
La Justicia argentina resolvió levantar el secreto bancario y fiscal sobre Manuel Adorni, jefe de Gabinete nacional, y su esposa Bettina Angeletti, mediante una decisión firmada hoy por el juez federal Ariel Lijo. La medida forma parte de la investigación en curso sobre presunto enriquecimiento ilícito que involucra los movimientos financieros de la pareja y de la firma AS Innovación Profesional, de la que ambos son propietarios.
Entre las acciones adoptadas, Lijo dispuso también el levantamiento del secreto fiscal sobre seis mujeres identificadas en la causa como prestamistas o acreedoras de Adorni: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.
PUBLICIDAD

El objetivo de la resolución judicial es facilitar el acceso a información patrimonial y bancaria que permita esclarecer eventuales irregularidades detectadas en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito.
La decisión judicial: acceso total a cuentas y movimientos
El juez Lijo atendió el pedido presentado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó examinar los movimientos bancarios, financieros y fiscales de Adorni, Angeletti y la consultora AS Innovación Profesional. Este procedimiento implica que los investigadores pueden revisar depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones de impuestos relacionadas con los implicados, sin limitaciones.
Por ley, la información bancaria y fiscal está protegida como confidencialidad. El levantamiento –basado en los artículos 39 de la ley 21.526 (ley de entidades financieras) y artículo 101 de la ley 11.683 (régimen de procedimientos fiscales)– solo se permite con la autorización de un juez.
PUBLICIDAD
En la resolución, el juzgado dispuso también la apertura de los datos contemplados por el artículo 22 de la ley 25.246, que refiere a información protegida bajo la ley de lavado de activos.

El sector bancario y fiscal resguarda la información de sus clientes para proteger la privacidad y evitar filtraciones, lo que impide cualquier intromisión externa en los historiales bancarios o impositivos. Pero ante una causa penal en marcha, un juez puede habilitar el acceso total cuando hay elementos suficientes de sospecha, como los presentados en este expediente.
El levantamiento del secreto permite rastrear el flujo de fondos, detectar transferencias, compras, tenencias o inversiones no declaradas y refutar eventuales explicaciones de los investigados.
PUBLICIDAD
La fiscalía busca reconstruir los circuitos financieros y verificar si se produjeron maniobras que configuren delitos económicos, lavado de activos o evasión fiscal.
El pedido de la fiscalía: motivos y alcances

La resolución autoriza a la fiscalía y al juzgado a seguir la pista del dinero e intensificar el análisis patrimonial de los investigados.
Los detalles del pedido del fiscal
Pollicita solicitó el levantamiento del secreto sobre el jefe de Gabinete y Angeletti a partir del 1 de enero de 2022, para reconstruir el patrimonio de ambos antes del ingreso de Manuel Adorni a la función pública y analizar las variaciones patrimoniales de antes y después de ese momento.
Luego de ese pedido, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas, como un pedido al Banco Central de la República Argentina de datos sobre todas las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros vinculados a Adorni, Angeletti y la firma MasBe, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad, incluyendo el detalle de todas las operaciones realizadas.
PUBLICIDAD
También solicitó información sobre posibles vínculos de los involucrados con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y otros instrumentos o plataformas del Sistema Nacional de Pagos, así como la identificación de los proveedores de servicios de pago y cualquier otra firma interviniente.
La lista de movimientos que el fiscal pidió que se informe abarca ingresos y egresos, transferencias emitidas y recibidas, depósitos en efectivo, constitución y cancelación de plazos fijos, préstamos tomados u otorgados, resúmenes de tarjetas y toda otra operación relevante para la investigación, con la identificación de cuentas de origen y destino, contraparte, fecha, monto y concepto.
PUBLICIDAD
Además, Pollicita solicitó a ARCA toda la información disponible sobre Adorni, Angeletti y MasBe desde el 1 de enero de 2022, así como copia íntegra de las declaraciones juradas presentadas en los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, junto a los formularios completos, anexos, papeles de trabajo, acuses de presentación, aperturas patrimoniales y eventuales rectificativas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Consejo de la Magistratura: la Lista Bordó ganó entre los jueces, pero las cuatro fuerzas obtuvieron una banca
El reparto de las bancas se definió por el sistema D’Hondt y las reglas de representación de género. Los nuevos consejeros asumirán en noviembre

La Justicia concedió la apelación del Gobierno contra el fallo que ordena aplicar la ley de Financiamiento Universitario
El juez Martín Cormick otorgó el recurso y ahora decide el Tribunal de Apelaciones. Los argumentos del Estado Nacional

La Corte suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras y repuso los límites sobre la venta a extranjeros
El máximo tribunal del país entendió que el planteo de la demanda versa sobre la tutela del daño ambiental, por lo que resultó necesario dictar “una medida interina” para “evitar la producción de daños irreparables”

La Corte Suprema sesionará este viernes de forma extraordinaria y podría definir el futuro de la Ley de Tierras
El máximo tribunal convocó a una reunión para las 9, con el objetivo de resolver la impugnación al artículo 154 del DNU 70/23

Un repartidor fue denunciado por agresión y perdió el trabajo: exigió una compensación por falsa acusación y se quedó sin nada
Un delivery dejó de trabajar para una aplicación y quedó vinculado a una causa penal luego de que un empleado de una heladería lo denunciara por lesiones tras una discusión ocurrida en 2020. La investigación fue archivada por falta de elementos para identificar al agresor. Tras ello, demandó civilmente a su acusador, donde reclamó una indemnización por la afectación a su dignidad. El tribunal rechazó la demanda y le impuso las costas del proceso


