en esta etapa” y que el magistrado tuvo oportunidad de ejercer su defensa. Indicó que se recibieron declaraciones de 16 testigos, se incorporaron otras 11 y se sumaron informes de organismos públicos que dieron cuenta de situaciones de acoso laboral.

El caso se originó en abril de 2023 a partir de una denuncia presentada por tres secretarios de su tribunal, quienes lo acusaron de maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género. Según el dictamen, el magistrado incurrió en “graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro”.

Los hechos también fueron investigados en sede penal y la causa fue elevada a juicio oral. La acusación sostiene que Díaz Lacava generó un clima de “terror manifiesto”, con conductas como humillaciones, hostigamiento, aislamiento de empleados, insultos y episodios de intimidación. En el caso de las trabajadoras denunciantes, los hechos fueron encuadrados en un contexto de violencia de género.

Durante el debate, el consejero Lugones planteó una postura alternativa y propuso una sanción disciplinaria -una multa del 50%- al considerar que la conducta era grave, pero no equiparable a la del caso López. El consejero Alberto Maques, en tanto, consideró que la existencia de una medida perimetral que impedía al magistrado acercarse a su propio tribunal constituía una situación “inentendible e inexplicable”.

El plenario aprobó la apertura del juicio político contra Díaz Lacava con 15 votos afirmativos, dos abstenciones -Gonzalo Roca y Santiago Viola- y un voto en contra —Lugones—, mientras que los consejeros Alejandra Provítola y Guillermo Tamarit estuvieron ausentes en esa votación.

Durante la misma jornada, el Consejo de la Magistratura avanzó en otros puntos de su agenda. En materia de concursos judiciales, aprobó distintos dictámenes y elevó 17 ternas al Poder Ejecutivo, integradas por 51 postulantes, para cubrir cargos en tribunales orales federales y cámaras de apelaciones. La sesión incluyó además audiencias públicas a los aspirantes judiciales, informes institucionales -entre ellos el Informe Anual de Prisiones Preventivas 2025- y el tratamiento de expedientes disciplinarios.

Con la aprobación de ambos dictámenes, los expedientes quedaron en condiciones de ser remitidos al Jurado de Enjuiciamiento, que deberá determinar la responsabilidad de los magistrados y definir si corresponde su eventual destitución.

En la misma jornada, el cuerpo también aprobó —a partir de una iniciativa impulsada por la consejera Vanesa Siley— la actualización del monto y el carácter móvil de la asignación mensual destinada a empleados y funcionarios judiciales ex combatientes de Malvinas, y dispuso que la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la cuestión de las Islas Malvinas sea impartida por la Escuela Judicial, en el marco de las políticas de formación del organismo.